Por Javier Gamero Kinosita / IPA Perú con el Ministro del Interior de Perú Gral. de la Policía Nacional del Perú D. Walter Ortiz Acosta

 


Examinando la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030


Uno de los más grandes desafíos de los Estados modernos en el mundo es la delincuencia transnacional organizada. que constituye una flagrante y perversa amenaza al Estado de derecho moderno y a la paz mundial en el siglo XXI, habiendo alcanzado dimensiones dramáticas en la región de América Latina y en especial el Perú, al haber formado coaliciones perniciosas entre organizaciones criminales, organizaciones terroristas y los carteles y firmas de la droga, poniendo en riesgo no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad de la región y del mundo.

La globalización y la revolución tecnológica

Factores que han contribuido a acelerar este proceso de expansión de la denominada industria del crimen organizado es la globalización de la economía y la revolución tecnológica, generando una movilidad social mucho más dinámica. La globalización ha acentuado el proceso de transnacionalización, no solo de determinados espacios geográficos, sino también de los acontecimientos, problemas y conflictos, hoy hay nuevos actores globales, vivimos en una sociedad multidimensional, policéntrica y contingente, una sociedad que yace en la multi -espacialidad, la pluri -temporalidad y la trans -individualidad.

La fragilidad de las fronteras y las economías ilegales

La denominada “industria del trans -crimen” con su marcada expansión en diversos países requieren de las economías ilegales allí existentes y muchas veces de la corrupción sistémica en los diversos estamentos de los países. Esta delincuencia organizada transnacional se aprovecha de la fragilidad de las fronteras entre los países de la sociedad global, lo que se traduce en una reducción  de los controles fronterizos, beneficiándose también de las vulnerabilidades de la infraestructura global de las comunicaciones, del sistema mundial del conocimiento, del entrelazamiento del sistema bancario y financiero internacional, del fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios y de la tendencia actual de la consolidación de sociedades cada vez más pluralistas, más liberales y abiertas y de menores controles estatales.

El Plan de Acción Resolutivo 922 de la Comunidad Andina sobre Delincuencia Organizada Transnacional

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) consciente de que uno de los principales problemas de la región Andina es el crimen organizado, dio lugar a que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en la ciudad de Lima el 21 de enero de 2024 en compañía de los Ministros a cargo de la Defensa y Seguridad Interna y de Justicia adoptaran un Plan de Acción Resolutivo de la CAN sobre la Delincuencia Organizada Transnacional adoptando medidas en los ámbitos de acciones en frontera, cooperación migratoria, cooperación aduanera, cooperación en minería ilegal, cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, operaciones policiales y militares coordinadas, cooperación en Inteligencia, cooperación reforzada contra el tráfico de armas, cooperación en materia penitenciaria, la capacitación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la creación de la Red Andina de Seguridad 24/7, la realización de un Foro Internacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional y la creación del Observatorio Regional Andino de Seguridad. En este contexto el Ministerio del Interior ha organizado un Foro Nacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional como preámbulo del próximo foro internacional andino sobre delincuencia organizada transnacional, en donde se analizó la situación actual y las políticas y estrategias que demandan los nuevos riesgos y las nuevas amenazas que exige de manera urgente reformular conceptos, redefinir programas y evaluar estrategias. El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Crimen Organizado proyecta realizar en el marco de la Resolución 922 de la CAN el 24 de mayo próximo el II Foro Nacional sobre Delincuencia Organizada Transnacional titulado “Minería ilegal, situación y estrategias para combatirla”.

Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030

En este contexto, la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030 elaborada por la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, consciente que la delincuencia organizada transnacional es un fenómeno delictivo y social de altísimo impacto global, constituyendo una amenaza directa a la democracia y a la seguridad nacional e internacional, promueve una lucha frontal contra este fenómeno mundial, orientando su accionar a un trabajo articulado entre entidades nacionales e internacionales  para combatir el homicidio y el sicariato, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, los delitos informáticos, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la criminalidad medioambiental, la pornografía infantil, la tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y el lavado de activos, entre otros.

