La juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, procesa a un coronel de la Guardia Civil que estuvo destinado en Granada, tras los informes emitidos por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, acusado de ‘proteger’ presuntamente a dos narcotraficantes en la introducción de droga en la península a cambio de elevadas sumas de dinero. La instructora también pretende sentar en el banquillo de los acusados a otro coronel por un presunto delito de encubrimiento.
Según revela elindependiente.com, citando un auto dimanante del Juzgado de Instrucción 2 de Granada y fechado el pasado 21 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada transforma las diligencias previas incoadas en 2014 contra dos mandos de la Guardia Civil, en procedimiento abreviado y concede 10 días de plazo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La magistrada María Ángeles Jiménez Muñoz aprecia motivos suficientes para atribuir a estos dos mandos la presunta comisión de diversos delitos. En concreto, al coronel F. G. S., le acusa de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, mientras que al coronel F. O. C., se le imputa un presunto delito de encubrimiento, dado que era la persona que dirigía la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en los años 2005 y 2006. Recordemos que fue esta unidad de la Guardia Civil la encargada de abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades del coronel F. G. S.
El auto que se ha hecho público, deja clara la actuación de Asuntos Internos de la Guardia Civil: “Resulta evidente, y así consta, que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil investigó y emitió en su momento un informe sobre estos hechos, de connotaciones muy graves y cuyo conocimiento, independientemente de su resultado, hubiera debido corresponder ineludiblemente a la autoridad judicial correspondiente. El informe, por tanto, emitido en su día por el SAI [Servicio de Asuntos Internos] lejos de justificar la posible inexistencia de unos delitos graves, lo que hace es plantear serias dudas de su confección y resultado, teniendo en cuenta la situación de jerarquía militar [comandante de la Guardia Civil] de la persona que había sido investigada en su momento”.
La resolución judicial sitúa al coronel F.G.S., al frente de una organización criminal perfectamente estructurada y destinada al tráfico de drogas junto con el ciudadano marroquí Rachid Zairi. Este último se encargaba de contactar en Marruecos con productores de hachís para su envío a la península. El entonces comandante F.G.S., responsable en ese momento de los Servicios de Policía Judicial y de Información de la Comandancia de Granada, ejercía “labores de seguridad” para la organización “que garantizaban la entrada de hachís en territorio español, por lo que recibía la cuantía de 120.000 euros por trabajo realizado, independientemente de la cantidad de droga que se introdujera”.
Probablemente nada hubiese sucedido si el presunto narcotraficante de nacionalidad marroquí Rachid Zairi no hubiese mencionado en sus conversaciones telefónicas el nombre de ‘padre’. Cuando a finales de 2014, y tras meses de investigación, los miembros de la Guardia Civil pusieron punto final a la operación Golia, en la que se desarticuló una importante red de narcotráfico que operaba en la provincia de Granada, los agentes tenían especial curiosidad por saber quién se escondía detrás de aquel nombre en clave mencionado y transcrito en las conversaciones telefónicas. Y una de sus primeras preguntas a los presuntos cabecillas de la red fue dirigida precisamente a conocer la identidad de ‘padre’. Tanto Rachid Zairi como David García confirmaron a los agentes, por separado, la peor de las noticias: detrás de ‘padre’ se escondía un alto mando de la Benemérita: el coronel F.G.S.
En el tiempo en el que presumiblemente se fraguó aquella alianza el coronel ostentaba el cargo de comandante en la comandancia de Granada. Los dos presuntos narcos identificaron sin ningún género de dudas a F.G.S., en un reconocimiento fotográfico. Además los detenidos identificaron con todo tipo de señales la ubicación exacta de las dependencias del entonces comandante dentro del acuartelamiento. Según el testimonio de uno de los narcos detenidos, en una ocasión el comandante les recriminó por haberle llevado una bolsa con dinero a su despacho.
El asunto era tan delicado, que las investigaciones llevadas a cabo por los propios miembros de la Guardia Civil fueron exhaustivas, se trataba de conocer con todo detalle el verdadero alcance de los hechos, ya que los dos narcos detenidos empezaron a relatar con detalle algunas de las operaciones en las que presuntamente habían contado con la ‘protección’ de F.G.S., durante los años 2005 y 2006. Para ello se entrevistaron con numerosos guardias civiles y distintos oficiales que habían prestado servicio en la Comandancia de Granada bajo las órdenes del comandante F.G.S. También requirieron al Servicio de Asuntos Internos (SAI) que aportara información sobre las investigaciones que en su día había realizado sobre el mando.
Con todos los datos disponibles, los agentes fueron categóricos en sus afirmaciones. Según recoge el informe entregado al juzgado, el entonces comandante F.G.S. tenía dos maneras de operar. Por un lado, organizaba, planificaba y aseguraba la introducción de alijos. Por otro lado, utilizaba las aprehensiones de droga que realizaba el Equipo para la lucha contra la Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) para escamotear fardos, sacarlos y entregarlos a sus colaboradores. En el auto de la juez María Ángeles Jiménez se relata cómo el mando de la guardia civil pagó presuntamente un préstamo de 60.000 euros que le hizo un narcotraficante a través de la entrega de fardos incautados.
