EP. ElDebate.com
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha invitado al resto de funcionarios y de guardias civiles desplazados a Cataluña a sumarse como perjudicados al recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que los tribunales obliguen al Gobierno de la Generalitat a cumplir la sentencia del 25 % en todos los colegios.
La asociación sindical más representativa de la Guardia Civil, junto a las entidades Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español han suscrito este martes el empoderamiento apud acta que prescribe el nombramiento de un procurador ante el órgano judicial para la continuación del procedimiento iniciado el 28 de marzo con el recurso para demandar el cumplimiento de la sentencia declarada firme.
La secretaria de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico, en atención a los medios antes de llevar a cabo el trámite judicial, ha afirmado que el Gobierno de Cataluña «mantiene su intención de no aceptar la decisión de los tribunales», lo que «provoca serios inconvenientes a los funcionarios que se trasladan desde otros lugares para conciliar su vida familiar y que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna».
Por ello, y «para expresar la existencia real de perjudicados», JUCIL ha invitado a «todos los guardias civiles, policías nacionales y otros funcionarios que hayan sido desplazados desde otros lugares de España a Cataluña» para que «se inscriban como perjudicados por este incumplimiento que les impide y coarta gravemente su derecho a la conciliación familiar», ha indicado Milagros Cívico.
«El traslado de las familias se hace complicado por no encontrar aquí colegios en los que poder seguir educando a los hijos en su lengua materna, un derecho que les reconoce la Constitución y que en Cataluña pisotean las autoridades autonómicas», ha añadido la secretaria de JUCIL en Barcelona.
Por su parte, el abogado y presidente de CCC, Ángel Escolano, ha afirmado que JUCIL «está legitimada con claridad para exigir el cumplimiento de la sentencia del 25 %» dado que «es evidente que tienen derecho a que sus hijos se escolaricen en Cataluña de acuerdo con la legalidad», por lo que «debería ser el Ministerio del Interior y no nosotros quien hubiese impulsado esta demanda».
Las tres entidades han reclamado que el fallo, «definitivamente firme, tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano, al menos en un mínimo del 25 % de las clases» y que el Gobierno catalán «indemnice con 450 euros cada trimestre a quienes se sientan afectados» mientras no se cumpla la sentencia del TSJC.