‘Todos los asesinatos’ de etarras contaron con movilizaciones contrarias en Euskadi. El Instituto Valentín de Foronda aborda la primera gran revisión sobre los efectos de ETA. El 92% de los asesinatos los ha perpetrado ETA desde 1968 hasta 2010. Los historiadores llaman a no relativizar a las víctimas ni justificarlas por el franquismo. Cuestionan también el rigor del informe que el Gobierno vasco encargó al ex obispo Uriarte.
Las víctimas del terrorismo sufrieron un «elocuente» grado de «abandono social» en Euskadi hasta mediados de la década de 1980. En la Transición el 76% de esos asesinatos careció de respuesta en forma de movilización social de protesta. En la primera etapa de la consolidación democrática fue el 82%. «Al contrario, todos los asesinatos de miembros de ETA contaron con réplicas en forma de huelgas y manifestaciones, incluyendo constantes expresiones de apología del terrorismo». Es una de las conclusiones del amplio «Informe Foronda. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas» que ha presentado esta mañana en el Parlamento Vasco el equipo de investigadores del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, perteneciente a la Universidad del País Vasco.
El informe, de 187 páginas, está encabezado por el doctor en Historia Raúl López Romo y es fruto de un encargo del Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque es más preciso decir que es fruto de una enmienda que el PSE-EE arrancó al Ejecutivo nacionalista en el debate de presupuestos de 2015, preocupado por la línea del Plan de Paz y Convivencia de Jonan Fernández, que está centrándose en ofrecer cifras de asesinados y heridos desde 1960, incluyendo fenómenos tan distintos como las víctimas del terrorismo (ETA, GAL, etc.) y las de abusos policiales y torturas, sin determinar los contextos históricos en las que estas se produjeron. Los historiadores han puesto en valor los criterios académicos que debe guiar cualquier investigación seria al respecto y cuestionan en su estudio el rigor de informes como el encargado al ex obispo Juan María Uriarte, quizá «bienintencionado» pero con un equipo en el que no trabajaron historiadores.
El informe se centra especialmente en ETA, como principal agente vulnerador de los derechos humanos y de las libertades democráticas en el último casi medio siglo del País Vasco, tanto «cuantitativa» como «cualitativamente», en buena medida por el respaldo social de la que ha gozado (cuando en el caso de los GAL, por ejemplo, fue residual) y por la intención política de sus crímenes: eliminar a parte de sus conciudadanos y aterrorizar al resto para imponer un proyecto político, soportado por su brazo político, las sucesivas marcas de Herri Batasuna, y asentando de este modo una «cultura de la violencia» que sólo poco a poco, especialmente tras su estrategia de «socializar el sufrimiento», concitó la respuesta en la calle de una parte de la sociedad vasca, con especial mención a Gesto por la Paz.
Al menos 15.000 amenazados
Los números, contrastados y revisados a conciencia por estos historiadores: 914 muertos en 43 años, 845 (el 92%) a manos de ETA y sus organizaciones afines, que actuaron con particular intensidad en los años claves de la democratización de España, tras la dictadura franquista.
De los heridos han sido 2.533 personas las que han recibido indemnización por ello. Las cifras económicas: sólo entre 1971 y 2001 el Consorcio de Compensación de Seguros pagó 161.695.499 euros por daños personales y materiales provocados por el terrorismo. Los amenazados: hasta 2001 ETA recabó informaciones de un mínimo de 15.000 individuos de distintos sectores profesionales y procedencias geográficas. Por ejemplo, en el año 2000 cerca de 1.000 personas tuvieron que llevar escolta. Cargos ‘populares’, empresarios, políticos socialistas, intelectuales… «Una parte muy importante de la sociedad vasca ha estado coartada a la hora de participar en política y expresar libremente sus ideas».
Entre sus conclusiones destacan consideraciones relevantes hacia los encargados de impulsar las políticas públicas, destacadas esta mañana en la Comisión de Derechos Humanos por Rodolfo Ares (PSE-EE), Carmelo Barrio (PP) y Gorka Maneiro (UPyD), que han destacado el «rigor» de este Instituto y sus trabajos «de referencia». Los historiadores llaman a «atribuir responsabilidades a los victimarios». También a «evitar la relativización de las víctimas del terrorismo», un riesgo muy percibido en Euskadi. En este sentido han denunciado que, merecedoras de todo reconocimiento y de sus derechos como víctimas, las del franquismo y las de los abusos policiales por parte de determinados funcionarios del Estado no pueden utilizarse para justificar o comprender el terrorismo de ETA como una especie de «tragedia» inevitable de la que «todos» serían responsables y por tanto nadie lo sería, en la línea de lo escrito por Hannah Arendt.
«Dignificar a las víctimas del terrorismo implica no considerarlas la consecuencia de una tragedia acaecida en la historia de forma inevitable o como producto de la mala suerte: fueron asesinadas y los responsables son sus victimarios, que tienen nombre y apellidos, y militaban en una u otra organización que cometía, y después reivindicaba, crímenes que tenían un carácter político; es decir, que iban dirigidos a imponer un determinado proyecto de poder», asegura el informe.
«En este sentido, cualquier política pública debe descalificar a los perpetradores y evitar la rehabilitación como tales de estos últimos ante la opinión ciudadana, así como la relativización de sus actividades, que se deriva de su comparación simétrica con violaciones de la ley cometidas por servidores del Estado. Estas fueron responsabilidad de una parte de los funcionarios, mientras la mayoría respetaba las normas del Estado de derecho y de la democracia», añade. «Honrar a ‘todas las víctimas’ o plantear una ‘memoria integradora’ lleva, si en esas expresiones se incluye tanto a víctimas del terrorismo como a, pongamos por caso, miembros de ETA a los que les explotaron accidentalmente los artefactos que portaban o que resultaron fallecidos en enfrentamientos con las FSE, a igualar a todas esas personas en una suerte de ‘memoria nacional niveladora’. Del mismo modo, es preciso evitar aquellas referencias a las víctimas del franquismo, merecedoras de reconocimiento y reparación, cuando se hace con el objeto de justificar el surgimiento del terrorismo en Euskadi o a suavizar su trayectoria».
EH Bildu ha considerado que es un «relato parcial» de los sucedido y que el informe sitúa a las víctimas del «Estado» en un segundo lugar. En la comisión estaba precisamente el historiador José Antonio Pérez, que forma parte de la comisión de valoración de abusos policiales que está intentando reparar a un víctimas de este tipo hasta la etapa democracia por mandato del Gobierno vasco en una decisión que se tomó en la legislatura pasada (PSE). Pérez ha subrayado que en ningún caso relegan a las víctimas policiales, pero que éstas tienen un origen «diferente» y con esa diferencia deben ser estudiadas.
Maribel Vaquero (PNV) ha dicho que «todos los informes» son «bienvenidos» y que entre todos ellos se conformará la «verdad» de lo ocurrido. También ha puesto en valor el Plan de Convivencia del Gobierno vasco, que precisamente adolece de todas estas matizaciones porque mira de forma «crítica» al pasado y reconoce a «todas las víctimas».
EL MUNDO