Las manifestaciones de los agentes que trabajaron bajo su disciplina no dejan lugar a dudas sobre las prácticas de F.G.S., según declararon estos agentes, el comandante era el primero en entrar en la playa, centrándose en el aseguramiento de la droga, lo que al parecer le permitía coger fardos con total impunidad o hacer que otros miembros de la Guardia Civil los tomaran y se los entregaran a él creyendo que iban a ser trasladados a dependencias oficiales. Uno de los agentes encargados de operar con la cámara térmica, que permite captar todos los movimientos en las playas, relató cómo observó que el comandante F.G.S., introducía en su vehículo varios fardos de hachís. Acto seguido, el mando llamó al operador para preguntarle si estaba viendo lo que hacía, a lo que este respondió que “Sí, mi comandante¡” Y ahí quedó la cosa.
El informe de la Guardia Civil, recogido en el auto judicial, sigue narrando cómo F.G.S., llegó a ejercer el control absoluto de todas las actividades del EDOA y pasó a controlar personalmente todas las fuentes de información. La narración sobre las operaciones en las que presuntamente intervino es amplio pero todas tienen el mismo denominador común: la supuesta manipulación y control del comandante sobre ellas. Él era el único mando que conocía todos los entresijos de las operaciones. En ocasiones, los agentes se colocaban en lugares en los que no tenían observación directa de lo que pasaba en las playas o participaban en operaciones de entregas de droga, supuestamente controladas por el entonces comandante, pero que carecían de autorización previa por parte de la Fiscalía o del juzgado. Los agentes que participaban en estos operativos manifestaron muchas veces su malestar, pues presenciaban cómo se introducían los alijos sin que hubiera control, seguimiento o detención de los sospechosos.
Ante la contundencia del informe realizado por los agentes de la Guardia Civil de Granada, a la titular del Juzgado 2 de esa ciudad le quedaba por despejar una duda: saber qué es lo que reflejaron en su día los informes elaborados por Asuntos Internos sobre las presuntas prácticas irregulares del comandante F.G.S. Y los requirió a la Dirección General de la Guardia Civil.
El informe elaborado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil constaba de dos fases. La primera se inició tras las denuncias de irregularidades de los propios agentes, tanto de la comandancia de Málaga como de Granada en 2006. Pero sorprendentemente la investigación se paralizó porque, según recoge Asuntos Internos, “podía haber trascendido a diversos ámbitos del Cuerpo, incluido el propio teniente coronel F.G.S.”
A la juez le llama poderosamente la atención que de esa investigación tuviera conocimiento de su existencia el propio comandante , “cuando de hecho cualquier tipo de investigación llevada a cabo por el SAI debe ser “reservada”, esto es, no conocida por el propio investigado ni, por supuesto, por otros miembros del Cuerpo”.
Las conclusiones de ese primer informe de Asuntos Internos exoneraban a F.G.S., de cualquier actividad ilícita: “que sobre la base de la información operativa y el análisis de las intervenciones previas no se pudo determinar que el comandante F.G.S., estuviera implicado en actividades relacionadas con el enriquecimiento procedente del narcotráfico, tampoco se detectó un incremento patrimonial no justificado. No obstante resulta extraña su actitud y forma de actuar en relación a la manipulación de fuentes y establecimientos de dispositivos”.
Una nueva denuncia efectuada por un agente de la Guardia Civil en 2008 dio origen al segundo informe. El agente se entrevistó en la cárcel con uno de sus confidentes. Aquél le aseguró que el comandante F.G.S., formaba parte de su organización y que, a cambio de dinero, aseguraba los alijos. El SAI tuvo de nuevo que intervenir. Este segundo informe fue más exhaustivo y trató todos los temas en los que se tenían sospechas de actuaciones irregulares del comandante. Pero en sus conclusiones nuevamente se afirmaba que no se puede aseverar que F.G.S., se lucrase del tráfico de hachís en su paso por la Comandancia de Granada como Jefe de la Policía Judicial y de Información. El informe achaca a un exceso de celo profesional los modos de actuar del comandante, permitiendo el tráfico de drogas a cambio de obtener información.
Pero para la titular del Juzgado 2 ese informe chirriaba por todos lados. Si el SAI tenía tanta información sobre presuntas prácticas irregulares del mando cómo era posible que la investigación se hubiese archivado, no se hubiese judicializado y se limitara sólo a exculparle a pesar de todas las denuncias de orden interno que pesaban sobre Santaella.
En su reciente auto, y por primera vez en la historia judicial española, la juez ha decidido procesar a un coronel destinado en Asuntos Internos por un presunto delito de encubrimiento. También, y de acuerdo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la juez acusa a la esposa del coronel F.G.S., de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Hoy gracias a los informes internos de la propia Guardia Civil, F.G.S., se enfrenta a los posibles delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.