La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que comandó la comisión judicial que motivó la masiva concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía de Cataluña, ha narrado este miércoles ante la sala del «procés» en el Tribunal Supremo los detalles de su estrambótica salida del edificio por los tejados y un teatro aledaños. Ha manifestado que «tuvo miedo, como cualquier ser humano» ante la insólita situación.
La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que comandó la comisión judicial que motivó la masiva concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía de Cataluña, ha narrado este miércoles ante la sala del «procés» en el Tribunal Supremo los detalles de su estrambótica salida del edificio por los tejados y un teatro aledaños. Ha manifestado que «tuvo miedo, como cualquier ser humano» ante la insólita situación.
La alternativa, ideada por la imposibilidad de que saliera por la puerta, surgió después de hacer una llamada al titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer pasadas las diez de la noche: «Me tienes que sacar de aquí, no hay salida».
A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, la letrada judicial ha relatado ante la sala cómo, acompañada de mandos de los Mossos d’Esquadra de paisano, tuvo que utilizar una azotea, ser ayudada para escalar un muro, descolgarse por el otro lado y llegar así al Teatro Coliseum, donde tras esperar en camerinos a que el propietario lo permitiera -le dijeron que se había arrepentido de su ofrecimiento inicial-, salió del edifico cuando el público de la función ya no estaba, corriendo «con mucho disimulo» hasta un coche sin distintivos policiales.
Ha explicado que poco después de las 9.00 de la mañana la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana se negó facilitar protección en el exterior del edificio porque lo consideró «innecesario» y no preveía «altercados».
Viendo que ya había gente concentrada en los alrededores del edificio, el responsable de la Guardia Civil avisó a los Mossos para que protegieran la salida de la Consejería. «Yo estaba lejos, a cinco metros, y no oí la conversación, pero vi que el teniente de la Guardia Civil hablaba con la intendente (Teresa) Laplana en un tono serio. Al cabo de unos minutos, el teniente se gira, me mira y me hace que no con la cabeza, dándome a entender que no había más opciones, que no esperaban más ayuda. Luego me explica que aunque había pedido a los Mossos medidas de seguridad, la señora Laplana había considerado que era innecesario y que no se tenía que producir ningún altercado del orden público», ha rememorado. Fue en ese momento en el que la secretaria pensó en recurrir a la única persona que entendió que podría auxiliarla, que era el titular de su juzgado.
Así, y tras conseguir cobertura de móvil en el pasillo de una de la plantas –debido a la multitud, los móviles no funcionaban y estuvo incomunicada durante todo el día– la letrada vio la gran cantidad de llamadas perdidas y mensajes de ‘Whatsapp’ que se acumulaban en su teléfono y después llamó al juez para decirle: «Me tienes que sacar de aquí. No hay salida», según ha relatado.
Después conoció, según ha manifestado, que Ramírez Sunyer se puso en contacto con el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, a quien exigió que pusieran todos los medios para permitir la salida de la secretaria judicial. Rato después comparecieron dos mandos de este cuerpo que le ofrecieron –con «apenas un minuto» para pensarlo– salir por el teatro contiguo para aprovechar el final de una función y mezclarse con el público.
La secretaria judicial ha pedido que no se difundan imágenes suyas para preservar su privacidad. El fiscal Javier Zaragoza ha defendido la petición, que es «una medida absolutamente necesaria para garantizar su protección, ya que vive en Barcelona». Esta afirmación ha motivado la protesta de Jordi Pina, que no se opuso, pero ha rechazado la insinuación del fiscal sobre la posible inseguridad a la que podría enfrentarse la declarante por vivir en Cataluña.
La testigo ha relatado cómo el día 20 de septiembre la recogieron los agentes responsables de la investigación sobre las 7.40 horas para proceder al registro ordenado por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ya fallecido, que había ordenado varios más para ese día.
«Entramos en la Consejeria a las 8.00 horas», ha relatado. «Los tres vehículos se dejaron en la puerta, para que el trayecto fuera el más corto posible para nosotros». «El registro al que yo me quedé por ser en principio el más complejo eran cuatro entradas en un mismo edificio». Se trataba de registrar cuatro despachos, los de Josep Maria Jové, Natàlia Garriga, Mercedes Martínez y la oficina de procesos electorales.
La secretaria ha explicado que tras mostrar la orden a los dos mossos que guardaban la puerta y al ujier, no encontró a ningún responsable del departamento al que notificar las diligencias, que en ese momento eran «secretas». «Nadie nos daba razón de dónde estaban las cosas», ha explicado.
«Hubo un momento de desconcierto», ha continuado, y finalmente comparecieron dos personas que se identificaron como abogados de la Generalidad, a quienes no se podía notificar. Ellos aseguraron que lo sabían y que estaban esperando a la persona responsable.
Sobre las 9.00 de la mañana, la declarante se dio cuenta de que «ya empieza a amontonarse mucha gente» a las puertas de la Consejería. Comentó la situación con el teniente de la Guardia Civil que la acompañaba y en ese momento vio «un incidente muy desagradable con un agente de la Guardia Civil a través del cristal». «¿Qué pasó?», le ha preguntado el fiscal. «Una persona se acercó muy cerca del guardia civil que custodiaba la puerta de acceso y le puso una bandera muy cerca de la cara y le grita algo y a mí me da la sensación de que le escupe», ha explicado.