El diario Europa Sur de Algeciras (Cádiz), publicaba el 19 de enero del actual, un artículo de Martín Turrado Vidal, y en uno de sus párrafos dice:

La Policía General del Reino creada por Fernando VII el 13 de enero de 1824, no ha sido suprimida en ningún periodo de la historia y que, cambiada de nombre, es la que ha llegado hasta nosotros». Reto al autor del artículo a que pruebe lo contario.

La página web oficial de la Policía Nacional, dice que la Real Cédula de 13 de enero de 1824 hace una doble clasificación del personal policial:

“Por un lado, estaban los profesionales, integrados por el mismo superintendente general, secretario, oficiales de su secretaria, tesorero, comisarios de cuartel de Madrid, intendentes de provincia, depositarios, celadores de barrio y puertas, subdelegados especiales de puertos y frontera, estos últimos eran a su vez los únicos que utilizarían uniforme, y por otro los semiprofesionales, es decir, los alcaldes de barrio».

En otros textos hemos encontrado lo siguiente:

Los comisarios de cuartel de Madrid, intendentes de policía de las provincias y los subdelegados usarían un bastón con puño de oro. Los demás empleados de la policía llevarían con arreglo a sus clases los distintivos que el superintendente estime, entre otros los llamados “secretos” de los que hay relaciones de pago en el archivo de la biblioteca nacional, que eran considerados semiprofesionales junto con los alcaldes de barrio, creados en 1768, bajo el reinado de Carlos III, quienes ya venían ejerciendo funciones de policía, cuidando de la seguridad, higiene y moral de la población. Este cargo ya contaba con identificación propia desde su creación, portaban un bastón con puño de marfil, también llevaban un “libro de hechos” y un “libro de matrículas”, pero resultaron escasos, pues no cubrían todas las necesidades.

La Policía General del Reino nació sin un brazo ejecutor, así se corrobora en el artículo XV de la Real Cedula, que dice “interinamente establezco un cuerpo militar especialmente encargado de la seguridad de los pueblos y de los caminos, el mencionado cuerpo militar nunca llegó a establecerse, con lo cual dependían del auxilio de los Comandantes militares, Ayuntamientos, Jueces y Tribunales, de los Jefes de la Real Hacienda, y de cuantos tuvieran fuerza armada de que disponer, todos franquearían a la policía los auxilios de que necesitase”.

Martín Turrado Vidal, en su libro, “Historia de la Policía Española” en la página 88, escribe:

“Las primeras voces pidiendo la supresión de la Superintendencia General de Policía se alzaron a raíz de los oscuros sucesos de 18 de enero de 1835” … Más abajo, … “Cuando esto ocurrió el 5 de octubre de 1835, lo hicieron gradualmente, es decir, tenemos claro que quedaron suprimidos progresivamente los “profesionales, semiprofesionales y los secretos”. ¿Entonces Martín Turrado, quiere explicarnos cuales son los policías que continuaron?

El real decreto de 24 de julio de 1835, artículo 36, asigna la seguridad de las personas y propiedades a los alcaldes. Al año siguiente, el ministerio de la gobernación, el 18 de diciembre de 1836, en la Gaceta del día 21, número 746, dice que “restablecida la ley de 3 de febrero de 1823, los alcaldes constitucionales y de barrio, bajo la inspección de los jefes politicos, velarán por la conservación de la tranquilidad, orden público, seguridad, proteccción de las personas y de los bienes de los habitantes de sus respectivos distritos. También correrá a su cargo la expedición de pasaportes y licencias desde el 1 de enero de 1837”.

Usted Martín Turrado, no ha tenido en cuenta los boletines oficiales de la provincia, que se crearon por real orden de 20 de abril de 1833. A continuación, le muestro los siguientes:

Boletín oficial de Zaragoza, núm. 97, sábado 5 de diciembre de 1835, Por el Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de lo Interior se me ha comunicado la real orden siguiente:

Ministerio de lo Interior. He dado cuenta a S.M. la reina gobernadora de una consulta que hizo en 13 d agosto, ultimo el Gobernador Civil de Córdoba, sobre sí instalados los nuevos alcaldes de los Ayuntamientos con arreglo al Real decreto de 23 de julio de este año deben cesar los Corregidores Alcaldes mayores en los encargos de Policía, puestos que aquellos se les asignan las mismas funciones que estos tienen al presente; y enterada S.M. de conformidad con lo propuesto por la suprimida Superintendencia de Policia, se ha servido resolver como disposición general y hasta la reforma total que se medita en el ramo, que los Jueces letrados cesen en el encargo de Policía al momento que se instalen los nuevos alcaldes; pero teniendo entendido que no se hace innovación por ahora respecto a los subdelegados de partido a quienes por consiguientes deben los alcaldes nuevos en los distritos respectivos dirigir las comunicaciones que tengan que hacer concernientes a la Policía, de real orden lo digo a V.S., para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V.S., muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1835. Señor Gobernador civil de Zaragoza.”

Boletín oficial de Zaragoza, núm. 12, martes 10 de febrero de 1835, parte no oficial, Madrid 2 de febrero, el gobierno ya se empieza a plantear disolverla:

La policía ha sido el objeto de la discusión de hoy en el estamento de procuradores; asunto importante, y que como tal se ha tratado bajo todos sus aspectos. Ya la comisión había calificado este establecimiento con sombríos epítetos, aludiendo a los perjuicios morales, políticos y económicos que casusa; pero los oradores que han atacado de frente han acabado de trazar el cuadro desagradable de institución tan exótica como costosa.

El discurso del señor Argüelles, sobre todo, ha evidenciado a los ojos de los hombres imparciales y creemos que ha convencido al estamento de que no debe votarse un maravedí para un establecimiento, que por su vicio orgánico no puede menos de ser perjudicial, lejos de producir a la sociedad bien alguno, que no pueda obtener por los medios naturales que siempre hubo y existen ahora en el gobierno con sobreabundancia, para hacer observar las leyes, y prevenir su transgresión. Con la elocuencia, tino y calor que sabe usar este dignísimo procurador ha hecho ver que por esta institución moderna se ha sustituido de hecho el principio de moralidad el principio de que el fin justifica los medios: y que estas máximas perniciosas se han introducido en España por los que tomaron por modelo el gobierno napoleónico, admirándolo como la obra maestra del arte de administrar.

No ha sido el señor Argüelles el único que ha impugnado la policía con decisión y por entero; puede decirse que nadie le ha defendido como existe, a pesar de que han hablado los señores secretarios de Gracia y Justicia y el de Interior. El señor Gareli ha indicado que el estamento ha podido y puede hacer una petición para que la policía se modifique, y en esto no creemos que ha andado muy acertado el señor ministro; la facultad del estamento para hacer esta y otras peticiones nadie la ignora, pero no sabíamos hasta ahora, que el ministerio no está dispuesto a varias la policía actual ínterin no lo pidan las Cortes.

El señor Moscoso de Altamira, defendiendo la policía de los ataques que se le han dado, acaso no la ha favorecido más que los oradores de la oposición; y opinamos que, si se hubiera votado al acabar su discurso, el acuerdo no habría sido muy satisfactorio a la policía. Es pues de poner en duda la facultad de las Cortes para hacer la supresión total del establecimiento, y después de haber asentado que, si se negaba todo el subsidio, el gobierno podía echar mano de cualquier fondo para sostenerlo, ha hecho un paralelo, equivocados a nuestro parecer, entre los encargados de policía y los espías de los ejércitos, mirándolos a unos y a otros como necesarios para saber lo que pasa. Sentimos que no se haya dado por suficientemente discutido el asunto; pues, aunque mañana oiremos con gusto al Señor Galiano y a otros excelentes oradores, hubiéramos apreciado más una pronta y buena resolución.

Tampoco estaría demás que la Policía Nacional y todos aquellos que niegan la faceta política de la Policía General del Reino, leyeran a Mariano José de Larra y Sánchez de Castro, escritor, periodista y político, el artículo que publicó en la Revista Española, periódico dedicado a la Reina Ntra. Sra., n. º 472, el 7 de febrero de 1835.

“El miedo, la policía, y los chivatos. Perfecta ironía crítica»… Mariano José de Larra, hace 188 años.

Así como hay en el mundo hombres buenos, también hay cosas buenas; no citaremos nombres propios en la primera clase por no ofender a la mayoría; pero en la segunda preciso será citar si queremos que nos crean. Cosa buena, por ejemplo, es la previa censura, y para algunos no solo buena, sino excelente. ¿Que manda usted y que manda usted mal, dos cosas que pueden ir juntas? ¿Pues no es cosa buena y rebuena que nadie pueda decirle a usted una palabra? ¿Que manda usted y que no manda usted mal, pero que es usted hombre de calma; y como había usted de mandar algo bueno, no manda usted nada; ni bueno ni malo? ¿Pues no es un placer verdaderamente que si hay algún escritorzuelo atrevido que sale a decir: «Esto no marcha», salga por otra parte el censor que usted le pone y le escriba en letra gorda y desigual al pie del folleto: «Esto no puede correr»? Vaya si es cosa buena. ¿Qué es usted un sujeto de luces, por otra parte, amigo del Gobierno, y que tiene usted poco sueldo, o no tiene usted ninguno, como suele suceder? Vaya si es cosa buena que le den a usted 20.000 reales de sueldo u opción a los primeros que vaquen, sólo por poner: «Esto no puede correr», que al cabo es decir una verdad como un templo… Cosa buena es, y muy buena. Replicáramos los que viven de disputar que la tal previa censura, no es igualmente buena para el que escribió el artículo que no puede correr, ni para el país que de él pudiera sacar provecho; pero, en primer lugar, que al sentar nosotros la proposición de que hay cosas buenas, no hemos dicho para quién, y en segundo añadiremos que ése es el destino de las cosas de este mundo, en las cuales no hay una sola buena para todos. Países hay donde se cree que la perfección consiste en que las cosas sean buenas para los más; pero también hay países donde se cree en brujas, y no por eso son las brujas más verdaderas. Dejemos, por consiguiente, este punto, que entra en el número de los muchos que no son oportunos todavía para nosotros, y convengamos únicamente en que hay cosas buenas.

Sabido esto, pocas hay que se puedan comparar con la policía. Por de pronto, su origen está en la naturaleza; la policía se debe al miedo, y el miedo es cosa tan natural, que poco o mucho no hay quien no tenga alguno; esto sin contar con los que tienen demasiado, que son los más. Todos tenemos miedo: los cobardes, a todo; los valientes, a parecer cobardes; en una palabra: el que más hace es el que más lo disimula, y esto no lo digo yo precisamente; antes que yo lo ha dicho Ercilla, en dos versos, por más señas, que, si bien pudieran ser mejores, difícilmente podrán ser más ciertos:

El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente.

 Preclaro es, pues, el origen de la policía. No nos remontaremos a las edades remotas para encontrar apoyo en favor de la policía. Trabajo inútil fuera, pues ya nos lo han hecho; un orador ha dicho que en todos los países la ha habido con este o aquel nombre, y es punto sabido y muy sabido que la había en Roma y en el consulado de Cicerón; no se sabe si con este o con aquel nombre, no precisamente con su subdelegado al frente y sus celadores al pie; pero ello es que la había, y si la había en Roma, es cosa buena; si a esto se añade que la hay en Portugal, y que el pueblo da a sus individuos el nombre de marcegos, ya no hay más que saber. Venecia ha sido el Estado que ha llevado a más alto grado de esplendor la policía; pues ¿qué otra cosa era el famoso tribunal pesquisidor de aquella república? A ella se debía la hermosa libertad que se gozaba en la reina del Adriático, y que con colores tan halagüeños nos ha presentado un literato moderno en la escena y un celebre novelista en su Bravo. La Inquisición no era tampoco otra cosa que una policía religiosa; y si era buena la Inquisición, no hay para qué disputarlo. Aquí se prueba lo que ha dicho el orador citado, de que siempre ha existido en todos los países con este o aquel nombre.

Otra prueba de que es cosa buena la policía es su existencia no sólo en Roma y en Portugal, sino también en Austria y, sobre todo, en la parte de Italia sujeta a aquel imperio, donde es delito a los ojos de la policía ver a las manos un papel francés. Así son los italianos tan felices, así se hacen lenguas del emperador de Austria. Óigase otro ejemplo. Ahí está la Polonia, que debe su actual felicidad, ¡vaya si es feliz!, a la policía rusa. Que la policía es, pues, una institución liberal, se aduce claramente de su existencia en Austria y en Polonia; y si nos venimos más acá, veremos que en Francia la instaló Bonaparte, uno de los amigos más acérrimos de la libertad; y tanto, que él tomó para sí toda la que pudo coger a los pueblos que sujetó; y a España, por fin, la trajo el célebre conquistador del Trocadero, el año 23, y fue lo que nos dio en cambio y permuta de la Constitución que se llevó; prueba de que él creía que valía tanto por lo menos la policía como la Constitución. Pues luego si ha hecho bienes al país, no hay para qué ponerlo en cuestión.

A la policía debió el desgraciado Miyar su triste fin; y como ha dicho muy bien otro orador, a la policía se debió sin duda alguna, aquella inocente treta por la cual se sonsacó de Gibraltar a un célebre patriota para acabarlo en territorio español con toda nobleza y valentía. Pero ¿a qué más ejemplos? De cuantos liberales han muerto judicialmente asesinados en los diez años, acaso no habrá habido uno que no haya tenido algo que agradecer a tan brillante institución. Ahora bien; continuador el año 35 y heredero universal, como se ha pretendido de los diez años, mal pudiera rehusar herencia tan legítima: así hemos visto a nuestra policía recientemente hacer prodigios en punto a conspiraciones.

La policía se divide en política y urbana. Y es cosa tan buena una como otra. Por la primera supongamos que sabe usted que se habla en un café, en una casa, o que no se habla, pero que tiene usted un enemigo; ¿quién no tiene un enemigo? Va usted a la policía, y con contar el caso, y con añadir que en la casa tiene pacto con isabelinos, y que detrás del viva de ordenanza está tapada la anarquía, hace usted prender a su enemigo. ¿Pues no es cosa excelente? Luego, para cualquier carrera se necesita saber algo, suponiendo que no haya favor o parentesco; para médico, por ejemplo, alargar la enfermedad; para abogado, embrollar el asunto; para militar, ir a Vizcaya; para cura todos sabemos ya lo que se necesita saber, y por ese estilo; pero para ser policía, basta con no ser sordo. ¡Y es tan fácil no ser sordo! Ahora, si fuera preciso hacerse el sordo, ya era otra cosa, era preciso saber entonces casi tanto como para ser ministro.

