Supremo constitucionalidad electrico tributos nucleares EDIIMA20160629 0492 58

Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas) se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean las entidades bancarias las que paguen este tributo, han informado fuentes de este tribunal.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala Tercera, el primero ha emitido una nota en la que explica que la avocación a Pleno del primero de los recursos que hay pendientes sobre este asunto forma parte de las atribuciones del presidente de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo «siempre que lo estime necesario para la administración de justicia», sin perjuicio de las facultades de los 31 magistrados que lo integran «para resolver lo que en derecho proceda».

La reunión entre Lesmes y los magistrados ha sido un encuentro de carácter interno para analizar la situación creada después de la citada sentencia y de la nota posterior en la que se anunciaba la convocatoria de un pleno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera) para confirmar o no el nuevo criterio. Al término de la reunión, Lesmes ha hecho público un comunicado en el que recuerda que la sentencia del jueves «es firme y no susceptible de revisión» por el pleno de la Sala Tercera, por lo que produce ya «plenos efectos» respecto a la nulidad del artículo del reglamento que establecía que el impuesto de actos jurídicos documentados tiene que pagarlo el cliente que firma la hipoteca.

En el pleno del 5 de noviembre no se revisará esa sentencia, sino la decisión de que sea el banco, y no el cliente, el que tenga que pagar el impuesto. Ese criterio suscrito por la sección segunda de la sala, que es la experta en tributos, sí se puede cambiar. Pero, como recuerda Lesmes en su escrito, la nulidad del precepto legal que establecía que era el cliente quién tenía que asumir el impuesto ya no se puede revertir. Si el pleno de la sala quisiera volver ahora a la premisa anterior de que el tributo lo tenía que pagar el cliente tendrá que justificar una interpretación de la ley vigente a favor de esa tesis.

El presidente del Supremo ha revelado además que, al margen de la sentencia conocida el jueves, ese día se dictaron otras dos sobre el mismo asunto y que están solo pendiente de ser notificadas. En su escrito Lesmes respaldala actuación de los seis magistrados que suscribieron la sentencia (cinco a favor de que fuera el banco el que pagara el impuesto y uno en contra). Según el presidente, los jueces actuaron «con plena lealtad» al Supremo, así como «con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso». Estas palabras de Lesmes llegan después del malestar creado en la Sala de lo Contencioso porque el entorno de su presidente, Luis María Díez-Picazo, lamentó que los jueces no le informaran de que iban a cambiar el criterio hasta entonces vigente en el alto tribunal sobre el impuesto de las hipotecas.