El Tribunal Supremo avaló el real decreto aprobado por el Gobierno en noviembre de 2010 que regula las misiones de carácter militar que podrán encomendarse a la Guardia Civil en operaciones junto a las Fuerzas Armadas.
En la sentencia, el Supremo rechaza el recurso de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que solicitaba la nulidad del real decreto con el argumento de que los agentes del instituto armado no forman parte de las Fuerzas Armadas y, por tanto, no pueden participar en misiones de naturaleza militar. Dichas tareas, sean en territorio nacional o en el extranjero, deberán respetar la ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil .