La sentencia del Tribunal Militar Central dictamina que Agustín Leal, portavoz de JUCIL, tiene que ser rehabilitado en sus funciones.

Un 16 de noviembre Pedro Sánchez lograba su investidura gracias a los pactos con los separatistas y proetarras cosechados semanas antes. Y dos días antes –martes 14 de noviembre– las asociaciones de la Guardia Civil recibían el primer golpe que han tenido que masticar estos días por defender la Carta Magna que la izquierda combate: les llegaba la comunicación del expediente de suspensión de empleo y sueldo de tres meses para Agustín Leal, el portavoz de la asociación profesional mayoritaria (JUCIL) que osó citar en público el decálogo que jura la Guardia Civil para explicar los motivos de la oposición de los agentes a la amnistía de Sánchez y su asunción del lawfare. Pues bien, el ataque -aún pendiente de una segunda resolución sobre el conjunto del expediente abierto por una supuesta falta muy grave- ya ha recibido su primera derrota judicial: el Tribunal Militar Central acaba de fallar que Leal tiene que ser rehabilitado en sus funciones y paralizada la suspensión cautelar de las mismas.

Primera derrota de Marlaska

La sentencia, además, es especialmente dura contra la actitud del Gobierno y, en concreto del responsable directo, Fernando Grande-Marlaska. Y es que explica el fallo en base a la vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías recogido en el artículo 42 de la Constitución Española. De este modo, se trata de la primera derrota de una actuación de elevado corte político. Y es que hay que recordar que vino precedida de toda una campaña del PSOE y Sumar en la que se llegó a pedir la depuración de los agentes «golpistas» dentro de la Guardia Civil. ERC se sumó igualmente y lo hizo teniendo a condenados por golpismo separatista en su cúpula.

Ahora la sentencia señala que la resolución del director general de la Guardia Civil tan sólo contiene una mera apariencia de motivación, que utiliza fórmulas estereotipadas para buscar el castigo de Leal y que llega a usar supuestos de hecho y hasta expresiones inadecuadas.
Es más, señala que el proceso sancionador y cautelar adolece de una absoluta falta de motivación sin recoger los elementos y razones de juicio que permitan conocer los criterios jurídicos reales en los que se fundamenta el castigo.

En resumen, que en un estado de derecho, las garantías judiciales son blindadas y el Gobierno no los ha respetado con Leal. Y no los ha respetado, además, cuando el guardia civil fue castigado por criticar la vulneración de la Constitución entera para amnistiar a quienes sí disfrutaron de esas garantías judiciales en su juicio por el golpe separatista del 1-O y fueron condenados con todas las garantías y por jueces independientes.

Redacción
Con información de: Libertad Digital | Carlos Cuesta