La destitución del máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido algo que nadie ha entendido, el coronel Manuel Sánchez Corbí desde su llegada a la Unidad en 2013, ha dirigido algunas de las operaciones anticorrupción política mas importantes y más mediaticas de los ultimos años, también investigaciones tan importantes como la desaparición de Diana Quer o la del pequeño Gabriel, esta destitución ha generado un auténtico terremoto en el seno del Cuerpo, que no entiende porque se descabeza una de sus unidades más importantes y que funcionaba hasta el momento con mas de un 90% de éxito.
Al parecer y según publica EL CONFIDENCIAL, este cese se habría gestado en la Secretaría de Estado de Seguridad y por su responsable Ana Botella, saltándose al propio ministro Grande-Marlaska, que mantenía una relación amistad y de mutuo respeto con Corbí, desde que ambos trabajaron mano a mano en la lucha contra ETA, cuando el primero era magistrado de la Audiencia Nacional, y el segundo estaba destinado en los servicios de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil.
El motivo, de «pérdida de confianza», no se sostiene, ya que miembros de la UCO, tras el cese de su máximo responsable, mantienen que ese tipo de correos son normales dentro de la Unidad, ya que su actividad «depende continuamente de las decisiones presupuestarias” y concretamente de los fondos reservados, partidas presupuestarias en las que se justifica el total de la partida asignada para preservar el secreto y la independencia de las actuaciones. Además estas mismas fuentes aseguran que “No es una decisión que tenga que ordenar un superior y, por supuesto, no se puso ninguna operación en riesgo. Solo es una excusa para justificar el cese”.
Durante dos meses, los dos meses precisamente del gobierno de Sánchez, no se recibió asignación alguna para investigación en la UCO, que suele recibirla, como el resto de unidades que precisan de estos fondos para preservar la independencia de su trabajo, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, mes a mes, y que solo se aprobó dichaa partida tras darse a conocer, fuera de los cauces oficiales, el correo interno emitido desde la Jefatura de la unidad.
La ausencia de fondos a estas unidades, responsables en su mayor parte de las últimas investigaciones contra la corrupción, se ve en medios policiales más como un intento de paralizar la actividad de dichas unidades de investigación y como una injerencia política para paralizar ciertos casos de corrupción que ahora mismo se estarían investigando y que afectarían tanto al partido en el gobierno como a otros partidos políticos de ámbito nacional y regional.
No es la prmera vez que el coronel Sánchez Corbí está en el punto de mira político, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a barajar seriamente la posibilidad del cese de Corbí, cuando un informe de la operación Lezo salpicó al exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y una línea del caso Púnica apuntó a Cristina Cifuentes, entonces el Ejecutivo del PP asumió que la opinión pública jamás habría entendido el relevo del máximo responsable durante la investigación en curso de casos de corrupción que afectaban a miembros de su partido, el hecho del cese fulminante del Jefe de la UCO en este momento, parece ser un intento de que no se llegue a ese extremo y de paralizar antes de que ocurran, las investigaciones que pudieran salpicar al gobierno actual o a miembros relevantes de su propio partido, a la vez que se lanza un mensaje que no admite interpretaciones: nada en la UCO deberá moverse sin que el ministerio, y por tanto el Gobierno, tengan conocimiento de ello, lo que supone una injerencia en la neutralidad y a la independencia política de esta unidad.
Por otro lado está la hipoteca a pagar a los socios del Gobierno, PNV y Bildu por un lado, a nadie pilla por sorpresa que estos partidos, principalmente el PNV, ya intentaron que el Gobierno de Rajoy cesase al Coronel Corbí, cuando este manifestó en una entrevista «que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista, de la que el coronel es un experto, y por otro a los independentistas catalanes, ya que la UCO también está investigando como se gestó el 1-O, la utilización de dinero público para gestionar la independencia y para promover y realizar el refernedum ilegal, investigaciones que afectan a los partidos independentistas catalanes que apoyaron la moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia de Gobierno.