La magistrada Medel había exigido confidencialidad a los agentes y respalda su función. Respeta las decisiones del Ejecutivo pero actuará si se demuestra que es por la causa.
La destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, obtuvo este lunes una inmediata respuesta por parte del juzgado de Madrid para el que trabajan sus hombres. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ordenó a la Guardia Civil que elaborara los informes en el marco del procedimiento por presunta prevaricación que sigue contra el Gobierno central, no tardó ni una hora en dictar una providencia en que citaba para junio al delegado del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Franco, por la manifestación del 8-M. Además, según fuentes jurídicas, la juez ha avisado de que si descubre que el cese es una intromisión en una investigación tomará medidas. La magistrada había ordenado que los agentes solo reportaran a ella y había avisado contra las filtraciones.
Fuentes jurídicas apuntan que, tras conocer la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de relevar a Pérez de los Cobos, la magistrada expresó su confianza en los miembros de la policía judicial que la asiste en las instrucciones. En su opinión, el atestado presentado el pasado jueves, el mismo que desencadenó el cese fulminante del jefe del Instituto Armado en Madrid, es el resultado de una «magnífica investigación». Ese informe, de unas 80 páginas y que fue adelantado por este diario, costó el puesto a Pérez de los Cobos tras una llamada de Marlaska. Interior lo ha justificado en una «pérdida de confianza».
El ministro ya había tenido problemas antes con el Instituto Armado por no haber sido informado de operaciones relevantes como una contra los CDR en Barcelona. Cuando Pedro Sánchez fue preguntado por ello en un viaje oficial demostró desconocer que existía la operación. El caso sentó muy mal en Interior y en Moncloa porque daba una imagen de que el ministro no conocía las operaciones más relevantes de los agentes.
La magistrada no eludió la polémica en la providencia en la que ordena la comparecencia del representante del Gobierno en Madrid. Pese a respetar de forma «absoluta» las decisiones del Ejecutivo, avisa de forma velada de que ni el jefe de la unidad ni los miembros de la propia unidad pueden desvelar a terceros la deriva de sus investigaciones. Ni siquiera al ministro del Interior.
En una referencia al asunto especifica que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes que guarden «rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas». según lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio. y recalca que «Solo se informará a esta magistrada-juez».
Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que, desde el primer momento en que se abrieron las diligencias a finales de marzo, la Guardia Civil tenía orden expresa de informar en exclusiva a la instructora como especifica el artículo 15 del Real Decreto 769/1987 de 19 de junio de Policía Judicial. La norma indica que los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan. Añade que infringir este deber tiene consecuencias disciplinarias e incluso penales.
La magistrada no titubeará en iniciar acciones en el que caso de que se demuestre que la destitución ha venido provocada por la falta de información del ministro sobre el contenido del informe, que señalaba al delegado del Gobierno y mencionaba también a Fernando Simón. En caso de que le conste «de forma oficial y fehaciente» que la causa del cese tiene relación con no plegarse a contravenir estas órdenes expresas, tomará decisiones en el ejercicio de su competencia, aseguran las fuentes consultadas.