 

 

Delitos del crimen organizado en el Perú revistos en la legislación penal

En el Perú la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, actualizada por el DL N.° 1244 comprende los siguientes delitos: el homicidio calificado, sicariato y la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, el secuestro, la trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, delito de tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, delito de marcaje o reglaje, genocidio, desaparición forzada y tortura, delitos contra la administración pública, delito de falsificación de documentos y lavado de activos.

 

 

Causas del crimen organizado en el Perú

La Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior ha identificado 4 causas del crimen organizado en el país:

  1. Debilidad del Estado peruano para combatir el crimen organizado

Según Daniel Brombacher, Director del Observatorio Europeo para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, asevera que un Estado débil posibilita el desarrollo de organizaciones criminales, permitiendo a las organizaciones criminales cuyas actividades están vinculadas a las economías ilícitas y otras acciones del crimen organizado, que encuentren un espacio favorable para desarrollar sus acciones utilizando como medios la violencia o la corrupción de funcionarios locales e incluso de autoridades políticas. La Política general Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado del MININTER subraya que las organizaciones criminales adquieren una cuota de poder considerable, al punto de convertirse ante los miembros de la población en actores con legitimidad para disputarse al Estado los territorios donde imponen su ley. Esta situación daña el tejido social, las instituciones y la democracia, ya que estas organizaciones tienen como meta conseguir que el aparato estatal y la sociedad trabajen en beneficio de sus intereses y utilizan los medios que sean necesarios para mantener sus negocios ilícitos.

Asimismo, tanto las Direcciones Especializadas de la Policía Nacional del Perú, así como las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público encargadas de investigar los delitos de crimen organizado adolecen de limitaciones económicas que implican un alto grado de complejidad. De igual forma, la gestión de la información del Estado peruano sobre el crimen organizado es limitada y deficiente. Igualmente, existen limitados canales de coordinación intra e interinstitucional entre los operadores de justicia y otras instituciones nacionales e internacionales. El Ministerio del Interior advierte también la debilidad en la formación y especialización de los operadores del sistema de justicia penal y de personal estatal especializado y por último, hace hincapié de una inadecuada legislación

  1. Existencia de mercados ilegales

El profesor italiano Pino Arlacchi sostiene, que los mercados ilegales son aquellos espacios donde se comercializan bienes y servicios prohibidos o especialmente regulados. El Estado no es capaz de controlar tan eficazmente como debiera el intercambio de productos ilícitos en un mercado caracterizado por su alta informalidad. El mercado ilegal necesita instituciones informales que permitan la comunicación entre los productores y los ciudadanos sin utilizar las vías formales y, así, evitar la sanción.

En el Perú, un gran problema para combatir el crimen organizado ha sido la limitada efectividad de los mecanismos de control y fiscalización del Estado. Según la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Lucha contra el Crimen Organizado realizada por el Ministerio del Interior, la ciudadanía considera que las acciones realizadas por el Estado para luchar contra este fenómeno no son suficientes. Esta desconfianza influye en la de legitimización del trabajo del Estado en su conjunto, por lo que genera una sensación de zozobra en la ciudadanía. Otro factor importante constatado es que la constante demanda por productos ilícitos no siempre es sancionada por la legislación nacional y por último, según Sonia Mejías en la Revista Española de Ciencia Política número 37 sostiene que en el Perú una de las razones que explican por qué operan estas organizaciones criminales pasa por la existencia de prácticas informales de índole social y económica.

  1. Tolerancia a los delitos contra el crimen organizado

El Ministerio del Interior advierte que el crimen organizado tiene presencia en toda la sociedad y en todos los estratos, varones, mujeres, niños, empresarios, políticos, ciudadanos, líderes de sindicatos y organizaciones, instituciones religiosas, comunidades campesinas y poblaciones nativas, instituciones y corporaciones (empresas, organizaciones políticas partidarias, colegios profesionales, universidades, iglesias, sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles, ONG) pueden ser afectados por los factores de riesgo del crimen organizado.

En el Perú hay una escasa prevención en materia de crimen organizado y factores de riesgo vinculados al crimen organizado. Existen factores individuales, factores familiares, factores sociales, económicos y comunitarios y factores ambientales. La Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado subraya, además, una advertencia de PROÉTICA, que en el Perú existe una tolerancia social al delito, nuestra sociedad suele ser altamente tolerante a la corrupción, verbigracia tenemos, las coimas, los sobornos, la vara, las argollas y el robo de los servicios públicos. El “amiguismo” y el denominado “patotismo” son usuales en la administración pública.