Por otra parte, decía un ilustre amigo nuestro, que la España se había dividido siempre en dos clases: gentes que prenden y gentes que son prendidas: admitida esta distinción, no se necesita preguntar si es cosa buena la policía.

Acerca de los premios destinados a la delación, y para cuyos gastos será sin duda gran parte de los millones del presupuesto, esto es indispensable: primero, porque uno no ha de delatar de balde, y segundo, porque no se cogen truchas, etc., refrán que pudiéramos convertir en no se cogen anarquistas, etc. En una palabra, o se ha de prender, o no se ha de prender: si se ha de prender, es preciso que haya quien delate; y si ha de haber delatores, éstos han de comer, porque tripas llevan pies. Por consiguiente, no sólo es cosa buena la policía, sino también los ocho millones.

En los Estados Unidos y en Inglaterra no hay esta policía política;, pero sabido es en primer lugar el desorden de ideas que reina en aquellos países; allí puede uno tener la opinión que le dé la gana; por otra parte, la libertad mal entendida tiene sus extremos, y nosotros, leyendo en el gran libro abierto de las revoluciones, como ha dicho muy bien otro orador, debemos aprender algo en él, y no seguir las mismas huellas de los países demasiado libres, porque vendríamos a parar al mismo estado de prosperidad que aquellas dos naciones. La riqueza vicia al hombre, y la prosperidad le hace orgulloso por más que digan.

La otra policía es urbana. Ésta es todavía más cosa buena que la otra. Entre las ventajas que produce nos contentaremos con los pasaportes, con los cuales va usted a donde quiere y a donde le dejan. Paga usted su peseta, y ya sabe usted que tiene pasaporte. Suponga usted que, a imitación de Inglaterra, no hubiera pasaportes. En verdad que no se concibe cómo se puede ir de una parte a otra sin pasaporte: si fuera sin caminos, sin canales, sin carruajes, sin posadas, ¡vaya!; pero ¡sin pasaportes! Por el mismo consiguiente saca usted su carta de seguridad, y ya está usted seguro de haber gastado dos reales; pero, en cambio, hay otro que desde que usted los tiene de menos los tiene de más. De modo que, para éste, sobre todo, la carta de seguridad es cosa buena, tan buena para el pronto como dos reales. Hay cosas mejores, es verdad, pero siempre es cosa buena.

Probada, pues, hasta la evidencia la bondad de la policía, ¿cómo pudiéramos no agregarnos al voto de los cincuenta señores procuradores que han perdido la última votación? Poco vale, por cierto, nuestra opinión; no somos, desgraciadamente, ni procuradores ni inviolables; pero, en cambio, tendremos policía por lo menos; pagaremos en compañía de nuestros compatriotas ocho millones para que nos averigüen nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestros… Y si algún día la policía nos prende, como es probable, por anarquistas, exclamaremos con justo entusiasmo: «¡Buena cárcel nos mamamos! ¡Pero buen dinero nos cuesta!»

Boletin oficial balear, núm. 532, Jueves, 28 de julio de 1836, Subdelegación General de Policía de las Islas Baleares:

Sin embargo, de lo dispuesto en circular expedida por la Subdelegación principal de Fomento de esta provincia en 25 de marzo de 1834: los Sres. Alcaldes encargados del ramo de policía en los pueblos darán en lo sucesivo al Sr. Gobernador Civil los partes semanales de seguridad, espirítu público y subsistencia que hasta ahora han dado a esta Subdelegación General de Policía, sin perjuicio de darme aviso, con la urgencia que requiera el caso, de cualquiera novedad que ocurra y pueda interesar al ramo de policía de vigilancia que esta a mi cuidado. Palma 27 de julio de 1836. El conde Montenegro”.

Boletín Oficial de Valladolid, martes 6 de septiembre de 1836, núm, 110, página 446, dice:

lo único que entre tanto está en mis atribuciones es haber dispuesto que los alcaldes de barrio ocupen el lugar de los Celadores pagados, cuyo solo nombre os recordaba tantas persecuciones y arbitrariedades”.

Mas abajo dice:

Desde hoy las autoridades de esta capital depositan en ellas su confianza, y no me es permitido dudar que corresponderán a ella” …

Mas abajo dice…

Finalmente, todo su conato debe fijarse en prevenir toda clase de delitos por leves que sean, para que no haya necesidad de castigarlos”.

Boletín oficial de Murcia, núm. 575, jueves de 15 de setiembre de 1836. Gobierno político de la provincia de Murcia, Sección 3ª Circular núm. 97.

Boletín oficial de Huelva, domingo 11 de septiembre de 1836.

