La Generalidad catalana decidió retrasar las vacunas contra el covid de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en plena pandemia.

El caso está ya judicializado y ha propiciado incluso la imputación de altos cargos. La exconsejera de Salud de ERC, Alba Vergés, en la actualidad vicepresidente del parlamento catalán, fue incluida en la categoría de investigados por un juez de Barcelona por haber ordenado que se retrasara la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados a Cataluña.

El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona emitió un auto en el que notificó a la exconsejera su condición de investigada y señaló que habían quedado «suficientemente acreditados» los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores. La Generalidad no tardó en movilizarse para intentar bloquear este proceso e investigación judicial. Y ahora JUCIL, la principal asociación de la Guardia Civil, ha logrado frustrar los deseos de los separatistas. Una nueva decisión judicial reanima la investigación por el bloqueo a la vacunación de los agentes de Policía y Guardia Civil.

El contexto es de una gravedad máxima. La Consejería de Salud que en plena pandemia de covid dirigía Vergés decidió paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y priorizar la de los Mossos d’Esquadra, los diferentes cuerpos de Bomberos de Cataluña y las policías municipales. Según el auto judicial, «nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria», así como «irrazonable». La única explicación admisible para el juez pasaba por «los sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios que están integrados en cuerpos nacionales». La decisión, se apunta también en el auto, dejó a los agentes «en una clara situación de riesgo para su salud».

Pues bien, la investigación judicial, basada en ese auto, preocupó a la Generalidad de manera obvia. Y los separatistas pusieron en marcha todo su arsenal jurídico para intentar frenar el proceso. Pero han chocado con la acción legal de JUCIL.

Ahora, un nuevo auto vuelve a dar la razón a los agentes de la Guardia Civil y señala que «con fecha 7 de noviembre de 2023 se dictó auto en cuya virtud se acordó: 1) Mantener la imputación en esta causa de los investigados Marc Ramentol Sintàs, Josep María Argimon Pallàs, Adría Comella Carnicer y Francesc Xavier Rodríguez Guasch, no habiendo lugar en consecuencia a adoptar el sobreseimento y archivo de las actuaciones con respecto a los mismos». Igualmente se decretó «el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a las investigadas María Carmen Cabezas Peña y Sara María Manjón del Solar» y se puso «en conocimiento de la Ilma. Sra. Da Alba Vergès Bosch la existencia del presente procedimiento, con información de los derechos de investigado (artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), para que pueda ejercer su derecho de defensa».

Pero el auto recién emitido señala que «contra el referido auto de 7 de noviembre de 2023 se interpuso recurso de reforma por la Abogada de la Generalitat, actuando en la representación que tiene acreditada en autos, y asimismo se interpuso recurso de reforma por la procuradora, actuando en representación del investigado Adria Comella Carnicé, solicitando ambas recurrentes que se deje sin efecto el auto recurrido y en su lugar se acuerde el sobreseimiento libre de las actuaciones. Asimismo el Procurador de los Tribunales D.JaLRoca, actuando en representación de Josep Argimón Pallás, presentó escritor en este juzgado adhiriéndose al recurso de Cuarto».

Y el auto resuelve sobre este intento de parar el proceso. Y lo hace de forma rotunda: «Procede mantener la resolución recurrida y en consecuencia desestimar los recursos de reforma interpuestos, dando aquí por reproducidas todas las razones que se contienen en aquélla en aras a evitar inútiles reiteraciones, considerando en definitiva que existen indicios racionales suficientes de la participación de los investigados recurrentes en los hechos que se les atribuyen, lo que impide en esta fase procesal adoptar el sobreseimiento libre que se pretende».

El Juzgado va a más y señala que, «así, no puede obviarse la declaración del computado Marc Ramentol, en la que de forma contundente afirma la participación de los investigados Sr. Argimón y Sr. Comella, al tiempo que no niega en ningún momento su participación en la adopción de la decisión cuya legalidad se discute en el presente procedimiento».

«De otro lado y respecto al recurso de reforma interpuesto por la Abogada de la Generalitat, en el que reprocha a este Instructor no haberse referido a la argumentación del escrito de petición de sobreseimiento de fecha 17 de julio de 2023, debe señalarse que la argumentación contenida en el auto recurrido da cumplida respuesta a lo solicitado por dicho recurrente en dos ocasiones», explica el Juzgado. «No se aprecia en este sentido la falta de tipicidad de los hechos investigados que reclama la recurrente, pues aunque pretende justificar la decisión de suspender el proceso de vacunación a los cuerpos de seguridad estatales en razones estrictamente sanitarias, científicas y de salud pública, no puede soslayarse que estas mismas razones que se alegan no consta se aplicaran cuando se procedió a vacunar de manera diligente a la práctica totalidad de los funcionarios de policía autonómicos y locales», concluye el auto.

Redacción
Con información de: Libertad Digital | Carlos Cuesta