La Audiencia Nacional declara que la destitución del José María Tienda al frente de la comandancia de Tenerife fue ilegal y ordena a Interior a pagarle lo que ha dejado de percibir desde marzo

Al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska se le acumulan las polémicas de altos mandos cesados que luego acuden a los tribunales. La Audiencia Nacional ha dado un nuevo varapalo al ministro al considerar que apartar el pasado 8 de marzo al coronel José María Tienda de la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Tenerife por razones de «pérdida de confianza» en medio del estallido del ‘caso cuarteles’ no fue legal.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo número 7 señala la resolución que firmó el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por la que se acordó el cese del coronel «no es conforme a derecho» así que la anula y declara «el derecho del recurrente a su reingreso en el puesto». Además, el juez condena a Interior a pagarle las diferencias retributivas que ha dejado de percibir desde la fecha efectiva en la que fue apartado. Y por su fuera poco, condena a la Administración el coste de la demanda.

El coronel Tienda lleva desde el día en el que el equipo de Marlaska le comunicó su destitución sin un destino. A pesar de que ha solicitado una silla en la Plana Mayor de la Zona de Canarias, ésta no se le ha asignado por lo que lleva casi ocho meses sin una labor en el cuerpo, según explican fuentes cercanas.

El guardia civil recurrió el pasado mes de junio, como avanzó este medio, puesto que él ni está investigado en el ‘caso Cuarteles’ ni ha sido llamado a declarar por el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita. Esta investigación afecta, por el momento, a otros altos cargos del Instituto Armado como al teniente coronel Carlos Alonso que sí está imputado y, sin embargo, el ministro no ha decidido removerlo de su puesto. Tienda fundamentaba su recurso, por tanto, «en la falta de motivación» de la decisión y «la desviación de poder».

La Abogacía del Estado se opuso a condenar a Interior porque se trataba «de un puesto de libre designación, por lo que se puede cesar por pérdida de confianza por comportamiento no ejemplar». El coronel llevaba 10 años dirigiendo la comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

El juez, sin embargo, dice que esta «fórmula general de comportamiento no ejemplar» que alega Interior «no se concreta en hechos individualizados que permitan al recurrente defenderse». Por eso, entiende «que la resolución no está suficientemente motivada, por lo que debe ser anulada». En las explicaciones que dieron desde el equipo de Grande-Marlaska entonces sobrevolaba la idea de que Tienda pudiera estar vinculado con ciertas obras irregulares que están bajo el análisis del ‘caso Cuarteles’. Esta causa indaga principalmente en cómo el empresario canario Ángel Ramón Tejera (conocido como ‘Mon’) canario ganó adjudicaciones a dedo en distintos recintos de la Guardia Civil durante años y se enriqueció con contratos que 3,3 millones de euros.

Pero lo cierto es que, a pesar de que la Fiscalía Provincial de Madrid acaba de solicitar la ampliación del número de investigados, las pesquisas en ningún caso han alcanzado a Tienda. Su nombre, eso sí, aparece registrado en una conversación del sumario del caso ‘Mediador’ en la que habla con el empresario ‘Mon’, principal imputado del caso ‘cuarteles’.

Según el recurso del coronel, durante esos 10 años que estuvo al frente de la comandancia «no recibió reproche o reprobación de ninguna clase por parte de sus superiores». Por el contrario, explica, en las calificaciones anuales a las que todo Oficial de la Guardia Civil está sometido por parte de sus mandos (en las que se valoran un total de 24 parámetros, como la integridad, la disciplina, el compromiso o la responsabilidad) fue calificado con una puntuación global de 8,2 sobre 10.

«El problema es que, como la actuación que se pretende sancionar no es reprochable, se camufla bajo la apariencia de una supuesta pérdida de confianza para evitar ajustarse a los requisitos y garantías de todo procedimiento sancionador», alegó en el recurso su defensa a cargo de Relea & Asociados.

Los tribunales siguen así la senda dictada por el Tribunal Supremo en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos. La Sala Tercera del Alto Tribunal le dio la razón en marzo de este año señalando que la actuación de Marlaska al quitarlo de su puesto en la comandancia de Madrid también por la pérdida de confianza fue ilegal. Los jueces dejan claro que no vale la mera voluntad del político para deponer a alguien de su puesto, sino que tiene que haber causas objetivas, motivadas y justificadas para actuar en contra de un profesional.