Sin seguridad ni defensa no hay libertad, ni progreso, ni bienestar; por lo tanto, sin seguridad y defensa no hay democracia».
El PP pretende que mensajes de este tipo se cuelen en las aulas y resuenen en los oídos de los escolares. Tal es así que ya ha emplazado al Gobierno a mover ficha para que la labor de las Fuerzas Armadas sea estudiada dentro de una asignatura. Los populares quieren «fomentar y concienciar sobre la cultura de la defensa como pilar de apoyo fundamental de la sociedad española, prestando especial atención a la población joven».
Así, considerando que las etapas formativas constituyen el entorno más idóneo de aplicación de estas actuaciones, han planteado al Ejecutivo que «a lo largo de los diversos ciclos educativos se dé a conocer a nuestros jóvenes la defensa como un servicio público básico y en el currículo de las asignaturas correspondientes se incluyan los contenidos y valores asociados a ella».
Esta iniciativa ha llegado al Ejecutivo de Mariano Rajoy en forma de mandato parlamentario del Senado, después de que los populares sacaran adelante una moción que sorprendentemente también ha tenido el apoyo del Partido Socialista, identificado con un espíritu pacifista sobre todo en los primeros años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a que ya existen convenios de colaboración entre instituciones educativas y el Ministerio de Defensa, en los que se acerca el papel del Ejército a los estudiantes (por ejemplo, el programa ‘4º ESO + Empresa’ de la Comunidad de Madrid), el PP apuesta por extender la cultura de la defensa a la mayor comunidad escolar posible.
Entre los grupos políticos más críticos con este plan de los populares se encuentra la Entesa pel Progrés de Catalunya, la entente catalanista que conforman PSC, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida en la Cámara Alta. Para la Entesa, no tiene sentido proponer la incorporación de contenidos sobre el Ejército en los currículos educativos. «Nos encontramos ante una cierta saturación de materias en los currículos reglados, especialmente de educación secundaria», advierte, al mismo tiempo que reclama al PP mayor «prudencia» en este tipo de cuestiones sensibles.
«Hablar sólo de seguridad sin hacerlo de libertad, de democracia y de justicia nos parece claramente insuficiente y probablemente sesgado», critican desde la Entesa
En la misma línea, la coalición PSC-ICV-EU ve coincidencia en el redactado de la propuesta con la polémica eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. A juicio de la Entesa, es en el ámbito de una formación más amplia sobre los derechos de la ciudadanía, sobre el ejercicio de la democracia y el papel fundamental de la seguridad para ese ejercicio donde debería darse esa información (la necesaria para poder ejercer el derecho de defender España –artículo 30 de la Constitución–, según el PP).
De este modo, la entente catalanista se opone a limitar dicha información a un único aspecto, ya que, señala, «hablar sólo de seguridad sin hacerlo de libertad, de democracia y de justicia nos parece claramente insuficiente y probablemente sesgado».
Desde el PSOE han respaldado la iniciativa argumentando, entre otras razones, que los españoles tienen aún una «baja conciencia de lo militar y de la cultura de defensa». Añaden que las sucesivas encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que las respuestas ante las cuestiones relacionadas con la defensa «producen unos porcentajes mucho más bajos que los de los países europeos de nuestro entorno».
Los socialistas han dado su visto bueno a la moción del PP una vez que los populares han aceptado una enmienda suya. En ella, el principal partido de la oposición pide al Gobierno que si da el paso y pone en marcha los mecanismos de implantación de estos contenidos, los ministerios de Defensa y de Educación, Cultura y Deporte «actúen en colaboración de las comunidades autónomas en el ámbito propio de sus competencias».
CiU se adelanta a los acontecimientos
Precisamente, la cuestión territorial es la que ha distanciado a Convergencia i Unió (CiU) de la iniciativa, que ha evitado apoyar. Los nacionalistas catalanes, con la mente puesta en su proceso soberanista, han reclamado que el artículo 30 de la Constitución «nunca pueda llevarse a efecto contra la voluntad, debidamente acreditada por las urnas, de los ciudadanos de una parte del territorio».
Ante ello, los populares recuerdan que ni se ha producido ni se producirá una votación secesionista y recalcan que dicho precepto constitucional «dice claramente que el deber y el derecho de defender a España corresponde a todos los españoles, sin diferencia del lugar donde viven».
Benemerita al Dia/Vozpopuli
