El Ministerio del Interior ha decidido este lunes trasladar a la Fiscalía General del Estado las acusaciones contra la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha formulado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La dirigente de En Comú Podem había afirmado que, durante el despliegue policial de este domingo para impedir la celebración de la consulta, los efectivos de la Fuerzas de Seguridad del Estado habían “agredido sexualmente” a las manifestantes y que el ayuntamiento de la ciudad condal estudiaba acciones legales para defender a esas ciudadanas.
Fuentes de la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido han anunciado esta noche a El Confidencial que, tras tener conocimiento de esas declaraciones, estas han sido trasladadas al Ministerio Público para que investigue si pueden ser constitutivas de un delito. En concreto, Interior aprecia que, con esas acusaciones, Colau podría haber incurrido en un delito de injurias graves “contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, tipificado por el artículo 504.2 del Código Penal y castigado con pena de multa de 12 a 18 meses.
Interior no solo niega tajantemente las acusaciones vertidas por la alcaldesa de Barcelona. También mantiene que la actuación de los agentes fue en todo momento «proporcionada» y que todas las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron como objetivo retirar el material empleado en la consulta. En ningún caso se trató de disolver a los ciudadanos. Además, recuerdan que el despliegue respondió a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir los planes de la Generalitat.