“El Excmo. Señor ministro de la Gobernación del reino, con fecha 26 de agosto último me dice lo que sigue:

Conviniendo que el ramo que hasta ahora se conocido con el nombre de Policía, se organice de modo que no vejando a los ciudadanos proteja la libertad individual de ellos, conforme a la Constitución de la Monarquía, es la voluntad de S.M. la reina gobernadora que V.S. desde luego le dé la organización conveniente en aquel sentido, teniendo muy presente la circunstancias del país y la escasa recaudación de productos procedentes del mismo proponiendo al efecto lo que sobre el particular se le ofrezca y parezca. Y a fin de quitar toda odiosidad y cualquiera interpretación siniestra, S.M. se ha servido mandar que en lo sucesivo se denomine dicho Ramo de Protección y Seguridad Pública. Digolo a V.S. del Real orden para su inteligencia y efectos correspondientes.

Trasládalo a V. para su conocimiento y efectos consiguientes. Huelva a 10 de septiembre de 1836, Joaquín Garrido. Señores Encargados de Protección y Seguridad Pública de esta provincia.

«Atendiendo a que el ramo de Policía, tal cual ha existido, no solo está lejos de responder al propósito del que debiere ser un verdadero instituto, sino que es del todo incompatible con el sistema Constitucional felizmente restablecido, en tanto que no se halle circunscrito a proteger la libertad individual y la propiedad; S.M. se ha servido disponer en real orden de 26 de agosto último que dicho establecimiento toma desde luego el nombre de Protección y Seguridad, dándole la organización que convenga a cada provincia, y teniendo presente además en lo relativo a clase y núm., de empleados los escasos productos a insignificante recaudación de aquella procedencia. En vista pues de la expresada real orden, y mientras no se fija en todo el reino un proceder análogo y uniforme que llene sobre el particular las miras benéficas del gobierno de S.M. y el deseo y utilidad de los pueblos; he dispuesto que sin pérdida de momento se lleven a cumplido y debido efecto las prevenciones siguientes;

1ª Queda abolida desde luego la Policía en esta Provincia, y suprimidos los empleos y dependencias de dicho establecimiento.

2ª A los respectivos alcaldes constitucio0nales está confiado por esta orden el ramo de Protección y Seguridad pública, y a ellos se hará entrega formal de lo que pertenecía al suprimido.

3ª Los alcaldes de barrio y los diputados de campo y huerta donde hasta aquí haya habido un celador de Policía, se encargarán bajo la inmediata dependencia de los respectivos alcaldes constitucionales, del desempeño de las funciones de aquel ejercía y que estén en armonía con el actual orden de cosas.

4ª La pagaduría principal que lo era de la policía de esta provincia, y ahora de Protección y Seguridad pública, continuará en el uso libre y expedito de sus atribuciones; debiendo los alcaldes constitucionales entenderse con ella, por conducto siempre de este gobierno político, para sus pedidos, pagos y demás que concierna al ramo.

5ª Exigiendo la importancia de la capital, su numeroso vecindario y su comunicaciones, una vigilancia particular y exquisita sobre los sospechosos y alentadores de los intereses materiales de los ciudadanos pacíficos y de la instituciones que nos rigen, créanse inmediatamente seis plazas con el nombre de Protectores de Seguridad pública, que bajo la inmediata ordenes de un jefe y la dependencia directa del gobierno político, no solo auxilien a los diferentes alcaldes de barrio de sus demarcaciones, sino que desempeñen los encargos urgentes y extraordinario que les confié la autoridad superior.

6ª Un reglamento particular fijará las atribuciones de unos y otros empelados con la división de cuarteles que a cada uno de los últimos corresponda, los sueldos que hayan de disfrutar y el distintivo de su uso. Murcia a 13 de setiembre de 1836. Pedro Chacón.

Boletín oficial de Segovia, núm. 110, jueves 15 de septiembre de 1836, dice:

Conviniendo que el ramo que hasta ahora se ha denominado con el nombre de Policía, se organice de modo que no vejando a los ciudadanos proteja la libertad individual de ellos conforme a la Constitución, es la voluntad de la reina gobernadora que V, le dé la organización conveniente en aquel sentido, teniendo muy presente las circunstancias del país y la escasa recaudación de productos. Y a fin de quitar toda odiosidad y cualquiera interpretación siniestra, S.M. se ha servido mandar que en lo sucesivo se denomine ramo de protección y seguridad pública”.

Boletín Oficial de Cáceres, lunes 19 de setiembre de 1836, núm 90, dice en la Circular núm. 131. Encargando a los jefes políticos, el aumento de la Milicia Nacional en sus respectivos distritos.

Boletín oficial de Cáceres, núm. 97, miércoles 5 de octubre de 1836, circular núm. 145.

“Nuevo reglamento de Protección y Seguridad pública, sustituido al de Policía y formado en consecuencia de lo prevenido por el Real orden de 26 de agosto último, es decir, la seguridad publica queda en manos de los alcaldes».

En Real orden expedida en 26 de agosto último a este gobierno político se sirve mandar S.M. la reina gobernadora que conviniendo que al ramo hasta ahora conocido con el nombre de Policía se le dé una plana que no vejando a los ciudadanos proteja la libertad individual y se organice en este sentido habida, consideración a las circunstancias del país y escasa recaudación que produce procedente del ramo, y en virtud de la autorización que al efecto me concede la mencionada real orden, he dispuesto que el establecimiento llamado de Policía se conozca desde ahora con el nombre de Seguridad y protección pública, y que en esta provincia se observen desde cuatro día después del recibo de esta orden los artículos siguientes.

