Por Javier Gamero Kinosita & Violeta Beas Otero /MININTER
En el marco del Día Mundial del Refugiado, se realizó el Primer Encuentro Binacional de Intercambio de Experiencias en Materia de Refugio, Trata de Personas y Violencia Basada en Género (Perú – Ecuador), organizado por la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tumbes y el Gobierno Regional de Tumbes, con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por GIZ a través del Programa Apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú (SI FRONTERA). Por el Ministerio del Interior del Perú asistieron los juristas Javier Gamero Kinosita, Director General de Seguridad Democrática y Violeta Beas Otero, Asesora Legal de la Dirección de Derechos Fundamentales.
Expositores y temas abordados en dicho evento
La Dra. Rosa Elena Arias Rojas de la Comisión Especial para los refugiados con la ponencia “La figura del Refugio en el Perú”, la magister Vanessa Valarezo, Directora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con la ponencia “La figura del Refugio en el Ecuador”, la licenciada Herminia Navarro Blaya, Representante de CHS – Alternativo, el magister Javier Gamero Kinosita Director General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior con la ponencia “El rol el Ministerio del Interior en la lucha contra la Trata de Personas”, la abogada Violeta Beas Otero, Asesora Legal de la Dirección de Derechos Fundamentales con la ponencia “La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030”, el Dr. Roberto Antonio Villacorta Domínguez de la Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas de Tumbes con la ponencia “Socialización de atención y rutas de asistencia a víctimas en temática de Trata de Personas en Perú”, la magister Vanessa Almeida Costales, Directora Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior de Ecuador con la ponencia “Socialización de atención y rutas de asistencia a víctimas en temática de Trata de Personas en Ecuador”, Dr. Roland Flores Ventimilla del Programa Warmi Ñan Tumbes con el tema “Socialización de atención y rutas de asistencia a víctimas en temática de violencia de género – Perú”, magister María José Espinoza Romero, Coordinadora Zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social con la temática “Socialización de atención y rutas de asistencia a víctimas en temática de violencia basada en género – Ecuador”
¿Qué es la trata de personas?
El delito de trata es un fenómeno criminal complejo, multifactorial y multicausal, un delito transnacional y de lesa humanidad, que constituye un desafío a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, siendo la nueva forma de esclavitud contemporánea del siglo XXI y un símbolo del desprecio por la humanidad. La trata de personas no es un delito aislado, es un delito fuente a economías ilegales o delitos conexos (minería ilegal de oro y cobre, tráfico ilícito de drogas, tala ilegal, etc.), es una industria de servicio a economías ilegales, que provee mano de obra forzada y servicios sexuales para los miembros de las redes delictivas, implica un enfoque macro criminal, que nos revela una vida robada, una dignidad pisoteada, que debilita a la sociedad y destroza familias. La trata es un delito universal que constituye hoy en día, una amenaza internacional en los espacios globales comunes del presente siglo, dinamiza las economías ilegales, a través de autores criminales locales, sin embargo, a pesar de ello es uno de los delitos menos investigados y sancionados.
En el Perú, la trata de personas suele presentarse bajo la apariencia de oportunidades legítimas que engañan a las víctimas mediante promesas falsas de progreso y bienestar. La vulnerabilidad socioeconómica, unida al deseo de mejorar las condiciones de vida, convierte a numerosos ciudadanos en blanco fácil para redes de captación, transporte y retención con fines de explotación. Esta dinámica resulta especialmente efectiva en contextos donde las oportunidades laborales y económicas son escasas, lo que impulsa a las personas a migrar en busca de un futuro más prometedor.
Daños materiales, sociales, morales y psicológicos del delito de trata de personas
El delito de trata genera daños materiales originando pérdida de ingresos (lucro cesante) tales como gastos médicos, gastos farmacéuticos, gastos de representación legal, daños sociales que atentan contra el proyecto de vida de las víctimas, generando aislamiento social y pérdida de oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales deteriorando las relaciones familiares debilitándolo en el seno familiar y comunitario, daños psicológicos a través de alteraciones emocionales y cognitivas, generando efectos post traumáticos, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad y estrés y por último, daños morales que se manifiestas en padecimientos ad intra que se manifiesta en la percepción de la víctima que tiene sobre si misma ante los demás y padecimientos ad extra que se manifiesta en su sentido de valoración externa.
Es importante destacar que el impacto psicológico de la trata de personas en las víctimas puede ser tan profundo que muchas de ellas no logran reconocer que están siendo objeto de este delito. Como resultado, tienden a normalizar las situaciones de explotación y abuso, sin identificarse a sí mismas como víctimas, lo que dificulta su búsqueda de ayuda y el acceso a mecanismos de protección y restitución de derechos.
