Por: José Luis Borrero González.
En los últimos años hemos asistido a un proceso de manipulación institucional sin precedentes en torno a la historia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el 2024, el Gobierno de España y la Policía Nacional han celebrado de forma oficial lo que denominan su bicentenario, con actos solemnes y una narrativa que presenta al cuerpo heredero directo y con continuidad desde la llamada Superintendencia General de Policía del Reino, creada por Real Cédula de 13 de enero de 1824.
Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento documental y vulnera la más elemental honestidad histórica. Dicha Superintendencia fue suprimida por “inutilidad” mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1835. No fue una reestructuración ni una integración funcional. Fue la disolución expresa de una institución “la Policía General del Reino”. Y, como si no bastara, meses antes, el 23 de julio de 1835, por real decreto se había transferido las funciones de seguridad pública a los alcaldes constitucionales, vaciando de sentido operativo al cerpo.
La Reina Regente, María Cristina de Borbón, consciente del rechazo popular hacia la Policía General del Reino, crea por Real
Decreto de 26 de agosto de 1836, el nuevo reglamento de Policía, compuesto por 23 artículos, en ninguno de ellos menciona a la policía, dejando en manos de los alcaldes y jefes políticos provinciales, el denominando Ramo de Protección y Seguridad, para evitar el uso del término “policía” por su carga represiva. Se establece así una discontinuidad clara y deliberada. El vocablo “policía” desaparece para denominar con ese nombre a cualquiera fuerza pública durante 73 años.
A pesar de esta evidencia, se ha promovido desde ciertos sectores una versión alternativa de la historia. Destaca aquí el papel
del inspector jefe retirado de la Policía Nacional e historiador Martín Turrado Vidal, quien ha sostenido que en 1835 sólo se suprimió la “cabeza” de la Policía y no la institución en su conjunto, que según él habría seguido funcionando de forma operativa y desplegada por todo el territorio nacional estratégicamente situados. Esta hipótesis no solo es insostenible documentalmente, sino que ha servido de base para legitimar una celebración oficial que falsea la historia.
Lo más preocupante es la falta de reacción crítica por parte de los propios agentes de la Policía Nacional. Muchos han asumido sin cuestionamiento alguno una narrativa que no podrían sustentar si se les pidiera situar los supuestos despliegues policiales en cada ciudad española durante el siglo XIX. Ni conocen cuándo ni cómo fueron creados los sucesivos cuerpos que, de manera efímera, actuaron en determinados periodos, circunscritos a Madrid capital, ni pueden mostrar una cadena instiucional de continuidad.
La realidad es que tras la supresión de 1835 y la creación del Ramo de Protección y Seguridad, la seguridad pública en España quedó encomendada a los alcaldes constitucionales, al ejército y a las milicias nacionales, como se refleja en documentos como la carta del general ministro de la Guerra Mazarredo al ministro de la Gobernación (1843) y del artículo del jefe político de Madrid, José Grases, en el Soberano (1841).
Durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron iniciativas parciales como el Cuerpo de Vigilancia para Madrid (1852, suprimido en 1854, rescitado en 1856, eliminado en 1868), el Cuerpo de Orden Público (creado el 3 de junio de 1870 y no como afirma la Policía Nacional el 1 de octubre de 1868), y, finalmente, el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad (desde 1877). Pero ninguno de estos organismos tuvo continuidad con la Policia de 1824, ni operó de forma nacional hasta bien entrado el siglo XX. Los presupuestos generales del Estado de 1892, 1896, 1902 y 1910 demuestran que dichas instituciones quedaron centradas especialmente en Madrid.
Lo verdaderamente grave es que esta ficción histórica ha servido para despojar a la Guardia Civil de ser la fuerza de seguridad más antigua y con continuidad institucional desde su fundación en 1844, y del cuerpo verdaderamente desplegado por todo el territorio nacional. Es decir, han marginado a la Guardia Civil de manera consciente por un relato que pretende priorizar a la Policía Nacional con un legado que no posee.
Este intento de anular a la Guardia Civil en favor de una Policía Nacional falsamente bicentenaria, supone una malversación simbólica e incluso económica, pues se han destinado fondos públicos a la celebración de un evento ficticio. Existen documentos primarios, reales decretos, gacetas, presupuestos y testimonios oficiales que desmontan esta FARSA con la contundencia de los hechos.
La responsabilidad no recae solo sobre qienes han impulsado este relato, sino también sobre las instituciones que lo han permitido, incluidos algunos sectores del propio Gobierno. El uso de la historia como propaganda institucional no solo degrada el debate público, sino que socava la confianza cidadana en las propias instituciones.
Es hora de que la verdad histórica se imponga. El respeto a la memoria institucional y a la inteligencia de los ciudadanos exige que se rectifique. No se puede construir una Policia más fuerte sobre la falsificación del pasado. La historia no se inventa: se demuestra.
Por último cabría decir, si la Policía Nacional nos miente en su relato histórico, es como para fiarse de ella en envites de mayor importancia.
José Luis Borrero González.