El magistrado del Tribunal Supremo que instruye los hechos relacionados con la deriva soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea extraditado desde Alemania por el delito de malversación de fondos públicos, como ha acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y denuncia «falta de compromiso» de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.
El juez Pablo Llarena no acepta la entrega de Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación. El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que rechaza que se ejecute la euroorden contra el ex presidente de la Generalitat en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania). Es decir, denegando que pueda ser juzgado en España por rebelión o sedición.
El magistrado destaca «la falta de compromiso» del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. Considera que con su decisión sobre la euroorden el tribunal ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura legal, ignorando la Decisión Marco de la UE que puso en marcha la Orden de Detención Europea. En su opinión, los magistrados alemanes se han apartado también de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.
En la línea del magistrado, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal alemán ejerció «una indebida intromisión» en la jurisdicción de los tribunales españoles
Llarena acuerda igualmente retirar las órdenes de detención europeas e internacionales contra el resto de fugados: Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Como Puigdemont, todos ellos podrán ahora circular por otros países, pero serían arrestados al entrar en España.
Sobre la actuación del tribunal alemán, LLarena considera que el llamado control de la doble tipificación debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si por tanto también en ese país se habría abierto una investigación penal.
«No resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales».
Añade que lo hacen, además, «desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado».
Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración de Puigdemont, dando «un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega». «Ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales».
Llarena lamenta que, pese a que el tribunal alemán afirma que no se aprecian en los hechos algunas requisitos para que fuera delito en Alemania, no ha dado al Supremo la oportunidad de que aclare «que sí concurren esos elementos». «Y ello», añade, «pese a que este Tribunal comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del auto de procesamiento] sólo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España».
El magistrado instructor considera que todas esas circunstancias «no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento», por lo que procede, de un lado, rechazar la entrega de Puigdemont como mero responsable del delito de malversación y, de otro, retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra él.
Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán estaba obligado a plantear las dudas sobre el caso en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las dudas sobre el caso quedaban evidenciadas, según Llarena, porque la propia Fiscalía alemana pedía la entrega sin limitaciones, así como por la información complementaria que les remitió el propio Llarena en defensa de sus tesis.
Por todo ello, el juez destaca «la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español», que «no sólo se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello, sino por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido (artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea)».
Llarena descarta así dirigirse él ante el Tribunal de la UE, una opción que comenzó a estudiar tras la primera negativa alemana. El instrctor explica que el Abogado General del tribunal de Luxemburgo ha explicado recientemente que una consulta del Supremo «sería puramente consultiva y carente de efecto vinculante».
El auto del juez Llarena realiza un extenso análisis de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros aprobada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea el 13 de junio de 2002. Destaca que se concibió como un instrumento de agilización de la cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas entre los países miembros, y donde la autoridad judicial de ejecución sólo puede negarse a llevarlo a cabo en supuestos excepcionales.
Sobre el caso del tribunal belga, que rechazó tramitar la euroorden contra Comin, Puig y Serret, Llarena cree que actuó «despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones». Según el juez, las objeciones formales del tribunal belga, afirmando que no existía la necesaria orden de detención contra los ex consellers, resultan «inasumibles».