Barcelona, 4 may (EFE).- El exconseller de Salud Josep Maria Argimon se ha desmarcado ante el juez de la decisión del Govern de suspender la vacunación contra el covid-19 de los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña y ha alegado que el calendario de inmunización no era responsabilidad suya.
Según han informado fuentes jurídicas, Argimon, que fue secretario de Salud Pública durante la pandemia, y Marc Ramentol, ex secretario general del Departamento, han declarado este jueves como investigados ante el juez que instruye la querella presentada por los sindicatos de policías y guardias civiles JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC, por el retraso en la vacunación de agentes de esos cuerpos destinados a Cataluña, entre febrero y marzo de 2021.
La denuncia sostiene que la Generalitat paralizó la vacunación de los guardias civiles y policías nacionales hasta que, en abril de 2021, el TSJC dio un ultimátum al Govern para que vacunara de forma «inmediata» a agentes de esos cuerpos, de forma que en un plazo de diez días se alcanzara la misma proporción que en Mossos d’Esquadra.
En su comparecencia ante el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, a la que no ha asistido la Fiscalía, los investigados se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones ejercidas por los sindicatos policiales y solo lo han hecho a las de sus defensas, sin aclarar de quién fue la decisión de suspender la vacunación de policías nacionales y guardias civiles que acabó provocando el retraso en su inmunización.
En concreto, Argimon, que fue conseller de Salud hasta que Junts abandonó el Govern el pasado mes de octubre, se ha escudado ante el juez en que, como secretario de Salud Pública, no era responsabilidad suya decidir cuándo se paralizaba o reactivaba la vacunación de los agentes estatales.
Tras insistir en que su responsabilidad se ceñía a garantizar que las vacunas contra el coronavirus llegaran a Cataluña, el exconseller ha apuntado asimismo que no compartía la decisión de paralizar la inmunización de los agentes de la policía nacional y la guardia civil.
Argimon fue, no obstante, uno de los responsables del Govern que dio explicaciones públicas por el calendario de inmunización de los policías. En rueda de prensa, tildó de «ridículo» el ultimátum del TSJC, al tiempo que advertía: «Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo».
Tampoco Ramentol ha aclarado quién acordó paralizar la vacunación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, ante la insistencia del juez instructor, se ha escudado en que fue una «decisión colegiada» que obedecía a criterios «técnicos y científicos», sin dar más precisiones.
El ex secretario general, también a preguntas del juez sobre sus conocimientos en epidemiología, ha afirmado que es médico internista en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y que ello le facultaría a tomar decisiones en relación con las vacunaciones, han precisado las mismas fuentes.
Ante el juez han declarado asimismo esta mañana, en calidad de testigos, un teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación en Cataluña y el mando policial que coordinaba el proceso en la Policía Nacional.
Ambos han precisado que su interlocutor en la Generalitat era el entonces director de Servicios de Salud Francesc Xavier Rodríguez y que este les dio hasta tres explicaciones distintas de los retrasos: problemas administrativos, falta de dosis y paralización en la vacunación con Astra Zeneca a los menores de 60 años por posibles efectos secundarios.
Hasta el momento, en este procedimiento ya han comparecido como investigados otros cuatro cargos de Salud de la época: la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, el director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, la directora del Área de organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, y el propio Francesc Xavier Rodríguez.
Redacción