Junto a la presentación del recurso, la Unión de Ofíciales ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del RD de traspaso.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), asociación profesional que representa a las escalas de oficiales en el Consejo de la Guardia Civil, ha presentado un recurso, ante el Tribunal Supremo para intentar bloquear la salida de la Benemérita de Navarra. La retirada de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil forma parte de uno más de los pactos entre el PSOE y Bildu y las asociaciones de la Guardia Civil han decidido dar la batalla para evitar el triunfo de los proetarras.
El recurso se presenta, de este modo, contra la norma que recoge la retirada de esas competencias y el consiguiente vaciado de la labor de la Guardia Civil en Navarra. Se trata del RD 252/2023, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
La asociación que ha presentado ya el recurso es la Unión de Oficiales, que considera que «no se ha seguido el procedimiento preceptivo, ni adecuado, pues para materializar la transferencia y su ejercicio con exclusividad se requeriría de la modificación del Amejoramiento del Fuero, necesitando, en síntesis, la mayoría absoluta de la Cortes, bien mediante procedimiento de ratificación, bien mediante específica Ley Orgánica (art. 71.2 LO 13/1982)». Otras asociaciones de la Guardia Civil se sumarán en breve a la estrategia, según ha podido saber Libertad Digital.
Solicita la suspensión cautelar de la norma
Junto a la presentación del recurso, la Unión de Ofíciales «ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la norma, en consecuencia de la aplicación del Acuerdo de la Junta de Transferencias, dado que iniciar y ejecutar ahora una transferencia de competencias en exclusividad que en un futuro hubiese que revocar debido a una Sentencia estimatoria, provocaría un perjuicio de graves consecuencias e imposible reparación tanto para el servicio público como para los intereses profesionales, particulares y familiares de guardias civiles y policías forales».
Desde la asociación de la Guardia Civil señalan que lamentan que, «una vez más, después del alto precio que ha pagado la Guardia Civil y quienes la integran (junto a sus familias) por defender el sistema constitucional y democrático, se la utilice como moneda de cambio, de pago político, en aras al valor que representa su presencia como parte de la estructura del Estado en todo el territorio español.
Redacción