Esta tolerancia implica una cierta desesperanza frente al Estado, característica muy extendida en el tejido social. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) sostiene que una buena parte de ciudadanos reconoce estas prácticas corruptas, rechazando a las instituciones públicas por no hacer nada al respecto.

  1. Debilidad en la asistencia a víctimas del crimen organizado

La limitada asistencia a las víctimas influye en la tolerancia social al delito, de modo que la normalización del crimen organizado hace que las propias víctimas no se reconozcan como tales, generando que éstas no presenten sus denuncias. En consecuencia, se genera una tolerancia institucional al crimen organizado que reduce el interés de las autoridades, que terminan en la mayoría de los casos desestimando las denuncias y desatendiendo a la víctima.

Las víctimas de los delitos contra el patrimonio, por lo general el robo mediante  uso de la fuerza, estafa y otras defraudaciones captan la mayor proporción de denuncias seguidos de los delitos de extorsión, usurpación y receptación, homicidio calificado y sicariato, minería ilegal, trata de personas y micro comercialización de drogas. Es importante tener en cuenta que la afectación a la víctima varía de acuerdo con el tipo de delito, la localidad en la que se comete y los factores de riesgo de la víctima.

Acciones estratégicas del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen organizado en el Perú

 

 

  1. Fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales

Un primer paso en la lucha frontal contra el crimen organizado es fortalecer al Estado mediante una gestión eficiente y efectiva de recursos públicos, un eficaz sistema de gestión de información que, pueda integrarse entre diferentes instituciones y funcione con las más alta tecnología, un proceso de fortalecimiento de la formación y articulación de los operadores de justicia penal y funcionarios especializados y una adecuada legislación y aplicación de la normativa concerniente al fenómeno criminológico

  1. Fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales a nivel nacional y transnacional

Según la política peruana una sociedad segura requiere controlar los mercados ilegales, entendiendo su complejidad y las causas estructurales que los originan, en este sentido es necesario fortalecer la investigación, la inteligencia, el control y la fiscalización para finalmente sancionar penalmente a las organizaciones criminales. Ello requiere del trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial

Cuanto mayor sea el espacio regulado por la ley, menor será el espacio del que dispongan los mercados ilegales y la corrupción; por el contrario, cuanto menos rija la legalidad, mayores serán los márgenes con los que cuenten la informalidad, la ilegalidad, la violencia y la corrupción. De ahí la importancia de combatir las debilidades estatales con miras a generar soluciones sólidas.

  1. Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado en la población 

Según la política peruana, la lucha contra el crimen organizado necesita una perspectiva integral que vaya más allá del control, la fiscalización, juzgamiento y sanción, sino también en la prevención y en la asistencia de las víctimas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene que “la prevención del crimen engloba las estrategias y medidas que buscan reducir los riesgos de la infracción y los efectos perjudiciales que estos pudiesen causar en las personas y en la sociedad, incluyendo el miedo al crimen, combatiendo para ello sus múltiples causas”.

La prevención implica identificas los principales factores de riesgo que posibilitan el desarrollo del crimen organizado para tomar medidas, estrategias o acciones con la finalidad de evitar conductas o comportamientos que puedan convertir a la población en sujetos o víctimas de un delito. El ensayo criminológico de Puppo, F & Guillén H. (2012) afirma que es importante tener en consideración que la prevención disminuye el crimen en relación con el ciudadano común, ya que genera conciencia preventiva que le permite no ser parte de la victimización

  1. Fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado

Una tarea fundamental del enfoque integral para la lucha contra el crimen organizado es la atención a las víctimas, tarea fundamental relacionada con la protección internacional de los derechos fundamentales de la persona. Según S. Cuaresma en su ensayo sobre “La victimología”, esgrime la necesidad de formular y ensayar programas de asistencia, reparación, compensación y tratamiento de las víctimas del delito. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) considera que es  necesario contar con una reglamentación que asegure atención médica, psicológica, social y legal así como la defensa legal, protección y reintegración.