Por –Javier Gamero Kinosita–
Analizando la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030 y la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 del Perú
El Estado de derecho moderno tiene como objetivo principal construir un país seguro para todos los ciudadanos, en el que sus habitantes sin excepción alguna puedan ejercer plenamente los derechos y libertades fundamentales que un sistema democrático confiere. Una política de seguridad pública sostenible involucra la interrelación entre múltiples actores (Estado, sector privado, la academia y la sociedad civil), condiciones y factores, condición sine qua non, para que un Gobierno pueda garantizar la protección del territorio, los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas ante las amenazas provenientes de la delincuencia común, el crimen organizado, la violencia social y los desastres naturales.
Hoy es necesario construir un modelo de gobernanza en seguridad que permita garantizar los cambios necesarios en el campo de la seguridad de cara a las dinámicas sociales y globales cambiantes. Tenemos tendencias macrosociales, macro políticas, macroeconómicas, macro culturales, macro tecnológicas, macro demográficas y macro ecológicas, que configuran una nueva constelación en la era de la post globalización del siglo XXI. Un modelo de seguridad pública debe de abarcar la seguridad nacional focalizando el bien jurídico tutelado de la soberanía en el ámbito internacional y la seguridad ciudadanía en el ámbito nacional y local, focalizando los bienes jurídicos tutelados de los derechos y libertades fundamentales tanto en el ámbito preventivo y proactivo.
Marco jurídico internacional
La Política Nacional de Seguridad Pública de Costa Rica -Secura Plus 2023-2030 menciona la existencia de un andamiaje jurídico internacional que contempla el derecho a la seguridad que deviene de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas conforme lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su artículo 3 señala “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Asimismo, la Declaración Americana de Derechos de Deberes del Hombre de 1948 señala en su artículo primero “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1950 señala en su artículo séptimo “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales” y por último el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1977 en su artículo noveno señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
La seguridad ciudadana en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Asimismo, existe una concordancia en materia internacional del tema de la seguridad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que hacen referencia por primera vez a la seguridad en el Objetivo 16 que propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible”. A partir del 2015 se incorpora la paz y la seguridad entre sus 17 objetivos y 169 metas integrando la seguridad para con la inclusión social y el buen gobierno. De esta forma, conforme al mandato de Rio+20” y los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) integran tres dimensiones del desarrollo; económica, social y ambiental de carácter integral e indivisible. este contexto, la paz y la seguridad fundamentadas en la inclusión social, surgen como una condición esencial para el desarrollo sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recuperan el enfoque de tuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al incorporar el impacto de la violencia como obstáculo que afecta los derechos y libertades de las personas. El ODS 16 prescribe la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia, esto abarca dos ámbitos, el primero relacionado con la reducción de la violencia en todas sus formas, en especial reducir y prevenir el abuso, la explotación laboral y sexual y trata, la tortura, la violencia terrorista, el tráfico de armas, de drogas y de dinero y la delincuencia organizada fortaleciendo el Estado de derecho y el segundo ámbito vinculado a una amplia agenda del “buen gobierno”, acceso a la justicia y al servicio público de la policía, la trasparecía y la rendición de cuentas, la participación en la toma de decisiones y la lucha contra la corrupción. Este enfoque inclusivo supone una agenda de desarrollo, de paz, gobernanza y el Estado de derecho, los cuales están interrelacionados conceptual y empíricamente en el plano nacional e internacional.
La prevención social
La prevención del delito implica toda acción que está orientada a la reducción del riesgo que a se cometan estos hechos delictivos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. En este sentido una política pública de seguridad construye estrategias partiendo de la prevención social de una manera articulada con instituciones de prevención primaria a efectos de construir un entorno nacional seguro. Para ello el Estado debe focalizar la mayor parte de sus esfuerzos preventivos y proactivos orientados a evitar que se materialicen los delitos y las personas se criminalicen a través de la delincuencia común u organizada, detectando los problemas anticipadamente, atendiendo las causas y con ello predecir situaciones de riesgo con el fin de intervenir sobre las causas sociales que nutren y alimentan la cultura de violencia en una sociedad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de prevención del delito y la violencia recomienda la adopción de medidas necesarias para erradicar cualquier forma de práctica discriminatoria en la implementación de su política de seguridad ciudadana, que impliquen una mayor vulnerabilidad frente a las amenazas de la violencia o el delito de determinados grupos de personas o sectores sociales sugiriendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los Estados Parte adopten medidas de acción para revertir o cambiar situaciones discriminatorias de jure o de facto, en perjuicio de determinado grupo de personas frente a situaciones violentas o delictivas donde participen agentes del estado o particulares.
