Medio millar de policías registran sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, además de despachos, domicilios y empresas. Una de las entidades investigadas es Òmnium Cultural, cuyo presidente, Jordi Cuixart, se encuentra en prisión acusado del delito de rebelión. La Policía cifra este desfalco en al menos dos millones de euros y ha detenido a una treintena de personas, entre ellas un expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, un hombre de la máxima confianza de Quim Torra.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han lanzado esta mañana unamacrooperación contra la Diputació de Barcelona. La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida al funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones destinadas a la cooperación internacional entre 2012 y 2015. Se investiga un fraude en subvenciones a través de diferentes entidades por un valor mínimo de dos millones de euros.
Por el momento hay cerca de una treintena de detenidos e imputados, según ha confirmado el ministro Zoido, entre los que se encuentra el presidente de la Fundació CATmón Víctor Terradellas; el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona, Jordi Castells; el alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares; y el exalcalde de Martorell y expresidente de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. El propio Zoido ha descartado por el momento que el desvío de fondos esté relacionado con el procés independentista.
En el marco de esta causa, que está secreta, el magistrado ha acordado la práctica de 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la Fundació CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cambrils y Reus, entre otras. Para garantizar la ejecución de las entradas y registros, la policía ha practicado una treintena de detenciones. En el dispositivo participan cerca de 500 policías.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputació de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015. El dinero defraudado estaba destinado a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo, pero no llegaba a sus beneficiarios.
La sede de la calle Londres de Barcelona, donde están los servicios de asistencia jurídica, relaciones internacionales, el patronato de apuestas y gestión inmobiliaria, es uno de los principales puntos registrados por los agentes. En el edificio de la Rambla de Catalunya los miembros de la UDEF interrogan a Joan Carles García Cañizares, que está asistido por el abogado Xavier Melero. Además de alcalde de Tordera, García también es diputado delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información y, anteriormente entre 2011 y 2015, fue directo de Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona.
Según detalla el Ministerio del Interior, entre las subvenciones irregulares destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmón e IGMAN. Solo estas dos entidades percibieron entre 2011 y 2015 más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos la propia Diputació, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.
Denuncia por fraude
La Diputació de Barcelona, presidida por Mercè Conesa, no es la primera vez que es puesta en la lupa por un supuesto fraude de subvenciones. Precisamente, hace dos años la CUP denunció ante la Oficina Antifraude de Catalunya que la Diputació de Barcelona había concedido subvenciones para la cooperación al desarrollo a empresas y patronales a través de contratos sin publicidad ni concurrencia, por lo menos, por un millón de euros.
Las irregularidades que denunciaron se centran en la concesión de fondos que supuestamente debían dedicarse a la cooperación internacional pero que se destinaron, entre los años 2012 y 2015, a patronales y a empresas que no contaban con experiencia previa en cooperación al desarrollo y que estarían en proceso de internacionalización o de conquista de mercados en países pobres, especialmente en el Magreb y América Latina.
Jordi Castells dimitió en 2015 a raíz de las acusaciones en la prensa de haber repartido más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. Además de las denuncias de la CUP y del sindicato CGT, también hubo otras anónimas.