Artículo 1º.- Queda suprimidas todas las subdelegaciones del partido, subsecretarias y Depositaria.

Artículo 2º.- Queda a cargo de los alcaldes y ayuntamiento el cuidado de velar por la seguridad pública, mantenimiento del orden y corrección de los vicios.

Artículo 3º.- Cada ayuntamiento formará una comisión de tres individuos de su seno, nombrada a mayoría de votos de todos los concejales, que se denominará Comisión de seguridad y Protección pública. Será presidida por el alcalde, y en su falta por el orden de las presidencias de la corporación. En los pueblos donde hubiese dos o más alcaldes, estos son individuos de la comisión.

Artículo 4º.- Será obligación de esta Comisión dar semanalmente parte a la de su respectiva cabeza de partido judicial de todas las ocurrencias que sobrevengan en el pueblo, y las noticias que se adquieran de los inmediatos, expresando en ellos el estado de la opinión pública. La comisión de cada una de las cabezas de partido lo hará al gobierno político de esta provincia.

Artículo 5º.- Cualquiera individuo de la comisión podrá también por separado dar el parte que quiera reservar de sus compañeros, por exigirlo así el mejor servicio, y sobre lo que expusiere el gobierno político se entenderá solo con el individuo exponente, aunque sus noticias sirvan para disposiciones generales o locales.

Artículo 6º.- En caso de alarma por aproximación de alguna partida de ladrones o facciosos, o que empezase a crearse en el pueblo o sus inmediaciones, la Comisión pasará aviso inmediatamente a la cabeza de su partido judicial y demás comarcanos, y directa con propio ganando horas a esta jefatura y con la misma brevedad al comandante militar del cantón a que pertenezca.

Artículo 7º.- En los casos previsto en el artículo anterior como en cualquier otro de buscarse una persona, el que presidiere la comisión de seguridad pública no podrá negar el servicio que le exigiere la de cualquier otro pueblo de dentro o fuera de la provincia bajo pretexto de estar constituida independientemente, ni de ningún otro.

Artículo 8º.- La Comisión vigilará sobre la conducta de todos los vecinos del pueblo, y pasará a esta Superioridad una noticia de las personas que sean sospechosas, de ladrones, ocultadores de ellos o desafección al Gobierno manifestando los motivos en que se fundan estas sospechas.

Artículo 9º.- Como la ociosidad es el origen de todos los vicios, la Comisión cuidará de que no haya vagabundos en sus pueblos, estimulará al trabajo y a la ocupación; y en el caso de que haya alguno incorregible dará parte a la superioridad que tomará sobre ello eficaces providencias.

Artículo 10º.- Cuidará la comisión bajo su responsabilidad que ningún forastero permanezca en el pueblo sin que acredite con pasaporte la procedencia de su persona, y objetos de su permanencia; más si fuere negociante o de cualquier otro modo ocupado, a quien se hubiere perdido el pasaporte, no le incomodará obligándole a la salida, bastará que le garantice con la Comisión un vecino del pueblo aunque sea sin más diligencia que verbal, si así se conformase la Comisión que es la responsable al gobierno Político. Esto no obstante la Comisión oficiará al pueblo de donde el sujeto proceda para saber si sacó pasaporte, y que no quede defraudada la cantidad que por estos documentos está señalada.

Artículo 11º.- Como los alcaldes presidentes han de expender (según se dirá después) los pasaportes, tan luego como sepan que alguna persona de las comprendidas en la reseña de que habla el artículo 8º se ausenta del pueblo sin él, o sin pase, procurará averiguar donde ha ido, y en su caso de que su ausencia infunda alguna sospecha, dará inmediatamente parte a este Gobierno Político y Autoridades circunvecinas con las señas del individuo.

Artículo 12º.- Los Milicianos Nacionales viajarán en un radio de ocho leguas de sus respectivos pueblos sin necesidad de más documentos que un pasaporte del jefe de la Milicia, gratis, y visado por el alcalde. Este documento les servirá para el uso de su fusil o cualquiera otra arma con que haga el servicio la Milicia Nacional de su pueblo.

Artículo 13º.- A los Milicianos nacionales se exigirá solo por las licencias de escopeta y caza la mitad de lo establecido para estos documentos.

Artículo 14º.- Los alcaldes primeros desempeñaran en sus respectivos pueblos las funciones que ejercían en los distritos los subdelegados de partido, y se harán cargo de expender sin retribución alguna los pasaportes, licencias y pases, entendiéndose directamente con la Depositaria principal de la provincia.

Artículo 15º.- Los secretarios de los ayuntamientos autorizarán los documentos que se expendan y refrendarán los pasaportes como cargo de su destino. Las respectivas Comisiones de Seguridad y Protección fijarán las horas, el local para la refrendación de pasaportes, y propondrán al Ayuntamiento el aumento de sueldo a los secretarios que consideren bastante a remunerar este trabajo: el Ayuntamiento lo proveerá dando parte al Gobierno Político para su aprobación.

