El Juzgado de Instrucción de Córdoba archiva las denuncias laicistas de izquierdas por apropiación indebida y usurpación, se concluye que la Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, a la vez que el juez coincide con el criterio fiscal y los informes municipales: «Los hechos denunciados carecen de contenido penal, dado que la inmatriculación está amparada por la Ley Hipotecaria» y «Se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y han sido supervisadas por los registradores de la propiedad«.
El Juzgado de Instrucción de Córdoba avala las inmatriculaciones de la Iglesia, de «estricta legalidad», y archiva las denuncias por apropiación indebida de la Catedral y otros inmuebles cordobeses interpuestas por laicistas y líderes de izquierdas, como Julio Anguita y Rosa Aguilar.
El magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba, Armando García Carrasco, ha admitido que la Catedral de Córdoba -antigua Mezquita- fue donada a la Diócesis de Córdoba por el Rey Fernando III en 1236 y que, desde entonces, ha sido su dueña. Por ello, ha decretado el archivo de las denuncias presentadas por la vía penal, entre enero y marzo de este año, iniciadas por Carlos Baquerín Alonso y 205 personas más contra el Obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, el Cabildo de la Catedral de Córdoba, el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto y la Junta de Gobierno Local de dicho Ayuntamiento, en este caso «por no vigilar el patrimonio local», según los querellantes.
La decisión no es firme. Puede recurrirse ante el mismo Juzgado de Instrucción, en el plazo de tres días.
El fallo que pone razón y hace justicia frente a la treta expoliadora de los laicistas contra la Iglesia Católica.
Nuestra plataforma MasLibres.org en defensa de la libertad religiosa emprendió una intensa campaña de movilización ciudadana ante estos ataques, principalmente a través de una alerta firmada por más de 100.000 ciudadanos y con intensas actuaciones en la calle.
El Cabildo espera que ponga fin a la polémica
Tras conocer la noticia, el Cabildo de la Catedral de Córdoba expresó su confianza en que «se ponga fin a la polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita». «Nosotros no nos metemos en contenidos ideológicos. Lo importante es defenderlo como elemento en el que por un lado se permite entrar a todo el mundo, y por otro como elemento de la identidad de la fe cristiana», ha expuesto el Cabildo, que significaba también el impacto positivo que la gestión de la Catedral está teniendo sobre la actividad económica de la provincia, que se eleva a 300 millones de euros.
Mientras, la plataforma por la titularidad pública del monumento defendió que pese al auto, «la actuación de la jerarquía católica fue inconstitucional e inmoral».
Denuncias de la izquierda laicista
En concreto, esta primavera se presentaron tres denuncias contra la inmatriculación de la Catedral de Córdoba y otros inmuebles formuladas por varios colectivos de la ciudad, como Andalucía Laica o Cordobeses por el Patrimonio, que encabezaban los veteranos políticos de IU Julio Anguita –excoordinador federal y exalcalde de Córdoba- o Rosa Aguilar. Además de la Catedral y antigua Mezquita de Córdoba, las denuncias se referían al Triunfo de San Rafael, de la Puerta del Puente y su plaza, de la Ermita del Cementerio de la Salud, de la Ermita de los Santos Mártires en el balcón del Guadalquivir, el Quiosco de San Hipólito, la Iglesia de la Fuensanta, su plaza y el pocito, y finalmente la Ermita del Socorro.
Los laicistas les acusaban de estafa, apropiación indebida, usurpación, con las agravantes de alevosía, abuso de superioridad, abuso de confianza y prevalencia del carácter púbico del culpable, falsificación y delitos contra la administración pública.
El magistrado García Carrasco ha resuelto que los hechos denunciados carecen de contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está amparada por la Ley Hipotecaria vigente, que se remonta a 1947 aunque tiene modificaciones de 1998. El instructor dice en su auto que «todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad». En ningún caso –añade el auto- se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, funcionarios o la Diócesis de Córdoba. Con ello, el juez coincide con el criterio del Ministerio fiscal y con los informes del Ayuntamiento.
En este sentido, el auto del juez señala que la Mezquita fue adquirida por la Diócesis mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño.
Asimismo, en relación con el Triunfo de San Rafael, según la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, no existe ningún documento que acredite o sirva para acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba. Como se aclara en el auto, el simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los bienes.
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