Entrega las competencias de la Benemérita a la Policía Nacional, y según esta asociación profesional, a Mossos y Ertzaintza en Cataluña y País Vasco.
Tal y como hace dos semanas había advertido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), una de las asociaciones más veteranas del Consejo del Instituto Armado, el Ministerio del Interior ha terminado por consumar la expulsión de la Benemérita de la seguridad de los puertos y aeropuertos del territorio nacional.
Así se desprende de la Orden INT/859/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, en la que ésta asume como propias labores que hasta ahora estaban encomendadas a la Guardia Civil.
Por todo ello, la AUGC confirma su intención de acudir a los tribunales «para frenar la descomposición de la Guardia Civil diseñada por Interior», que, según denuncian, también derivará parte de sus competencias a la Ertzaintza y a los Mossos d’Esquadra. «El Gobierno hace suyas las reivindicaciones de partidos nacionalistas y condena al destierro a miles de guardias civiles y a sus familias, avanzando en el desmantelamiento de la Guardia Civil en toda España, para hacerla desaparecer poco a poco del territorio nacional», advertían ya hace unos días. El de este martes sería tan solo el primer paso.
Por la puerta de atrás
Lo que más indigna a esta asociación es que, además, Marlaska haya diseñado esta operación a sus espaldas y por la puerta de atrás. «¿Y cuál es la forma de ocultarlo y desmantelar a la Guardia Civil sin que nadie se de cuenta? Pues usando para ello los Planes de Seguridad, los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del Secretario de Estado», advierte en declaraciones a Libertad Digital Pedro Carmona, portavoz de la AUGC.
Según denuncia, aunque por ahora tan solo haya trascendido una parte, «de esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la Ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal».
La batalla legal que se avecina
De acuerdo a sus estimaciones, este cambio de competencias afectará a más de 4.000 agentes, cuyos derechos sociolaborales se verán claramente perjudicados. Por todo ello, tras ver publicada la orden que confirma la sospechas que la AUGC ya manifestó hace dos semanas, los servicios jurídicos de esta asociación ya se han puesto a trabajar en un recurso contencioso administrativo.
«Es incomprensible que con una Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad totalmente obsoleta y con una más que necesaria reforma profunda, no se haga nada por aprobar un nuevo texto y se utilice la puerta trasera para importantes cambios», reza el comunicado hecho público este miércoles, en el que, además, la AUGC acusa al Ministerio de Interior de «aprovechar su situación para vengarse de las rencillas que tiene con los generales, modificando normas que al final a quienes más afecta es a las escalas más bajas y a los propios ciudadanos».
Redacción
