por Enrique Martínez Ruiz
Redacción: José Luis Borrero González
En la construcción de cualquier identidad nacional o institucional, el origen lo es todo. Pero, ¿qué sucede cuando la institución encargada de velar por la ley decide, presuntamente, retorcer la historia para ganar una veteranía que los libros de texto y la normativa vigente de la época le niegan.
Para entender la magnitud de lo que aquí denominamos “la gran mentira”, no hace falta acudir a panfletos políticos, sino a la obra de quienes han dedicado su vida al archivo y al rigor. Enrique Martínez Ruiz, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, y una de las voces más autorizadas en la historia de las fuerzas de seguridad en España, deja una sentencia demoledora en la sinopsis de su obra “Policías y Proscritos. Estado, Militarismo y Seguridad en la España Borbónica (1700-1870)”, editada en el 2014, por la Editorial ACTAS. S.L., esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Al referirse a la evolución del orden público en el siglo XIX, afirma sin ambages que el proceso culmina con la creación de la Guardia Civil en 1844, calificándola como “la primera institución nacional del ramo”.
Si un académico de su talla sitúa el nacimiento de la primera policía nacional real en 1844, ¿de dónde surgen los 202 años que la Policía Nacional celebra con pompa y dinero público?
El relato oficial de la Policía Nacional se aferra a la Real Cédula de 13 de enero de 1824, promulgada por Fernando VII. Sin embargo, la investigación histórica independiente despoja a esa fecha de su misticismo por tres razones fundamentales:
La falta de carácter “nacional”. La Policía General del Reino de 1824 no era una institución nacional en el sentido moderno. Su despliegue fue errático, limitado a núcleos urbanos específicos y, en gran parte del territorio, inexistente, aparte de que no contó con personal uniformado, solo para Madrid capital de un escuadrón de caballería militar los “Celadores Reales” que sirvieron bajo las órdenes de la Policía entre 1825 y 1827. Como bien señala Martínez Ruiz, es la Guardia Civil la que por primera vez vertebra el Estado español bajo un mando único, una doctrina común y una presencia efectiva desde los Pirineos hasta el Estrecho.
La Policía de 1824 no nació para proteger al ciudadano, sino para perseguir al liberal, así lo reconoce el ideólogo del falso bicentenario, Martín Turrado Vidal, en la página 282 de su libro editado por el ministerio del Interior en 1986, titulado “Estudios sobre la historia de la Policía”. Era un órgano de control político bajo un régimen absolutista. Confundir los servicios de represión política de una monarquía absoluta con el cuerpo civil y democrático actual es, cuando menos, una piruleta intelectual arriesgada.
El argumento oficial habla en el 2026 de “202 años de servicio ininterrumpido”. Esta es, quizás, la falacia más fácilmente desmontable. Durante el sigo XIX y principios del XX, el modelo policial español sufrió constantes disoluciones, cambios de nombres, de estructura y de dependencia orgánica. No existe un hilo conductor administrativo ni operativo que una la Policía de Fernando VII con la Policía actual sin pasar por el vacío o la refundación total.
Cuando una institución decide ignorar el consenso académico para “envejecer” artificialmente su hoja de servicios, el problema deja de ser meramente histórico y pasa a ser ético y financiero.
El falso Bicentenario no ha sido solo una fecha en un calendario; ha sido una operación de marketing de Estado. Se han destinado ingentes recursos de las arcas públicas en:
- Campañas de publicidad y eventos de gala.
- Producción de material audiovisual y editorial que contradice las tesis de catedráticos de renombre.
- Monumentos, medallas y actos protocolarios que refuerzan un relato que, a la luz de la historiografía seria es puramente ficcional.
¿Cómo se justifica ante el contribuyente que se gaste dinero público en celebrar una efeméride que los expertos consideran inexistente o, en el mejor de los casos, mal interpretada? La “necesidad” de la Policía Nacional de equipararse en antigüedad a la Guardia Civil parece haber pesado más que la verdad documental.
El hecho de que la Guardia Civil sea reconocida por expertos como Martínez Ruiz como la “primera institución nacional del ramo” genera una fricción insalvable. Si en 1844 se crea la primera policía nacional, por definición, no podía existir otra desde 1824.
La insistencia en la fecha de 1824 parece responder a un complejo de inferioridad institucional o a una estrategia de relaciones públicas destinadas a diluir el prestigio de la Guardia Civil como el cuerpo de seguridad más antiguo y vertebrador de España.
El catedrático Martínez Ruiz no escribe para complacer a instituciones, sino para iluminar el pasado. Su afirmación sobre la Guardia Civil creada en 1844 deja en evidencia que el Bicentenario de la Policía Nacional es un edificio construido sobre arena, es decir, una mentira.
En un país democrático, las instituciones deben su prestigio a la eficacia de su servicio en el presente y a la honestidad sobre su pasado. Inventar siglos de historia no solo es un insulto a los historiadores, sino un uso fraudulento de la memoria colectiva pagada con el bolsillo de todos los españoles. Si la historia es ciencia social, porque estudia el pasado de la humanidad de manera sistemática y objetiva utilizando el método científico, ya que emplea investigación, critica de fuentes, análisis y reconstrucción para interpretar los hechos. Por el contrario, la propaganda no puede ser su sustituta, como es el caso del falso bicentenario de la Policía Nacional, que solo es relato.