Artículo 16º.- Los Depositarios de Propios, y donde estos no hubiere los de contribuciones o cualquier otro fondo municipal (para lo que tendrán dadas fianzas) lo serán también bajo la mismas, de los documentos y caudales de este ramo con la retribución del uno y medio por ciento.

Artículo 17º.- En la Depositaria principal de la capital se llevará una cuenta individual con cada pueblo, y los alcaldes se entenderán directamente con los depositarios por lo respectivo a caudales y documentos.

Artículo 18º.- Los gastos de correo pertenecientes a este ramo serán de abono a los alcaldes y depositarios justificándolos en sus cuentas con los sobres.

Artículo 19º.- Al Depositario principal no se le abonará por su mayor trabajo más retribución que la que está asignada por reglamento; pero como no es posible que lleve con exactitud la cuenta individual y la correspondencia con todos los pueblos que comprende la provincia, se le abonarán dos escribientes.

Artículo 20º.- La contaduría de Propios, que lo era también de la Policía, y ahora lo será de Seguridad y protección pública, intervendrá en la entrega de documentos y recibo de caudales como lo ha hecho hasta ahora.

Artículo 21º.- Para que los productos del ramo se contenten, y para evitar perjuicio a los pueblos, pondrán estos sus productos en la Depositaria de Propios de las Capitales de las que hasta ahora han sido subdelegaciones de partido, lo que tendrán dichos fondos a disposición del Depositario principal, y a aquellos se les abonará uno por ciento de los ingresos que tengan los pueblos.

Artículo 22º.- Como la secretaria de la Jefatura política tendrá un aumento de trabajo con este plan, por si necesitare escribientes, se le abonarán doscientos ducados al año.

Artículo 23º.- Para los gastos indispensables de oficina, se abonarán al Depositario principal cien ducados anuales, y los que se necesite por una vez para mesa, tintero y demás útiles.

Imprimase el precedente Reglamento en el boletín Oficial de esta Provincia para su cumplimiento y archívese el original. Cáceres 3 de octubre de 1836. Antonio Pérez Alóe.

Boletín oficial de Murcia, núm. 595, sábado 8 de octubre de 1836, dice:

123.- “La contaduría principal de Propios a cuyo dictamen sometí mi deliberación sobre abono de gastos de las nuevas dependencias subalternas de protección y seguridad Pública; me dice con fecha de ayer lo que sigue: La acertada disposición de V.S. suprimiendo las subdelegaciones de Policía, quita las gratificaciones y asignaciones que gravitaban sobre sus productos; y han cesado en el día, confiriéndose el Ramo de Seguridad y Protección a los alcaldes constitucionales, como jueces o encargados de él, pues en este caso dichos destinos se sirven de estos, según instrucción de contabilidad, sin gratificaciones ni sueldo alguno; del mismo modo que los secretarios de ayuntamiento, siendo del ramo la obligación de extender los pasaportes, y por consiguiente su refrendo”.

Boletín oficial de Zamora, martes 15 de noviembre de 1836, núm. 188, página 791:

Por reiteradas reales órdenes que oportunamente se han comunicado a los alcaldes como encargados del ramo de Protección y Seguridad pública de los pueblos de esta provincia, prevengo a los referidos alcaldes que redoblen su vigilancia”.

Boletin oficial de Valladolid, jueves 29 de diciembre de 1836, núm 159:

Compete a los alcaldes constitucionales bajo la inspección de los jefes políticos la conservación de la tranquilidad y del orden público, y la seguridad y protección de las personas y bienes de los habitantes de sus respectivos distritos, en los términos que establece el capítulo 3º de la misma ley.

Mas abajo dice.

El 31 del presente mes queden extinguidas las depositarias principales de policía y las subdelegaciones de partido con todas sus dependencias.

Mas abajo dice…

Por consecuencia de la anterior resolución, la expedición de los pasaportes y licencias del ramo de Protección y Seguridad correrá desde 1º de nero de 1837 a cargo de los alcaldes constitucionales y de barrios, que recibirán los documentos de la mesa de contabilidad de esa secretaría”.

Boletín oficial de Guadalajara, núm. 76, viernes 30 de diciembre de 1836, pagina 312, dice que, las competencias son de los alcaldes y la expedición de los pasaportes igual.

El Reglamento provisional para la administración de justicia en lo respectivo a la real jurisdicción dice:

Artículo 33. Los alcaldes y los tenientes de alcalde, en el caso de cometerse en sus pueblos algún delito, o de encontrarse algún delincuente, podrán y deberán proceder de oficio o a instancia de parte, a formar las primeras diligencias del sumario, y arrestar a los reos”.

Artículo 35. En cuanto a lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos, los alcaldes y los tenientes alcaldes ejercerán la autoridad y facultades que les señalan o en adelante les señalaren las leyes y reglamento.

