Se acercan meses de actividad continua en los partidos políticos. Con las elecciones autonómicas y locales cada vez más cerca, en el seno de las formaciones se comienza a diseñar las listas electorales y a elegir a los candidatos que aspirarán a los principales cargos.
El quebradero de cabeza que se están encontrando los mandamases de partidos como PP y PSOE es qué hacer con los miembros del partido imputados en casos de corrupción que aspiran a ir en las listas electorales e incluso a ser candidatos a alcaldías o a Comunidades Autónomas.
En casi todas las regiones de España se está planteando este problema. No es difícil encontrar alguna ciudad o algún pueblo con casos de corrupción recientes en los que estén implicados cargos públicos de mayor o menor importancia. Cada semana que pasa, las listas de imputados de ciertos partidos políticos van aumentando, y se han visto obligados a responder a esta situación, cosa complicada ya que las limitaciones en algunos casos eran enormes. Tan enormes como, por ejemplo, que esos imputados fuesen la cúpula del partido en la región.
Efectivamente, alcaldes, líderes de partidos y altos cargos políticos se han visto señalados por la justicia. Y claro, tomar medidas contra sí mismos es algo que no se les pasa por la cabeza. Su gran argumento para agarrarse al cargo y justificar su concurrencia en las próximas elecciones ha sido apelar a la presunción de inocencia. Al grito de “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, algunos políticos han anunciado que serán candidatos de nuevo en los próximos comicios. De esta manera, los ciudadanos nos encontraremos listas electorales con presuntos corruptos en ellas. Para intentar que el pueblo olvide este hecho, la mayoría ya han empezado a recordar todo lo que ha hecho por su pueblo/ciudad/comunidad, a presumir de logros y de carrera política y a proclamar su honradez e integridad.
Desde aquí, solo les puedo dar un consejo: dimitan. Cuando una persona es imputada por un juez, se entiende que existen indicios suficientes de que puede haber cometido un delito. Que un cargo público se vea en esta situación es motivo suficiente para que abandone su cargo. No lo tiene que echar nadie, se tiene que ir por vergüenza y por respeto a sus votantes y a todos los ciudadanos. Permanecer en su puesto en estas circunstancias ya es bochornoso, pero tratar de optar a la reelección es el colmo. No entiendo como los militantes de los partidos no se levantan frente a esta situación. No entiendo cómo permiten presuntos corruptos en sus listas. No entiendo cómo pueden apoyar a candidatos cuyo nombre está manchado.
Tampoco puedo comprender que, tal y como señalan las encuestas, estas personas vayan a recibir millones de votos. Si los partidos se niegan a limpiarse desde dentro y los ciudadanos no los castigamos en las urnas, jamás tendremos la regeneración democrática que supuestamente tanto ansiamos.
Artículo escrito por Adrián Nicolás Doblas.
