El alto tribunal estudia la denuncia presentada por los sindicatos de policía en relación a las diversas actuaciones de la jornada del referéndum
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), y el anterior mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, bajo el foco judicial por el 1-O.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha recibido una querella contra ambos, entre otros afectados, presentada por cinco sindicatos policiales que ven indicios de desobediencia y denegación de auxilio con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Cinco sindicatos
Los sindicatos denunciantes solicitaron al TSJC personarse en la causa como acusación popular. Son el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Alternativa Sindical Policial (ASP).
En esta línea, además, pidieron en su escrito que el alto tribunal llamase como investigados a los entonces presidente, Carles Puigdemont, y vicepresidente, Oriol Junqueras; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; a Colau; a Trapero, y a los Jordis, los presidentes de ANC y Òminum encarcelados en Soto del Real por supuesto delito de sedición el 20 de septiembre.
Nuevo procedimiento
Los denunciantes argumentan no solo la inacción de todos ellos para el desarme del referéndum, a pesar de la orden del TSJC, sino que animaron “a un indeterminado número de personas” a acudir a las urnas. Ello, entre otros males, ha derivado en un doble daño para la Policía Nacional: tanto a nivel corporativo como individual, por los agentes agredidos.
También piden la comparecencia como testigos de los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil responsables del operativo desplegado el 1-O, así como un informe a la Dirección General de Policía sobre los incidentes producidos aquella jornada de domingo.
Pendiente de la admisión a trámite
Esta diligencia no se acumula a la causa que instruye la magistrada Mercedes Armas; es un nuevo procedimiento.
En este sentido, el TSJC ha designado como ponente para el proceso al magistrado José Francisco Valls y ha remitido la querella a la Fiscalía para que informe sobre la competencia y su admisión a trámite.