Boletín oficial de Murcia, núm. 42, Domingo 19 de febrero de 1837:

la protección y seguridad pública, compete a los alcaldes constitucionales, a los que corresponde de acuerdo con la real orden de 18 de diciembre de 1836, también la expedición de pasaporte, pases y licencias”.

Boletín oficial de Segovia, núm. 100, sábado 9 de septiembre de 1837. Exposición de S.M. la reina gobernadora.

Señora. Extinguido el ramo de Seguridad pública el 18 de diciembre del año último como consecuencia de haberse declarado en vigor la ley de 3 de febrero de 1823, se destruyeron los restos de la policía regularizada en 1824, y volvieron a encargarse de tan difíciles y delicadas funciones los alcaldes y ayuntamientos bajo la superior inspección de los jefes políticos. Pero si toda la nación vio con aplauso desaparecer una institución inaugurada bajo la influencia del despotismo más atroz, los buenos ciudadanos presintieron la necesidad de restablecerla bajo formas tutelares y protectoras, que al mismo tiempo que refrenasen al malvado, al díscolo y al conspirador, sirviesen de escudo al hombre honrado, pacífico y leal. Solo si podría ser la seguridad pública un apoyo útil al gobierno, una institución análoga a los fueros de la nación se ha dado y uno de los medios eficaces de concluir la guerra civil. Persuadido de esta verdad el que suscribe, no puede menos de llamar la atención de V.M. hacia el estado en que la sazón de se encuentra el ramo de seguridad pública.

Los documentos más interesantes que responden de la identidad de la persona y de la seguridad del viajero, los que autorizan para el uso de armas y para el ejercicio de las profesiones ambulantes, y en una palabra, todos los que pueden ocultar y disfrazar a los enemigos de la patria, se hallan en profusión en pueblos frecuentados por las facciones, y a la merced de autoridades en cuyo nombramiento el Gobierno no tiene participación; y aunque no puede desconfiarse de la lealtad y del interés por la buena causa de los alcaldes constitucionales; la naturaleza de sus funciones, el no gozar emolumentos por un trabajo arriesgado y penoso, y su situación difícil y apurada en gran número de poblaciones, les impide, a su pesar, el ocuparse en asunto tan privilegiado y vital con la constancia y celo que serían  menester.

De ahí nace la facilidad con que nuestros enemigos inundan de sus agentes las provincias fieles, promueven los desórdenes, excitan el descontento, y preparan el triunfo de la usurpación y del fanatismo. A estos males solo se puede ocurrir con una vigilancia severa, hábilmente ejercida por funcionarios que dependan del gobierno, e interesados en la ruina del ominoso Pretendiente. No hay una sola autoridad provincial, no hay una sola persona amante del país, que no clame por reformar tan útil y tan necesaria para coadyuvar al enérgico impulso que deben recibir las operaciones militares, y para contribuir a la pacificación general. No es sin embargo posponer a V.M. el restablecimiento de una máquina complicada y costosa, y mucho menos la creación de una nueva policía, porque además de que esto debería ser objeto de una ley, el estado de penuria de los fondos públicos no permite crear oficinas dispendiosas ni la urgencia del asunto tolera largas dilaciones. Creo que por ahora ser suficiente revisar los reglamentos que estan en vigor, formar de todos ellos un instrucción clara, precisa y análoga a la actuales institucione, y nombrar algunos agentes especiales usando la facultad que se reservó el Gobierno en el citado decreto de 18 de diciembre.

A este fin someto a la resolución de V.M. el nombramiento de una comisión compuesta de D. Juan Álvarez Guerra, presidente: Don Pablo Montesino y D. Dionisio Valdés, vocales; y D. José María Cambronero, secretario con voto, como encargado de la sección de seguridad pública de este ministerio; debiendo atenerse en la formación del reglamento a las observaciones que he elevado a V.M. sí mereciesen su alta consideración. Madrid 31 de agosto de 1837. Diego González Alonso.

REAL DECRETO

Conformándome con lo que me habéis propuesto en exposición de esta fecha, he venido en nombrar a D. Juan Álvarez Guerra, D. Dionisio Valdés, D. Pablo Montesino y D. José María Cambronero, el primero como presidente, y el último como secretario con voto, para que formen a la mayor brevedad, y sin traspasar las facultades y atribuciones que corresponden al poder ejecutivo, un reglamento claro, preciso y análogo a la actuales instituciones, que someteréis a mi aprobación para el gobierno del ramo de seguridad pública, consultando a la mas severa economía, sin excederse de lo consignado a este objeto en los presupuestos aprobados por las cortes. Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. Esta rubricado de la real mano. En palacio a 31 de agosto de 1837. Diego González Alonso.

Espero Martín Turrado Vidal, que le haya quedado muy claro, que la Policía General del Reino, no tuvo continuidad a partir del 5 de octubre de 1835, por tanto, el bicentenario de la Policía Nacional es irreal e inexistente.

José Luis Borrero González
Capitán retirado de la Guardia Civil.

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