El presidente de la Generalidad catalana, Joaquin Torra, exige al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que adopte «medidas disciplinarias» contra los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que, según denuncia, han protagonizado agresiones o incidentes contra independentistas.
En una escalada verbal que se produce en paralelo a las acusaciones contra los Mossos d’Esquadra de actuar como «policía política» por haber identificado y amenazado con multas a personas que quitaban lazos amarillos independentistas, el jefe del ejecutivo catalán reclama al Gobierno de manera urgente «poner fin a la escalada de violencia en Cataluña por parte de grupos violentos, así como depurar responsabilidades».
Esta exigencia viene en este momento tras la identificación de un agente de la Guardia Civil dentro del grupo de 14 personas que quitaban lazos amarillos el pasado viernes en Tarragona. Identificación que fue filtrada por parte de Mossos a miembros de la CUP y que estos a su vez comunicaron a medios de comunicación.
Sobre este caso, y después de que el vicepresidente del Parlamento (JpC) aludiese a la «extrema derecha policial», Torra insistió en que «de las personas identificadas, parece contrastada la participación de un agente de la Guardia Civil en estos grupos armados y organizados que recorren el territorio catalán». Estos mismos grupos denunciaron a ABC por contra la filtración interesada de la identidad de esa persona por parte de lo que definen que es una «policía política».
«Encapuchados y armados»
Precisamente, el papel de los Mossos sigue siendo objeto de polémica. Hace pocos días, el propio Torra defendía su actuación en Tarragona. «Al margen de cualquier cuestión partidista», los Mossos tratan de «cuidar por la seguridad de todos, y cuando resulta que una noche cualquiera un grupo de encapuchados con armas blancas, con navajas, y con planos, están en nuestras calles, lógicamente, los Mossos deben actuar por la seguridad de todos», apuntó el presidente catalán.
En esta polémica, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se pone de perfil, y ayer la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, anunció que este asunto se abordará de manera conjunta entre el Gobierno y la Generalidad en una próxima Junta de Seguridad. El Ejecutivo, que dice no tener «una información de carácter jurídico y legal para valorar si la actuación es correcta o no», sí considera no obstante que este tipo de acciones -la colocación de lazos- «pueden despertar en otras personas que piensen diferente el interés de llenar el espacio público de otro tipo de símbolos», entrando «en una escalada inabarcable».
En cualquier caso, Botella indicó que los Mossos tienen competencia en seguridad ciudadana, apuntando que si «dan el paso -de multar- es porque entienden que tienen la capacidad para hacerlo». Por su parte la fiscal general del Estado, considera que no hay delito ni en la colocación ni en la retirada de lazos amarillos.
«Expíritu tóxico»
Quienes sí se movilizan en contra de la actuación de la policía catalana son asociaciones como Impulso Ciudadano, movimiento cívico contrario a la independencia que denunció ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al consejero de Interior, Miguel Buch, al jefe de la policía autonómica catalana, Miguel Esquius, y a su director general, Andres Juan Martínez.
También aludió a la polémica de los lazos el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, para quien estos símbolos «más que ser un símbolo de libertad, se están convirtiendo en una soga a la convivencia para aquellos que no son independentistas». «Retirar lazos amarillos no solo es un ejercicio de libertad de expresión sino que es una obligación para respetar y dar cumplimiento a las ordenanzas municipales», apuntó Fernández.