El Gobierno pretende impulsar el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos que continúan impunes y piensa en Sánchez Corbí, al frente desde 2015 de la unidad de la Guardia Civil que persigue la corrupción tras 25 años en la lucha antiterrorista
El Ministerio del Interior, baraja la posibilidad de remover al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) -el área de la Guardia Civil que por su papel de Policía Judicial persigue los casos de corrupción, entre otras actividades delictivas- para situarlo al frente de un puesto de nueva creación con el que el Gobierno pretende potenciar la investigación de los casi 400 asesinatos de ETA que años después siguen sin resolverse.
Según ha podido conocer El Independiente de fuentes gubernamentales, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido pretende dar un impulso en lo que queda de legislatura a la resolución de atentados cometidos por ETA que aún siguen sin aclararse y estudia encomendarle la coordinación a este coronel aprovechando su experiencia de más de 25 años en la lucha contra el terrorismo etarra.
El Coronel Sánchez Corbí es uno de los mayores expertos y conocedores de la historia de la banda asesina por su labor en grupos de Información, como ha dejado plasmado en su voluminoso trabajo Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA -del que es coautor junto a Manuela Simón- y de Sangre, sudor y paz, firmado con el escritor Lorenzo Silva y el periodista Gonzalo Araluce.
El pasado 27 de enero, con motivo del homenaje al concejal del PP Gregorio Ordóñez en el 23 aniversario de su asesinato a manos de ETA, Zoido recalcó que el Gobierno de España seguirá trabajando hasta que se esclarezcan todos los crímenes cometidos por la banda terrorista que siguen sin aclararse y conseguir “que hasta el último de los etarras pida perdón y se arrepienta de lo que hicieron; que reconozcan que no tuvo razón de ser aquella violencia, aquella constante terrorista que tanta sangre y tanto dolor derramó en España”.
El titular de Interior pronunciaba estas palabras meses después de que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunciara su intención de solicitar a las autoridades españolas nuevas investigaciones para esclarecer los 379 asesinatos perpetrados por ETA que continúan impunes -el 44 % del total (860)- y que estudiaba la posibilidad de enviar una delegación a Madrid. La Eurocámara adoptaba esta decisión tras la iniciativa presentada por Dignidad y Justicia, la asociación que preside un hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero.
Enormemente valorado por sus subordinados, la labor de la UCO en la investigación de algunos de los casos de corrupción que instruye la Audiencia Nacional ha sido sin embargo criticada por algunos dirigentes políticos e incluso representantes del estamento judicial. Esos reproches alimentan desde hace meses las especulaciones sobre un relevo en la jefatura de esta unidad y un cambio de destino para Sánchez Corbí, que acaba de cosechar un nuevo éxito profesional con la culminación de la compleja investigación por la desaparición de la joven madrileña Diana Quer al encontrrse su cuerpo en una fábrica de Rianxo (La Coruña) y detener al presunto homicida, José Enrique Abuín, (a) El chicle.
El punto de arranque de esas críticas fue el atestado elaborado por los agentes de esta unidad que auxilian al juez que instruye el caso Lezo en el que se mencionaba el nombre de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. El oficio policial detallaba la reunión que el número dos del Ministerio del Interior mantuvo en su despacho oficial el pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también detenido en aquella operación.