Las actuaciones fueron motivadas por la realización de tres edificaciones de uso residencial no autorizable en suelo rústico.
12-02-2019. Durante el pasado año 2018, el SEPRONA de la Comandancia de Segovia atribuyó a tres personas la comisión de otros tantos delitos relativos a la ordenación del territorio. Los hechos investigados fueron por la construcción de viviendas no autorizables en terrenos clasificados como rústicos en diferentes términos municipales de la provincia. En alguno de los casos, las edificaciones se habían levantado sobre suelo natural protegido.
Tanto en los casos descubiertos este año, como en otros detectados en periodos anteriores, la forma de proceder de los presuntos autores suele ser idéntica: Los promotores de las viviendas solicitan inicialmente la autorización municipal para levantar una construcción compatible con el suelo rústico, tales como naves de guarda de aperos de labranza o alojamientos de animales. Posteriormente, ejecutan reformas del proyecto original, ejecutando una edificación con uso residencial, el cual, con carácter general, está prohibido en esta clase de terrenos.
Estas actuaciones se enmarcan dentro la misión específica asignada al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la ordenación del territorio. En el mismo periodo anual, efectivos de dicha especialidad formularon 23 denuncias en esta provincia, motivadas por distintas infracciones administrativas en materia urbanística.
Desde el Instituto Armado se señala que la construcción de viviendas en suelo no urbano está prohibida por la legislación vigente. Solamente en casos excepcionales podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo. Además, estas licencias serán concedidas, casi exclusivamente, cuando amparen residencias vinculadas a explotaciones agrícolas ganaderas o forestales.
El código penal prevé para estas conductas penas de hasta 4 años de prisión. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.