Bienes jurídicos tutelados en el delito de trata de personas
- La libertad personal: Es una condición innata del ser humano que le permite manejarse conforme a sus propios pensamientos y decisiones; en el sentido filosófico es un estado existencial del hombre, el cual es dueño de sus actos sin sujeción alguna. La teoría del jus naturalismo en la filosofía de la Ilustración se definía a la libertad como un derecho natural supremo anterior a toda ley.
- La dignidad humana: Es un valor, una norma y un derecho fundamental que representa el interés social de que toda persona sea reconocida y tratada como tal y que no sea reducida a un objeto, instrumento o cosa. Rige el principio de la prohibición de la cosificación, no se le puede tratar como una cosa intercambiable o como una propiedad que puede ser comprada, vendida o alquilada. Prohíbe la instrumentalización del ser humano como mercancía.
La figura del refugio en el Perú
La data registra que 63,200 personas refugiadas murieron en los últimos 10 años, en el Mediterráneo se registraron 28,000 muertos, solo en el continente americano se estima un promedio de 23 millones de desplazados precisando que 500,000 personas cruzaron la región del Darién. Las motivaciones fueron el temor fundado de persecución, la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo social y opiniones políticas.
En el Perú se han registrado un total de 500,000 solicitudes de refugio, de los cuales 7,200 refugiados fueron reconocidos como tales. El 2024 se registraron 30,000 solicitudes y hasta el mes de junio del 2025 se van registrando 8,900 solicitudes. Es necesario subrayar la distinción entre migrante y refugiado, el migrante decide emigrar por sí mismo, mientras que el refugiado es perseguido y huye.
En el Perú los solicitantes a refugiados se someten a un proceso de calificación, de ser admitidos como tal, ellos tienen derecho a un documento, se ven sometidos a las leyes nacionales y tienen derecho a trabajar. El refugio no ampara delincuentes. Hoy se advierte en el ámbito del refugio en el país la falta de documentación, falta de regularización, ausencia de un seguro de salud, necesidades de alimentación y techo, discriminación, falta de acceso de empleo y trabas para el emprendimiento.
La presentación resaltó la intersección crítica entre la condición de refugio y la trata de personas, subrayando la necesidad de implementar protocolos integrados que garanticen la protección efectiva de las víctimas en contextos migratorios. En el caso del Perú, existen diversos marcos normativos y procedimientos interinstitucionales orientados a brindar una atención adecuada y diferenciada, especialmente a mujeres refugiadas que han sido víctimas de violencia o trata. No obstante, persisten desafíos significativos en cuanto a la aplicación efectiva de dichas normas, así como en la sensibilización de empleadores y entidades públicas respecto a la validez y legitimidad de los documentos otorgados a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.
La Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú
Presidida por el Ministerio del Interior realizando acciones de seguimiento y elaboración de informes en la materia. La Secretaría Técnica de dicha comisión está a cargo de la Dirección General de Seguridad Democrática y está conformada por 16 instituciones, 13 sectores del Estado: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Estadística e Informática y Superintendencia Nacional de Migraciones, 3 organismos autónomos: Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo y por último, la sociedad civil representada por instituciones no gubernamentales.
El Ministerio del Interior, a través de la Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, ha desplegado una serie de acciones estratégicas orientadas al abordaje integral de esta problemática. Entre ellas destacan la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 y el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, así como otros instrumentos de gestión interinstitucional que buscan articular la respuesta del Estado en materia de prevención, persecución penal, protección y reintegración de las víctimas.
Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030 en el Perú
Es un instrumento de gestión multisectorial dirigido a los 3 niveles de gobierno (central, regional y local) , cuenta con 4 enfoques transversales (derechos humanos, intercultural, género e interseccionalidad), 3 objetivos prioritarios (ampliar la vigilancia, mejorar sistema de persecución, sanción y fiscalización y por último, el fortalecimiento de atención y reintegración de víctimas) así como 7 enfoques de focalización de intervenciones (seguridad ciudadana, niñez y adolescencia, ciclo de vida, territorialidad, víctima, trauma y discapacidad).
Cabe destacar que la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que permite verificar el grado de cumplimiento de los servicios asumidos por los sectores responsables. Este mecanismo facilita el seguimiento de los avances, la identificación de brechas y la toma de decisiones basadas en evidencia para fortalecer la implementación de las acciones previstas.
En el marco del cumplimiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030, la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior implementa dos servicios estratégicos orientados a fortalecer la respuesta del Estado frente a este delito. El primero tiene como finalidad consolidar el proceso de descentralización del abordaje de la trata de personas, mediante la provisión de asistencias técnicas a gobiernos regionales y locales. En lo que va del año, este servicio ha permitido brindar más de 300 asistencias técnicas y ha contribuido a la creación de 25 espacios regionales y 102 espacios locales de coordinación contra la trata de personas. El segundo servicio está orientado al fortalecimiento de las capacidades del personal policial en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En ese sentido, solo en el año 2025, se ha capacitado a 1,586 efectivos policiales a nivel nacional, lo que ha permitido mejorar su especialización y reforzar la capacidad operativa del Estado para la identificación, investigación y sanción de estos delitos.
