La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de «fondos públicos» de la Generalitat de Cataluña en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press. La Guardia Civil añade, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.
Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el ‘procés’, la Generalitat ha contratado -desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución- el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.
La última de estas herramientas informáticas costó un total de 241.382,30 euros, la llamada «back office SAP TRM», que formaría parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
Este programa permitía, según el informe policial, llevar a cabo el «objetivo principal» de obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios -IRPF y cotizaciones sociales- que permitiese financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la Agencia Tributaria Catalana fuese plenamente operativa, en el supuesto de una Cataluña independiente.
Interpretación «abusiva» de la ley tributaria
Para ello, los investigadores exponen que la Generalitat realizó una interpretación «abusiva» de la Ley General Tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda. Utilizando esta posibilidad, la ATC se presentaba como actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal.
De esta forma lograban implementar una medida que les permitiera canalizar estos fondos a través de un ente que tuvieran bajo su control directo, la Agencia Tributaria Catalana, y presentaban a ésta como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos para de este modo «evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales».