El contratista tendrá el encargo de cotejar que lo que se paga se corresponde realmente con lo contratado, detectar excesos de potencia y ayudar a conseguir un consumo responsable. El Instituto Armado tiene 3.216 puntos de suministro eléctrico
La Dirección General de la Guardia Civil pretende contratar los servicios de una empresa que pueda llevar a cabo «un seguimiento pormenorizado que permita una reducción de los costes derivados del suministro eléctrico de los puntos esenciales de Guardia Civil, siendo necesario el control del consumo energético (cómo, cuándo y cuánto), de tal forma que permita adecuar las condiciones de nuestros contratos a la realidad de cada punto esencial de consumo, mejorando así, el coste fijo de la facturación eléctrica, al objeto de reducir los costes por este suministro en electricidad a la Guardia Civil, unido a la búsqueda de un consumo responsable en las distintas Unidades del Cuerpo«
De la misma forma espera que la empresa que se haga con la licitación además «pueda realizar el asesoramiento técnico de cara a posibles reclamaciones y solicitudes técnicas y administrativas a las distintas compañías distribuidoras y comercializadoras de este suministro eléctrico, así como el conocimiento de las nuevas medidas a adoptar para conseguir una óptima eficiencia energética«.
Se pretende un asesoramiento técnico para reducir los costes derivados del suministro eléctrico, y certificar que lo que paga se corresponde realmente con lo contratado, además de detectar posibles excesos de potencia y plantear eventuales reclamaciones a compañías distribuidoras y comercializadoras, entre otras prestaciones. El presupuesto asciende a 42.000 euros.
Para lograr este objetivo, el contratista tendrá el encargo expreso de realizar «estudios técnicos periódicos» respecto a las potencias y tarifas contratadas por los distintos puntos esenciales cuya facturación se gestiona desde el Servicio de Gestión Económica de la Guardia Civil. Con ello -resalta- se busca «aprovechar todas las posibilidades de ahorro».
El proveedor del servicio deberá volcar la información obtenida en un «centro de proceso de datos seguro» que, mediante una plataforma de gestión de facturas y consumos, permita realizar «rápida y cómodamente» consultas y detectar eventuales anomalías en el suministro eléctrico. También posibles puntos de mejora para incrementar la eficiencia energética.
El mejor precio que se oferte tendrá un peso del 75 % en la valoración de las propuestas, seguido de la mejora de la herramienta informática que se demanda (10 puntos) y la formación técnica que se proponga al personal del Servicio de Gestión Económica para su manejo .
La intención es que la ejecución del contrato arranque el próximo 1 de enero y se desarrolle durante todo 2022.