El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante este organismo en la que cifra en más de ocho millones de euros el dinero desviado por el Gobierno del ex presidente Carlos Puigdemont para el referéndum ilegal del 1-O, han confirmado fuentes del Ministerio Público.
La demanda se dirige también contra el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de ex consejeros. La demanda afecta a todos los consejeros del equipo de Puigdemont e incluso a la que por entonces era interventora de la Generalidad catalana, y eleva el desvío de dinero público a una cantidad muy superior a las manejadas en la causa que se investiga en el Supremo.
La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.
La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para el 1-O.
El escrito de la Fiscalía se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el ex presidente catalán y sus ex consejeros por los mismos hechos, si bien en el caso de estas organizaciones el dinero irregularmente gastado sería de 1,97 millones de euros de fondos públicos.
El informe del fiscal del Tribunal de Cuentas contra Puigdemont y los miembros de su Gobierno catalán responsables de gastar dinero público en el 1-O será el inicio de un proceso que, tras el nombramiento de delegado instructor, desembocará en 2019 en el embargo preventivo de bienes de Puigdemont y miembros del Gobierno autonómico catalán.
El Tribunal de Cuentas tiene potestad para ordenar el embargo internacional de las propiedades de Puigdemont, aunque habrá que ver cómo ha actuado éste y su equipo con los bienes a su nombre.
En el caso del 9-N, el Tribunal de Cuentas condenó al ex presidente Arturo Mas y los ex consejeros Juana Ortega, Francisco Homs e Irene Rigau a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalidad catalana en la consulta soberanista de 2014.
Puigdemont ha conocido la denuncia de la Fiscalía en Ginebra, donde había acudido para presentar una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por «vulneración» de derechos.