El gobierno cesa al gabinete catalán con Puigdemont a la cabeza tras la declaración de independencia. Además, se cesa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto con todo su gabinete, entre ellos al Consejero de Interior y al Director de los Mozos de Escuadra.
El Consejo de Ministros aprueba hoy ha disuelto el Parlamento catalán esta misma tarde y ha convocado elecciones autonómicas en Catalunya para el 21 de diciembre, ha anunciado el propio Presidente del Mariano Rajoy, que ha manifestado que quiere que sean unos comicios “limpios, libres y legales”, según ha explicado en rueda de prensa.
El Gobierno ha cesado por decreto a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a todos los consejeros del Gobierno catalan durante un Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta tarde. También ha decidido que los Ministerios pasen a dirigir la Administración catalana, según ha explicado Mariano Rajoy tras la reunión de su gabinete.
El presidente ha leído una declaración institucional en la que ha lamentado que “la sinrazón se haya impuesto a la ley” y ha añadido que también se ha acordado cerrar las llamadas embajadas catalanas en el extranjero. Se trata de las delegaciones que la Generalidad ha ido abriendo en los últimos años en ciudades como Nueva York, Londres, Berlín o París. También se ha acordado la “extinción” de las oficinas de Puigdemont y de Junqueras y el Diplocat.
Además, el Ejecutivo de Rajoy ha disuelto el Consejo para la Transición Nacional. Rajoy mantendrá la oficina de la Generalidad en Bruselas, pero ha cesado a su director, Amadeu Altafaj, lo mismo que al de la delegación del Gobierno catalán en Madrid, Ferran Mascarell.
Además, se ha acordado el cese del secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y del director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler.
Estas medidas se han tomado a través de cuatro decretos y de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución cuya aplicación ha sido aprobada este mediodía por el Senado y después de que el Parlamento haya declarado la independencia de Cataluña en una votación secreta en la que no han participado los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP.
Las decisiones del Gobierno forman parte del acuerdo de puesta en marcha del 155 que, además del cese del Gobierno catalán, contempla la intervención de la Administración catalana y la limitación de las actividades del Parlamento, que no podrá, por ejemplo, nombrar a un nuevo presidente de la Generalidad o designar a otro Gobierno. La idea es que la Cámara catalana no tome ninguna decisión que vaya en contra de la aplicación del propio artículo 155. Además, habrá un control sobre la actividad parlamentaria, ya que una “autoridad” decidirá si pueden tramitarse o no las propuestas de ley.
La intervención de la Administración de la Generalidad afectará a las consejeros, las entidades que dependan de ellas y al sector público empresarial. Los interventores gubernamentales podrán dictar resoluciones y dar instrucciones y los funcionarios estarán obligados a cumplir esas órdenes. El acuerdo del 155 contempla la posibilidad de que los funcionarios de la Generalidad se nieguen a acatar las órdenes de las nuevas autoridades y por eso advierte de que el incumplimiento “podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria” y que esa situación puede tener consecuencias “patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar”. Las sanciones a las funcionarios díscolos se tramitarán de forma exprés, según el acuerdo del Senado.
Las finanzas de la Generalidad ya fueron intervenidas por el Ministerio de Hacienda en septiembre cuando Junqueras se negó a mandar informes semanales del gasto de la Generalidad a Cristóbal Montoro. Ahora, el Gobierno ahondará en ese control “en beneficio del interés general” y garantizará de forma específica que ni las transferencias del Estado a la Generalidad ni los tributos que recauda la Administración catalana se destinen “a actividades relacionadas con el proceso secesionista”.
El Gobierno tomará también el control de las funciones de “telecomunicaciones y servicios digitales” y todas las actividades relativas a “las tecnologías de la información” y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, aunque no intervendrá en TV3, como había anunciado, pues así lo ha pactado esta mañana en el Senado con el PSOE.
El acuerdo del 155, que es gradual y puede ser modificado en función de las circunstancias, culminará con una convocatoria de elecciones, que realizará el presidente Rajoy en un periodo, en principio, no superior a los seis meses desde hoy cuando se produzca su entrada en vigor tras la publicación en el BOE.