Por Jorge Ávila, graduado en Geografía e Historia (UNED). Máster en Investigación en Historia, Geografía y Patrimonio. Coordinador del área de Historia en la organización profesional y formativa GEES-SPAIN. Autor del libro “Sangre Azul. Historia de la Policía Nacional”. Exprofesor de Geografía e Historia en la Academia PROCIVIL, preparatoria de acceso a la Guardia Civil. Miembro de la asociación Divulgadores de la Historia y autor de artículos relacionados con la historia policial y militar de España, para revistas como Laus Hispaniae, La Aventura de la Historia o UFP ciencia policial.
Decía Leopold Von Ranke, fundador de la historiografía moderna, que la tarea de la Historia es mostrar cómo ocurrieron realmente las cosas; a los historiadores, Ranke nos encomendaba –entre otras– la tarea de mostrar lo que ocurrió en el contexto en que sucedió, sin permitir que los prejuicios modernos nublen su juicio.
Pero ¿para qué considerar la Historia como una ciencia, dotada de método, crítica, abierta y libre? ¿Para qué cuestionar los hechos y las fuentes? ¿Para qué buscar la verdad, si podemos creer una mentira doscientas –o más– veces repetida? ¿Para qué –por ejemplo– analizar de forma crítica el sancta sanctorum de la Real, Inmaculada e Incontestable Cédula fechada en enero de 1824 por la que se crea una policía para el Reino, cuyo catálogo de las tan predicadas –y pretendidas– funciones no hacían sino enmascarar su verdadero fin, que no era otro que ser puntal de apoyo del “trono y el altar”? (Archivo Histórico Nacional, Consejos, L. 3765, fols 13-14).
¿Para qué dar credibilidad al catedrático de Historia Moderna Enrique Martínez Ruiz, cuando afirma que las funciones de seguridad de aquella supuesta policía apenas supusieron un diez por ciento de su actividad (Policías y Proscritos, 2014, p. 573)? ¿Para qué pensar que el término policía quizás no tenía en 1824 la actual acepción restrictiva y que fue un término surgido en Centroeuropa en el siglo XVII, recogido por el lexicógrafo Sebastián de Covarrubias en 1611 (Tesoro de la Lengua Castellana, fol. 591v) para designar la administración de las cosas de la ciudad, su adorno y limpieza?
¿Para qué tener en cuenta el contexto en que fue creada esa policía, que no fue sino el de una represión política encarnizada tras un Trienio Liberal que, entre cánticos tabernarios de “Trágala Perro” había tratado de instaurar unas libertades constitucionales, ¿hasta que la llegada de un ejército francés a España–los Cien Mil Hijos de San Luis– por segunda vez en dos décadas restauró a un rey absolutista en su trono?
¿Para qué tener en cuenta lo que un tal Benito Pérez Galdós afirmó en su libro El Terror de 1824 sobre la Superintendencia General, equiparándola “en el fondo y en la forma” a las temidas comisiones militares que purificaban a los sospechosos de liberalismo y cuya benevolencia era “incomprensible y hasta peligrosa para la reputación de aquella celosa policía” (Ed. 1922, Universidad de California, disponible en la biblioteca abierta Internet Archive, véanse págs. 150-175)
¿Para qué pensar que no existe continuidad institucional con una policía que fue suprimida –repito, suprimida– por la reina María Cristina el 5 de octubre de 1835 (Archivo Contemporáneo de Navarra, signatura 0149/547) y cuyo brazo secreto, verdadera alma de la ominosa institución, sería igualmente abolido –repito, abolido– en 1840 por el regente liberal progresista Espartero, quien afirmaba que “Donde existe un gobierno liberal y que sabe respetar los derechos de los pueblos, para nada se necesita policía secreta […]. La policía de España, donde afortunadamente hay un gobierno que tiene por norte de su conducta la Constitución, de la cual jamás se separará, y un religioso respeto a las leyes, debe ser pública, como lo serán todos sus actos, y dedicarse única y exclusivamente a la protección de los ciudadanos, reprimiendo los delitos y persiguiendo los criminales […]”.
¿Para qué creer al historiador y comisario Viqueira Hinojosa cuando afirmó que la policía secreta de Fernando VII fue “valioso puntal” de ese trono y “adicta servidora”, cuyos miembros “dóciles y serviles” eran “instrumentos del poder político para la persecución de sus adversarios” (Historia y Anecdotario de la Policía española, 1989, p. 22)? ¿Para qué, tener en cuenta lo que de esa policía decía el diputado Argüelles en el Congreso, cuando la consideraba “como una institución ruinosa al país, por el origen que ha tenido en España, por ser contraria a las Leyes, usos y costumbres de los españoles […], o lo que decía el conde de las Navas, al afirmar de la policía de su tiempo era “una planta exótica, traída a nuestro país por bayonetas extranjeras en tiempo de calamidades nacionales, para apoyar la opresión del tirano de la Europa; todos, digo, repugnan esta institución, porque es esencialmente ominosa, tiránica, inmoral, corruptora y corrompida” (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, L. 1834-1835, N.º 136, p. 1404 y ss.)?
¿Para qué confiar en los historiadores y seguir el camino de la historiografía, si podemos refugiarnos en la comodidad de la pseudohistoria y la historio propaganda oficialista? ¿Para qué preservar la Historia de España como orgulloso instrumento de unión y fraternidad, cuando podemos apropiarnos de ella y ponerla al servicio de intereses personales o institucionales que no hacen sino desgastar y perjudicar una relación entre hermanos por una absurda disputa cronológica?
¿Para qué pensar que la Guardia Civil pueda ser el cuerpo policial más antiguo de España, con una verdadera continuidad institucional reflejada en sus estatutos, denominación, uniformidad y espíritu?
Pensar… Ese acto de rebeldía honesta que no necesita artificios, consignas ni aniversarios oficiales y que, en tiempos de unanimidad, se convierte en una herejía suprema que el bicentenario, por definición, jamás celebrará.
¿Historia? ¿Qué Historia?