La sociedad civil constitucionalista se moviliza en Cataluña frente al desafio independentista del 1-O. Llibertats, entidad que agrupa a juristas catalanes «en defensa del Estado de Derecho» ha elaborado un breve informe-guía sobre las consecuencias de la convocatoria del referéndum ilegal con una serie de formularios de denuncia para que los ciudadanos puedan responder a las situaciones de presión o acoso de la Generalitat destinadas a conseguir que se salten la ley.
Llibertats pone a disposición de los particulares dichos instrumentos de denuncia, más un informe jurídico sobre la situación, con la advertencia de que pueden ser utilizados y presentados sin gasto alguno por cualquier ciudadano que vea conculcados sus derechos «por la actuación de la administración de la Generalitat de Cataluña».
Los cuatro formularios de denuncia ante la Justicia están dirigidos a los funcionarios que puedan ser llamados a organizar la consulta ilegal, a los que pretendan llamar para «abrir un equipamiento público el 1 de octubre», a los ciudadanos que quieran reclutar para las presuntas mesas electorales y a los que sorteen para ese fin en vulneración de la ley de protección de datos.
