El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó ayer la libertad bajo fianza de 15.000 euros a los últimos cuatro detenidos por la Guardia Civil en la denominada operación Pastor contra el supuesto aparato de apoyo a los presos de ETA.
El magistrado imputa a Oihana Barrios, Izaskun Abaigar, Nagore López de Luzuriaga y Fernando Arburua un presunto delito de “integración terrorista”, recogido en el artículo 571 del Código Penal, y castigado con penas de 15 a 20 años de cárcel. Además de la fianza, a López de Luzuriaga el juez le impone la prohibición de efectuar visitas a los presos sin su permiso.
En concreto, el auto dictado por Velasco señala que las cuatro personas ya en libertad actuaban a las órdenes de ETA para cohesionar a los presos bajo la cobertura de los colectivos Etxerat y Jaiki Hadi de asistencia a los reclusos. Según informó el Ministerio del Interior, cuando se produjeron los arrestos, estas cuatro personas participaban de un grupo llamado Núcleo de Coordinación o KG, en el que confluían los representantes de distintas organizaciones de apoyo a los presos . Los miembros del KG asistían a sus reuniones “conscientes de que integraban un espacio de coordinación diseñado y liderado por ETA y de que subordinaban sus actividades y las de las organizaciones a las que representaban a los intereses de la organización terrorista”, según el departamento dirigido por Fernández Díaz.
En el auto emitido ayer, el juez señala que a López de Luzuriaga, que participó en la reunión que mantuvo una representación de Etxerat con el lehendakari Urkullu, la Guardia Civil le incautó un manual de “cómo fabricar un terrorista”.
Etxerat ha manifestado que el manual “cómo fabricar un terrorista” se trata de un documental de producción checa sobre el conflicto político de Euskal Herria.
Velasco afirma también que en la operación les fueron requisados a otros dos detenidos pequeños rollos de papel en forma de canutillos utilizados para hacer llegar información de los presos a la dirección de la organización. Según el magistrado, en uno de los canutillos incautados un preso advertía de su separación del EPPK y asumía que, como consecuencia de ello, se quedaría sin asistencia letrada, psicológica y económica.
Por su parte Etxerat emitió ayer un comunicado en el que denuncia que la operación Pastor ha querido “atacar directamente al derecho a la salud, a la asistencia médica de confianza”. “La política de venganza del Gobierno español, por encima de cualquier otro propósito, continúa golpeando sistemáticamente sus derechos humanos”, señaló. Etxerat critica la “política de venganza contra “familiares, allegados, amigos de presos, y de exiliados políticos vascos”, al tiempo que remarcaba que no pueden detenerles por ser familiares, pero “pueden hacerlo criminalizando Etxerat”.
