La asociación mayoritaria del cuerpo denuncia que se está preparando una precarización a gran escala de cargos clave.
Los guardias civiles no aguantan más. Un proyecto del ministro Fernando Grande-Marlaska pretende oficializar una práctica demasiado extendida en estos momentos en la Benemérita consistente en asignar cargos y funciones a los agentes sin tener en cuenta de forma categórica ni el rango del guardia ni el sueldo.
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil había elevado ya una queja al Ministerio del Interior por su práctica y su deseo regulador, que llevará a una generalización total de este mecanismo de precarización y falta de profesionalización del cuerpo. Ahora, la Dirección General de la Guardia Civil ha respondido a la asociación profesional. Y la respuesta, básicamente, rechaza las quejas de los guardias y confirma que el Gobierno hará lo que quiera y seguirá adelante con su borrador.
Se prepara una precarización a gran escala de cargos clave como las comandancias de puesto repartidas por toda España. Allí el Gobierno quiere a guardias con graduaciones inferiores y pagados por debajo del coste de los oficiales. Un mecanismo que, tal y como denuncia JUCIL, busca un abaratamiento del gasto total.
JUCIL ha reiterado sus quejas ante el Ministerio. Y la repuesta oficial del organismo del Gobierno ha quedado plasmada en las actas de JUCIL: «En lo relativo al proyecto de la OG de Compañías y Puestos, una vez más la Administración ha omitido el envío de cualquier documentación previa a la celebración». No hay «ningún avance de mejora, ni intención de realizarla, siguen empecinados en desarrollar la normativa obviando las aportaciones realizadas por esta y otras asociaciones, siguen tratando de publicar una nueva normativa, sin contar con los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la misma, solapando funciones de distintas escalas y empleos», porque, «según la Administración cualquier administrado es válido para el desempeño de cualquier función con independencia de la escala de pertenencia», aclaran las actas de JUCIL.
Por todo ello, la asociación «ha trasladado que este proyecto normativo es peor que el anterior, que se vuelve a la Guardia Civil de hace 17 ó 20 años atrás, ya que simultáneamente no se pueden ejercer distintas funciones simultaneas por un mismo oficial, suboficial, cabo o guardia, no consiguiéndose ningún avance, ni mejora respecto a la normativa anterior».
Se trata de una práctica que, sin ser nueva, ha alcanzado con Fernando Grande-Marlaska una especial dimensión: la Dirección General de la Guardia Civil defiende un borrador que tiene como consecuencia principal la precarización a gran escala en puestos clave como las comandancias de puesto repartidas por toda España.
Para JUCIL, «igual que un suboficial no ejerce de jefe de Compañía cuando el titular no está, ningún guardia civil debe ejercer la función de comandante de Puesto. Se hace necesario un desarrollo de la norma de la figura del 2º comandante de Puesto ejercida por Cabos/Cabos 1º que regule su actividad». La petición responde al deseo expreso de precarizar esos cargos con guardias de rangos inferiores a los que se les paga, obviamente, menos. «Las funciones de cada uno deben ir acordes al empleo que uno tenga y los comandantes de Puesto deben estar dedicados a sus funciones de mando y administración», explica JUCIL.
«Es evidente que la falta de personal en Seguridad Ciudadana es el mayor problema al que se enfrenta la Guardia Civil, siendo este el impedimento para crear en catalogo la figura del Coordinador de Servicio o Coordinador, permitiendo este nuevo proyecto normativo que los núcleos operativos sigan sin una figura que los administre con continuidad en el mando de las mismas», explican los guardias civiles de esta asociación.
Redacción
