El informe sostiene que Iñaki de Renteria, Anboto, Mikel Antza y Kantauri tuvieron que dar la orden y tuvieron en todo momento el control del secuestro y asesinato.

La Guardia Civil ha presentado en la Audiencia Nacional un macroinforme sobre la responsabilidad de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años.

El informe, que podría convertirse en una pieza clave para lograr la condena de varios jefes de la organización terrorista, concluye que la actuación del comando Donosti sólo pudo producirse por decisión del Zuba (comité ejecutivo de la banda) y que mientras duró el secuestro sus componentes tuvieron en su mano la posibilidad de desactivarlo.

El documento, de 200 folios más varios cientos de anexos, responde a la solicitud del magistrado Manuel García Castellón, que reactivó la causa tras la presentación de una querella por parte de Dignidad y Justicia contra quienes en 1997 estaban en la cúpula de ETA. De entre ellos, el informe señala a cuatro: José Javier Arizcuren, Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; y María Soledad Iparraguirre, Anboto.

«Una acción terrorista de la relevancia para ETA como la del secuestro y posterior asesinato del Sr. Blanco Garrido no pudo llevarse a cabo sino con el conocimiento, planificación, orden y autorización expresa de su estructura dirigente, de su Comité ejecutivo», afirman los autores del informe.

Tras exponer el marcado carácter jerárquico de la organización, el documento añade que el secuestro y asesinato «fue fruto de un proceso mecánico que se daba en el seno de la organización terrorista y que necesitaba de una información previa, una decisión del órgano directivo competente y una materialización o ejecución final de la misma».

Un solo comando

El escrito explica que en 1997 el Comité ejecutivo de ETA decidió llevar a cabo acciones terroristas contra miembros del PP mediante un nuevo procedimiento: el secuestro bajo la amenaza de su asesinato si el Gobierno español no accedía a las exigencias de ETA. La orden se trasladó a los comandos, que no pudieron ejecutarla porque sus miembros fueron detenidos. «Con una excepción», explican los investigadores, la del comando Donosti, que no fue localizado y pudo secuestrar a Blanco.

«Únicamente el Comité ejecutivo de ETA tenía la capacidad de tomar una decisión como el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua de una importantísima trascendencia e impacto social y mediático», insiste el informe.

En su solicitud al Instituto Armado, el juez del caso pedía específicamente que se le informara si los miembros del Zuba tuvieron en su mano haber desistido del secuestro. El motivo de esa pregunta es que esa fue la clave para que otro jefe terrorista -en este caso el Camarada Arenas, del Grapo- fuera condenado por un secuestro que no había ejecutado él ni había prueba directa de que lo ordenara -el de Publio Cordón-.

La respuesta del informe es afirmativa: «El asesinato de D. Miguel Ángel Blanco Garrido en julio de 1997 por los integrantes del comando Donosti de ETA pudo ser evitado por los dirigentes de la organización terrorista que en ese momento tenían el control y la dirección de la actividad del citado comando, simplemente con haber dado directamente o indirectamente a través de un enlace, una orden clara y concreta a los integrantes del mismo para poner en libertad al concejal del Partido Popular que habían secuestrado».

Valoración final

Con todo ello, los dos agentes de la Unidad Central Especial nº 1 de la Jefatura de Información que firman el informe ofrecen una «valoración final» rotunda: «El respeto y la obediencia que todo militante de ETA guardaba hacia el máximo órgano de dirección de la organización terrorista, su comité ejecutivo, evitaba la comisión de determinados atentados, principalmente los que podían suponer un gran impacto o repercusión política y social, sin la orden o la aprobación expresa de los dirigentes de ETA. Este fue el caso del secuestro y posterior asesinato de D. Miguel Ángel Blanco Garrido, acción terrorista que el comando Donosti solo pudo realizar en cumplimiento de una orden directa y expresa de la citada estructura dirigente . Los autores del secuestro y asesinato en julio de 1997 del concejal del Partido Popular no actuaron por su cuenta y riesgo, sino que cumplieron de forma precisa la orden del comité ejecutivo de ETA primero de secuestrar al político y después de asesinarle».

La del asesinato de Blanco es una de las diversas causas abiertas en la Audiencia sobre la posible responsabilidad de los dirigentes de ETA en los atentados cometidos por los comandos. La jurisprudencia ha sido muy estricta a la hora de considerar a los jefes de la banda como autores de los atentados. No hay apenas precedentes de ello si no existe también algún elemento que vincule al dirigente con el atentado concreto. El precedente del camarada Arenas abre la puerta a que también haya condenas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Redacción