En este contexto, la inversión social en prevención social es de la mayor importancia para construir espacios de convivencia y cohesión social que resultan indispensables para el desarrollo de una democracia en paz y con seguridad. El problema de la inseguridad no radica únicamente en los actos violentos o delictivos, sino, además en los factores de riesgo que lo propician y las consecuencias que su existencia e incremento tienen sobre la convivencia ciudadana y la paz social. La violencia es un fenómeno multidimensional, cuya prevención requiere de un abordaje integral con acciones dirigidas a anticipar, atenuar y transformar condiciones, situaciones y factores que detonan o fortalecen conductas y actividades violentas de personas, las cuales afectan o amenazan afectar la integridad personal y la propiedad de otras y resultan en la limitación del goce efectivo de los derechos humanos y el debilitamiento del tejido social y la convivencia.
Niveles de prevención social
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 del Ministerio del Interior del Perú contempla tres niveles de prevención social, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria.
La prevención primaria está dirigida a la población en general y corresponde a programas e iniciativas destinados a las personas que nunca se han visto implicadas en el sistema de justica penal. No existe aún la comisión del delito. Esta es una estrategia preventiva orientada a influenciar las causas exactas de la delincuencia, se dan básicamente a través de la política social, la política económica y la cultura, campos relevantes son la educación, vivienda, trabajo y deporte. Es llevada a cabo por individuos con competencia social. En principio está dirigida a todos los ciudadanos.
La prevención secundaria se centra en personas potencialmente delincuentes y situaciones criminógenas. Su tarea principal se centra en una identificación temprana y un pronóstico de desarrollo criminal, el fin es evitar una conducta social delictiva, no existe aún la comisión del delito y está dirigido a los delincuentes potenciales. Están dirigidas a poblaciones en riesgo de sufrir los efectos de la violencia, pretenden detener la evolución del riesgo de la violencia mediante acciones desarrolladas con base en la detección y atención temprana de situaciones y factores que la desencadenan. Dentro de las acciones a llevarse a cabo en este ámbito tenemos la atención y acompañamiento psicopedagógico para evitar el abandono o deserción escolar, intervención situacional en lugares propicios para la comisión de delitos o ligares ideales para el habitad criminal, programas de mediación comunitaria, control de armas de fuego, etc.
Por último, tenemos la prevención terciaria que se centra en combatir la reincidencia policial y penal, ella exige la preexistencia del delito y está dirigida a las personas ya incursas en el sistema de justicia penal y está orientada a impedir la comisión de un nuevo hecho delictivo. Hay un objetivo reintegrativo positivo orientado a la resocialización y está dirigido a los potenciales delincuentes reincidentes. Esta prevención terciaria implica actividades dirigidas al tratamiento, rehabilitación u reintegración social de personas que han sido afectadas directamente por la violencia, sea como victimarios o también víctimas. En esta materia se encuentran los programas para el desarrollo de capacidades sociales y de empleabilidad para la reincorporación a la vida en sociedad de personas privadas de libertad por conflicto con la ley penal, acciones de atención y reivindicación a víctimas y la rehabilitación y educación en hábitos saludables de personas con adicciones de alcohol y otras drogas.
La pobreza como núcleo duro de la criminalidad
La dimensión de la pobreza tiene un nexo causal para con la violencia y la criminalidad. La Política Nacional de Seguridad Pública de Cista Rica – Secura Plus diseña estrategias y acciones de trabajo tendientes a develar las situaciones que pueden ser causantes de violencia y criminalidad, en poblaciones que se encuentren en una condición de pobreza, dado que las desigualdades y tensiones sociales asociados pueden ser detonantes para la comisión de delitos. Al respecto, estudios en las últimas dos décadas, han confirmado a lo largo del tiempo que tanto pobreza como la violencia poseen vínculos comunes desde tiempo atrás, sin embargo, dicho instrumento de gestión señala que estas vinculantes tampoco son determinantes conclusivas de existencia. Estudios del Banco Mundial señalan que la pobreza en sí misma no es causante de la violencia, sino de la desigualdad. El profesor holandés Jacob Kruijt asevera que la desigualdad contribuye a generar elevados niveles de violencia en la región, puesto que es generadora de tensión social, agregando que la tensión cuyo causal es la inequitativa remuneración entre la población, es decir la pobreza puede generar sentimientos de frustración y desesperanza, más aún si va acompañada de exclusión económica como el desempleo o la falta de educación, entre otros. Es desde esta perspectiva que los estados deben desarrollar acciones dirigidas a zonas y sectores con mayor índice de desigualdad y ruptura de los tejidos sociales que puedan ser detonantes de la violencia y la criminalidad. Ello conlleva a la necesidad de trabajar el capital social, reforzando la labor de las asociaciones comunitarias o características individuales en personas líderes comunales, que ayudan a generar el producto social necesario para estimular la cooperación mutua promoviendo una mayor cohesión entre los miembros de la comunidad, verbigracia tenemos los programas sociales de “Barrio Seguro” del Viceministerio de Seguridad Pública en el Perú o el programa “Vecindario Seguro” de la Policía Nacional del Perú.
Cultura de la violencia y seguridad ciudadana
La cultura es el conjunto de normas, sistema de valores que se expresan mediante costumbres, lenguaje, tradiciones, formando una red identitaria propia de cada sociedad, pueden dichas manifestaciones culturales dar coherencia y sentido social a las actuaciones que las personas, favoreciendo o perjudicando su integración para con otros grupos y comunidades. Por ello, las culturas han tenido que integrar y armonizar los conflictos, la paz y la violencia. El profesor de gestión de conflictos Francisco Jiménez Bautista de la Universidad de Granada afirma que la cultura no solo justifica, sino que también puede promover la acción en un determinado sentido incluso promover la violencia.
Muchas veces a través de la música y las manifestaciones de la cultura popular violenta y sectaria a través de los medios digitales, las redes sociales, medios de comunicación tradicionales se enaltece la violencia y se socava la paz y la convivencia pacífica entre personas, normalizando la violencia como construcción social del modelo antropológico vigente. El ejercicio de la cultura de la violencia es más notorio y evidente cuando éstas se dan en función a aquellas manifestaciones discriminatorias por motivos de creencias religiosas, posiciones políticas, nacionalidad, orientación sexual, procedencia étnica, edad, género o discapacidad, en este contexto los factores violentos lógicos evitan el acceso al bienestar de forma igualitaria y democrática.
La violencia estructural desde la perspectiva de Johan Galtung
El sociólogo noruego Johan Galtung identificaba la violencia directa que puede ser física, verbal o psicológica que se manifiesta en comportamientos agresivos y actos de violencia, la violencia estructural que es propia de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan los Estado, que no permiten la satisfacción de las necesidades básicas y la violencia cultural, que es definida desde los aspectos de la cultura en el ámbito simbólico y que pueden ser materializados a través de la religión, ideología, lengua y arte, ciencia, leyes, lógica, matemáticas. Símbolos como cruces, medallas, escudos, medias lunas, banderas, himnos, emblemas, eslogan, desfiles militares, los cuales se pueden utilizar para justificar o legitimar la violencia directa o estructural.
Cultura de paz y seguridad ciudadana
Una política en materia de seguridad debe estructurarse sobre la base de la promoción de una cultura de paz que potencie los mecanismos para la convivencia pacífica entre los ciudadanos. El profesor Francisco Muñoz de la Universidad de Granada esboza la teoría de la “paz imperfecta” que permite agrupar experiencias históricas que en distintos espacios territoriales constituyen el acervo nacional para la regulación pacífica de conflictos. Esta política debe de ser racional y coherente que asuma la cultura de paz como un eje central frente al trabajo con grupos humanos que generen mecanismos transformadores que permitan la gestión de los conflictos sociales.
La seguridad es un bien jurídico que tiene enfoques diferenciados y estos, a su vez, distintos satisfactores, por lo que, a construcción de la seguridad, si bien es cierto, se mide por estándares nacionales, ello no ha de obviar que el bien jurídico de la seguridad debe también construirse a escala humana. En este sentido el economista chileno de origen alemán Max-Neef, plantea que los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuyen a la realización de necesidades humanas. Factores protectores de convivencia y cultura de paz refieren a las herramientas dirigidas a la construcción en medio de disenso, la participación, el encuentro, la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía en un contexto de paz.
Reducción de factores de riesgo que impactan en el consumo de drogas ilícitas y a grupos vulnerables
Dentro de la comprensión multidimensional de la violencia, se entiende que existen algunos factores que aumentan la probabilidad de que se produzca un fenómeno de este tipo. A esto se le denomina “factores de riesgo”. Las políticas deben enfocarse en aquellos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona consuma sustancias ilegales y que además esté propenso a delinquir por ello. El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) sostiene que los factores de riesgo son aquellas circunstancias o características personales, ambientales o relacionadas con la sustancia, que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y este llegue a causarle problemas.
De igual forma, aquí se comprende la violencia contra la población indígena, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la población de afrodescendientes y las personas sujetas a la modalidad extorsiva del gota a gota.
Reducción de factores de riesgo que propician la violencia de género
Las dos herramientas regionales que hoy existen y establecen el marco jurídico para proteger a las mujeres, prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra ellas en América Latina y El caribe son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belem do Pará de 1994 y el Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra las Mujeres y la Violencia Doméstica de 2011.
Los enfoques transversales de la seguridad ciudadana
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 contempla para el abordaje de la seguridad ciudadana un enfoque basado en los derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque territorial, un enfoque de interculturalidad, un enfoque de la niñez y adolescencia, un enfoque de perspectiva de discapacidad y un enfoque interseccional.
