La jueza ha archivado el caso al estar prescritas los presuntos cobros de las dietas falsas de alojamiento entre 2011 y 2014. La mayoría de los investigados eran agentes, pero también varios mandos, incluido un teniente coronel, un comandante y cuatro capitanes. La Fiscalía acusa a 137 guardias civiles por malversación y falsedad en el cobro de dietas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha archivado la investigación abierta a 137 guardias civiles por una posible estafa en el cobro de dietas falsas de alojamiento entre 2011 y 2014, al estar prescritas las presuntas faltas por las que fueron denunciados.
En el auto, la magistrada María Teresa Abad acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Fiscalía en abril de 2015 contra 137 agentes del instituto armado después de que el servicio de Asuntos Económicos del mismo detectara la existencia de facturas sospechosas.
La mayoría de los investigados eran agentes, pero también varios mandos, incluido un teniente coronel, un comandante y cuatro capitanes. Según las pesquisas, cuando viajaban a Madrid en comisión de servicio se alojaban en la residencia de oficiales y suboficiales del cuerpo, pero a la vez pasaban factura de un establecimiento hotelero con cuyo dueño habrían pactado ese modo de funcionamiento.
La jueza considera que no ha encontrado «dato o elemento de juicio alguno» que permita concluir que haya habido un acuerdo previo de los investigados para llevar a cabo esta actuación conjunto más allá de «la mera pertenencia de todos ellos a la Guardia Civil». Tampoco consta acreditado, continúa, que los funcionarios pernoctaran efectivamente en la residencia militar. «No se cuenta más que con meras sospechas», asegura la titular del Juzgado 21, quien se niega a aceptar las copias de las facturas proporcionadas por el Servicio de Material Móvil del instituto armado, que gestiona la residencia, dado que muchas de ellas «eran dobles» y «en consecuencia podían ser ocupadas por dos o incluso tres personas».
«Las facturas acreditan únicamente que se reservó habitación a nombre de las personas que figuran en las facturas y que se abonó el importe correspondiente, pero no se ha practicado gestión alguna encaminada a comprobar si la habitación fue o no efectivamente utilizada ni quién lo hizo», relata la magistrada en su auto de archivo firmado el pasado 19 de julio. «Teniendo en cuenta que los familiares también pueden hacer uso de la residencia», añade, los investigadores están obligados a «probar que efectivamente pernoctaron en el hostal» los imputados
La magistrada sostiene que, según la documentación recopilada, los hechos que se atribuyen a los denunciados serían, en todo caso, constitutivos de una falta y no de un delito, al haber sido cometidos presuntamente con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2015, y por tanto, algunas de esas faltas estarían prescritas.
Recuerda en el auto que la denuncia se presentó el 30 de abril de 2015, fecha en la que habrían transcurridos «sobradamente» el plazo de seis meses fijado para la prescripción de estas faltas, que en este caso ocurrieron entre 2011 y 2014.
Por todo, la jueza declara la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción de las presuntas faltas de estafa, si bien el auto es recurrible.