Por; José Luis Borrero González Cap. (r) Guardia Civil.
El 29 de septiembre de 1833 fallece Fernando VII. Apenas unas semanas después, la reina regente reconoce implícitamente lo que durante años había sido evidente: que la Policía General del Reino había degenerado en un instrumento de represión.
Como podremos ver a continuación, la Real Orden de 23 de octubre de 1833 es clara en su intención:
- Reconducir a la Policía a unos límites que nunca debió traspasar y evitar que siguiera siendo un mecanismo de vejación contra los ciudadanos.
No estamos ante una institución modélica que evoluciona. Estamos ante un aparato cuestionado desde su propia raíz.
Existe un documento clave, el Bando de 7 de diciembre 1833, dictado en Murcia, y firmado por: Don Ventura de Córdoba, coronel de Infantería, comandante general interino y subdelegado principal de policía en la provincia de Murcia.
La pregunta es inevitable: ¿era policía? NO. Era militar. Y el Bando no es una creación aislada. Reproduce el dictado el 29 de noviembre de 1833 por:
- El Brigadier del Ejercito Don Manuel de Latre, Superintendente General de Policía del Reino.
Nueva pregunta: ¿era policía? NO. Era otro militar. Es decir, tenemos a una supuesta Policía dirigida por militares. Este hecho no es anecdótico. Es estructural. La supuesta Policía General del Reino:
- No tenía identidad propia, no tenía mandos civiles definidos y estaba dirigida por militares.
Todo lo anterior rompe de raíz cualquier intento de presentar aquel modelo como un cuerpo policial moderno. Como hemos visto no era una policía en sentido institucional. Era un instrumento.
El Bando menciona en el artículo 5 que: comisarios, celadores, empleados del ramo, y añade algo aún más revelador: vecinos honrados.
Como podemos ver aquí no hay rastro de:
- Escalafones, jerarquías definidas y estructura profesional.
Por tanto, no hay un Cuerpo de Policía, hay una agregación de funciones.
También detalla un dato esencial, empleados, no agentes. El término “empleados del ramo” es clave: define la naturaleza real de aquel sistema:
- Personal, sin identidad corporativa y sin estructura uniforme.
Esto plantea una conclusión inevitable: no existía un cuerpo policial como tal. Y si no existía un cuerpo: la función de aquella “policía” no era: proteger al ciudadano, garantizar la seguridad pública, y mucho menos servir al interés general. Era otra: controlar, vigilar y reprimir. Por eso:
- No hay estadísticas de criminalidad ordinaria.
- No hay despliegue territorial documentado.
- No hay organización operativa.
Porque su finalidad no era la seguridad, era el control político. Y llegados a este punto, la cuestión es inevitable: ¿es este el supuesto origen de una policía moderna que llega hasta hoy? Una estructura:
- Dirigida por militares.
- Formada por empleados.
- Sin cuerpo definido y con funciones políticas.
¿Puede considerarse el embrión de la Policía Nacional actual? La respuesta es evidente. NO.
La ausencia que lo explica todo. No aparecen: escalafones, mandos identificables, despliegues territoriales y una organización estable. Todo lo anterior no es un detalle menor, es la prueba de que no existía una institución como tal. Sin embargo, sobre esta base:
- Débil, fragmentaria y políticamente orientada. Se pretende construir una continuidad de dos siglos. Y para llevar a cabo ese cometido no se podría ignorar:
La naturaleza real de aquella estructura. Su falta de institucionalización y su posterior desaparición.
En Bando de Murcia del 7 de diciembre de 1833 no deja lugar a dudas. La llamada Policía General del Reino no era un cuerpo policial moderno, era:
- Un instrumento del poder.
- Dirigido en esa fecha por militares.
- Compuesto en su gran mayoría por empleados.
- Y carente de estructura institucional.
Y sobre esa realidad, pretender construir una continuidad hasta nuestros días no es una interpretación discutible. Es una distorsión histórica. Porque cuando el origen no es institucional, la continuidad es imposible. Y cuando los documentos hablan con claridad, el relato sobra.
José Luis Borrero González.