Venezuela se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación del Gobierno en funciones. Prueba de ello fue la convocatoria, la semana pasada, del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la actual situación del país sudamericano y de los 400.000 españoles residentes allí. El Ejecutivo, llegado el caso, no descarta incluso la evacuación de los compatriotas que lo soliciten si éstos se encuentran en peligro.
Según explica hoy El Confidencial Digital citando fuentes bien situadas en Exteriores, el Gobierno no contempla, a día de hoy iniciar en Venezuela una especie de “Operación Neo” ((Non-combatant Evacuation Operation) para repatriar a los emigrantes españoles, tal y como pasó hace dos años con la veintena de españoles rescatados de Libia a través de Túnez.
No obstante, la evacuación de los compatriotas residentes en el país sudamericano, teniendo en cuenta la actual situación del país, tampoco resulta algo imposible: “La tensión allí es máxima. Y, si se produce un estallido social grave, el Gobierno tiene la obligación de actuar”.
En ese sentido, desde el Ejecutivo explican que, en un ambiente casi gerracivilista, el inicio de un rebelión en las calles pondría en riesgo la seguridad de los españoles que residen en Venezuela, por lo que los trámites para iniciar la evacuación estarían más que justificados.
El protocolo depende las FFAA
Las fuentes consultadas por ECD explican que, en el caso de que el Gobierno decidiera dar el paso de evacuar a los españoles residentes en Venezuela que estén en peligro, debería esperar a que las Fuerzas Armadas preparasen el operativo necesario para llevarlo a cabo.
Ese tipo de operaciones, añaden desde el Ejecutivo, dependen de las FFAA, por lo que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa es el encargado de decidir el cómo y el cuándo proceder para repatriar a los emigrantes españoles en el país latinoamericano.
Desde el Ejército concluyen que “siempre hay un plan de contingencia” para evacuar a los españoles de cualquier país. No obstante, los detalles de ese plan deben actualizarse a través de un informe actual en el que se especifique cómo llevarlo a cabo y a cuántas personas afectaría, además del despliegue a realizar.