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El presidente de la Generalidad podría cometer los delitos de prevaricación, desobediencia y sedición si realiza la consulta ilegal el 9 de noviembre.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria no tiene dudas. La condena por estos tres delitos podría suponer condenas de más de 15 años de cárcel.

Este colectivo de magistrados sostiene que, en caso de llevarse a cabo una consulta no autorizada, en primer lugar se cometerá prevaricación por “dictar una resolución o mantener una resolución convocando un referéndum cuando es ilegal”. En segundo lugar, “podría darse una desobediencia grave al Gobierno de la nación”.

Se muestran rotundos en el caso de estos dos delitos, pero además, podrían llegar a cometer sedición si en el intento de llevar a cabo la consulta “se organiza una algarada o el propio Gobierno de Cataluña intenta utilizar a los Mossos de Esquadra para proteger la realización del referéndum”.

Las condenas para estos delitos pueden oscilar entre la “mera inhabilitación” o la pena de cárcel. Por un delito de desobediencia grave al Gobierno, los organizadores de la consulta podrían ser castigados con penas de prisión de entre seis meses y un año recogidas en el Código Penal.

En caso de que Mas convocara finalmente el referéndum aunque fuera prohibido expresamente por el Constitucional, el Gobierno podría proceder contra él y acusarle incluso de un delito de sedición que, en su versión más grave, puede castigarse con hasta 15 años de cárcel si el autor fuera una autoridad.

Rajoy debería tenerlo claro, si lo hacen que lo paguen, con la ley en la mano, suspensión de la autonomía y los responsables a la cárcel.

Artur Mas, cada día que pasa da muestras de más debilidad y todo parece indicar que al final optará posiblemente por convocar elecciones. En esta tesitura en la que se encuentra es lo más prudente, aunque la prudencia ha brillado por su ausencia en todo lo que ha hecho estos últimos tiempos.

Publicado por Alejandro Baeza en http://alejandrobaezaserrano.blogspot.com.es