«Insuficiente y sin formación en orden público». Así definió ayer el mayor de los Mozos, Ferran López, el operativo policial que se puso en marcha en Cataluña para frenar el referéndum ilegal del 1-O. El que fue número dos de Jose Luís Trapero prestó declaración como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al anterior gobierno de la Generalidad por un delito de rebelión. Junto a él también comparecieron ayer el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, Juan Carlos Molinero, y el comisario de seguridad Emilio Quevedo.
En su condición de testigos, todos tenían obligación de decir la verdad, como también la tuvo el pasado 1 de febrero el coronel de la Guardia Civil y coordinador de todo el operativo policial Diego Pérez de los Cobos. Y sin embargo, entre unos y el otro se aprecian contradicciones evidentes: la más clara, si las circunstancias en las que los Mozos visitaron los colegios electorales ese día (en parejas y solo algunos centros) eran conocidas por Pérez de los Cobos o no. Los Mozos dicen que sí; el coronel lo niega. Y Ferran López sostuvo, además, ayer, que ni antes ni después del 1-O Pérez de los Cobos le reprochó en ningún momento la actuación de los agentes del cuerpo autonómico.
Los Mozos destinaron 7.500 agentes para el dispositivo policial conjunto, de los cuales tan solo 1.000 era de orden público, el máximo del que disponía la policía autonómica catalana, explicó López. Pérez de los Cobos fue conocedor en todo momento de ese dispositivo y, por tanto, de cuál iba a ser la aportación de mossos al mismo, insistió.
El actual responsable de los Mozos, que ya declaró el viernes en la Audiencia Nacional y que ayer testificó en el Supremo a petición de la defensa de Forn, no quiso valorar ayer la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1-O, pero rechazó calificar de «cargas» lo ocurrido durante esa jornada.
Los tres mandos de la Policía autonómica coincidieron en señalar ayer ante el juez que en una reunión celebrada el 28 de septiembre, es decir, tres días antes de la consulta prohibida, advirtieron al expresidente de la Generalidad Carlos Puigdemont; a su número dos, Oriol Junqueras, y al entonces consejero de Interior, Joaquin Forn, que el 1 de octubre se podían producir altercados, e incluso violencia, en los colegios electorales. Ante este aviso, el hoy imputado fugado respondió que no pararía el referéndum porque quería «cumplir con su programa electoral».
Compra de armas largas
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Molinero ratificó ante el juez el intento de compra de armas largas -subfusiles- que planeó la Generalitat semanas antes del 1 de octubre y que fue paralizada por el Ministerio del Interior. Señaló que esto fue así pero que no sabe cuál iba a ser la finalidad que se iba a dar a dichas armas, ya que él la conoció únicamente como responsable de recursos de cuerpo. Según un letrado de la defensa, la alusión a las armas se habría hecho en un contexto de terrorismo, no en relación al proceso soberanista.
Las declaraciones han seguido en el Supremo con las testificales del jefe de la Comisaría General de Información del cuerpo autonómico, Manuel Castellví, a petición de Forn; y de un sargento y un inspector de los Mozos que estuvieron presentes en el registro de la Consejería de Economía del 20 del septiembre, a petición de la defensa de Cuixart. Ante la presión de los manifestantes, ese día la secretaria judicial tuvo que salir del edificio por la azotea.