En el juicio que se ha celebrado en el día de hoy en las instalaciones de la Audiencia Nacional situadas en San Fernando de Henares, los 47 acusados, todos ellos con responsabilidades dentro del Frente de Cárceles desde el año 2012, han admitido que quien marcaba las directrices de sus actuaciones era la organización terrorista ETA.
Entre los hechos que han admitido cabe destacar:
Que tras el alto al fuego de ETA y el proceso de debate interno, el colectivo de presos pasó a ser el principal elemento de movilización de la base social de ETA y su entorno.
Que dada la relevancia que adquieren los presos, era muy importante mantener la cohesión dentro del colectivo y evitar cualquier tipo de disidencia o iniciativa individual. El colectivo de abogados era el principal responsable de esta misión.
Que a partir del año 2012 el Frente de Cárceles estaba integrado por: Herrira (sucesora de Askatasuna), el colectivo de abogados (cumpliendo funciones de asistencia jurídica, pero también de control e influencia política sobre los presos), Etxerat (quien se ocupa del entorno social y familiar de los presos), Jaiki Jaidi (quien se ocupa de la asistencia médica a los presos), y el propio colectivo de presos EPPK.
Del mismo modo, han admitido que esos hechos son constitutivos de un delito de participación en organización terrorista y en dos casos, de quebrantamiento de medida de cautelar. En consecuencia, han asumido penas de prisión que van desde un año y seis meses a tres años y seis meses para sus máximos dirigentes, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, lo que implica su ingreso en prisión. Todos han admitido una pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público que oscila entre 3 y 5 años en función del grado de responsabilidad. Siete de los acusados, todos ellos reincidentes, han admitido la pena de libertad vigilada por el plazo de 1 año a contar desde el cumplimiento de la pena de privación de libertad.
Desde la AVT consideramos de máxima importancia que por fin la existencia del Frente de Cárceles y sus modus operandi hayan quedado plasmados en una resolución judicial. Esta es una contribución más para el verdadero relato de la historia del terrorismo en España, por el que la AVT seguirá trabajando.