La figura del refugio en el Ecuador
La Carta Magna del Ecuador garantiza los derechos a los migrantes. En Ecuador ningún migrante es ilegal, este país ha suscrito el Estatuto del Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1989. De acuerdo a la Ley Orgánica de Movilidad Humana los solicitantes extranjeros, refugiados, asilados y apátridas gozan de protección internacional. Según la data del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ecuador tiene 80,005 refugiados de las 290,501 solicitudes presentadas, de los cuales un 93.6 % son colombianos. Buenas prácticas en la materia en este país son las brigadas móviles, que se desplazan por todo el país para atender a la población en distintos territorios y la formación continua de personal involucrado en la solución del problema.
Ejes de intervención contra el tráfico ilícito de migrantes en Ecuador
- Promoción de derechos: Ecuador tiene la obligación de promover en materia de derechos humanos mediante la adopción de medidas inmediatas y de largo alcance para la erradicación progresiva del tráfico de migrantes.
- Prevención del delito: Este eje hace énfasis en la investigación preventiva de la comisión del delito y la identificación de infractores, sean individuos, redes y organizaciones criminales transnacionales. La inteligencia criminal juega un papel fundamental en la detección del tráfico de migrantes y se basa en técnicas e instrumentos probados en el abordaje de otras formas delictivas.
- Asistencia y protección integral: Este eje se deriva de la obligación que tienen los Estados en materia de derechos humanos. Se crea un soporte institucional que responda a las necesidades de protección y reparación de los derechos conculcados a la víctima.
- Persecución: Este eje incluye acciones para formular, coordinar y ejecutar procedimientos, normas técnicas y jurídicas que fortalezcan la investigación y judicialización de los casos, a efectos de evitar impunidad.
- Gobernanza: Es el proceso de coordinación horizontal y vertical por el cual se articulan esfuerzos de las instituciones públicas del gobierno central y de estos con los gobiernos locales para implementar acciones complementarias subsidiarias y descentralizadas que permitan una respuesta integral al tráfico ilícito de migrantes.
Principios y enfoques para la actuación en casos de trata de personas
- Respeto a los derechos humanos
- Acceso a la información
- Consentimiento informado
- Protección integral y asistencia especializada
- Protección de datos y confidencialidad
- Gratuidad de servicios
- Integración
- Protección de personas ecuatorianas en el exterior
- Principio pro personas
- No criminalización y no detención a las víctimas
- Presunción de minoría de edad
- No discriminación
- No revictimización
Tendencias y desafíos del contexto migratorio del Perú
Según la organización Capital Humano Social (CHS) – Alternativo, en el 2014 se registraron 401 casos de denuncias y 782 víctimas y en el 2024 se han registrado 1900 casos de denuncias y un número de 1762 de víctimas, vale decir que hoy tenemos promedio de 4 casos por día, 131 casos por mes y un promedio de 1574 casos por año. El 85 % de víctimas son mujeres destinas a la explotación sexual, la edad que ellas fluctúan es de 11 a 17 años.
Por otro lado, 800,000 niños han recibido mensajes con contenido sexual y a 280,000 de ellos, les solicitaron encuentros sexuales, 573,000 se vio en persona con desconocidos y se percibe un incremento de víctimas extranjeras en el Perú, principalmente de Venezuela, Colombia y Ecuador. La minería ilegal cuenta con 40,000 víctimas, el tráfico ilícito de drogas cuenta con 1208 víctimas, el contrabando 591 víctimas, la pesca ilegal tiene 466 víctimas y el tráfico de flora y fauna 150 víctimas.
Asimismo, se perciben sentimientos encontrados contra la población venezolana, advirtiéndose un 45 % de desconfianza, 14 % de miedo, 10 % de tristeza y 5 % de cólera. Se observa un 61 % de sentimientos adversos, un 46 % de sentimientos negativos y un 15 % de sentimientos muy negativos. La sensación de inseguridad en un barrio con presencia mayoritaria de venezolanos, genera un 80.60 % de inseguridad, en lo que va del año 2025 se ha incrementado a 83 %. Existen prejuicios de nuestros connacionales respecto a los extranjeros venezolanos, ellos no alquilarían sus viviendas a los venezolanos, ni los contratarían para un trabajo ni confiarían a una persona venezolana en una empresa o negocio, ellos tienen un impacto negativo de las personas venezolanas sin haber tenido contacto directo con ellos. Culpable de ello es la narrativa negativa generada por los medios de comunicación impresos, los medios digitales, ya que solo un 3.8 % de la población penitenciaria del Perú son internos venezolanos. Es necesario desmontar ese mito y repensar el discurso sobre este segmento social migrante.