Fernando Grande-Marlaska, el miércoles, en el Senado, donde se trasladó el debate de los tres decretos del Gobierno.

Sindicatos y asociaciones ven un despropósito el «mercadeo». El SUP pide por carta a la UE que impida la entrega de competencias

La decisión del Gobierno central de trasvasar las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña ha enervado a los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. El descontento es mayúsculo y los representantes de las agrupaciones coinciden en afirmar que la nueva realidad que se abre ahora en Cataluña, coinciden, es una «prueba más de que quieren expulsarnos» de la autonomía.

Cabe recordar que desde hace años, la Policía Nacional perdió sus competencias en seguridad ciudadana en la comunidad autónoma y que ahora son los Mossos d’Esquadra quienes tienen esta función.

«El Gobierno nos está vendido por partes, quieren desmantelar la Policía Nacional y la Guardia Civil aquí en Cataluña». Así resume J. Soriano, secretario general del sindicato SUP en la comunidad, la situación y el sentir de un cuerpo «bajo de moral», «sin ánimos».

La gota que ha colmado el vaso ha sido la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, que ahora desempeña la Policía Nacional. «Es una competencia exclusiva nuestra, es prácticamente la única materia en la que las competencias no están cedidas», subraya Soriano en declaraciones a este diario.

«Es un ataque frontal más a una competencia que es nuestra en exclusiva», corroboran desde Jupol en Cataluña.

De hecho, los sindicatos han apelado este jueves a la mediación urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el acuerdo con Junts para ceder competencias «exclusivas del Estado» en materia migratoria en Cataluña, con la que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió ayer salvar dos de los tres decretos sobre medidas anticrisis y en materia de Justicia.

Las organizaciones, que ya criticaron con dureza los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con Junts y ERC por la proposición de ley de amnistía, han vuelto a censurar el «despropósito» que supone que Junts consiga las competencias en materia migratoria, alertando de que va contra la Constitución y supone el «desguace del Estado» por el continuo «mercadeo» con partidos independentistas.

En un comunicado, el SUP ha informado de que ha remitido de forma urgente una carta a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson en la que le pide que fiscalice las actuaciones del Gobierno al transferir las competencias de inmigración a Cataluña.

«Ayer el Gobierno de España, conseguía sacar adelante dos reales decretos con el respaldo de partidos políticos nacionalistas e independentistas. Para conseguir estos apoyos, entre otras muchas cesiones, está la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Cabe recordar que las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución Española, exclusivas del Estado y que a través de la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, articula que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional», señala la misiva.

«No podemos ocultar nuestro miedo e incertidumbre con respecto al futuro más inmediato de la Policía Nacional ahora condicionado y en peligro en base a los pactos alcanzados entre el Gobierno y los partidos nacionalistas e independentistas (…) de materializarse dicho traspaso se estarían vulnerando los derechos y la dignidad de nuestros policías, algo que no vamos a tolerar, y que supondrá que realicemos todo tipo de actuaciones, tanto jurídicas como sociales, para defender aquello que consideramos un bien ciudadano como es la seguridad», subraya.

Además, el SUP también ha remitido una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska por la gravedad de lo pactado con Junts «para salvar a Sánchez» en la votación parlamentaria. «Esperamos que el ministro no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y preserve nuestras competencias», han indicado.

«Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía Nacional y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos», han añadido desde el SUP. «La disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo; ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, no es progresar», han enfatizado, añadiendo que van a solicitar «amparo» ante la Unión Europea por el «riesgo extremo para nuestras fronteras».

Desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil, Jucil ha subrayado que la competencia en migración es «exclusiva del Estado» y teme que el Ejecutivo de Sánchez sea «incapaz de gobernar sin una constante aceptación de chantajes».

Por este motivo, ha alertado del «profundo desmantelamiento de las estructuras del Estado en Cataluña y el País Vasco, que incluirá la práctica desaparición en estos territorios de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional».

AUGC, otra de las asociación del Instituto Armado, también ha hablado de «despropósito» del Gobierno. «El traspaso solo alude a intereses partidistas con la intención de desmantelar la operatividad de la Guardia Civil y tratar de expulsar de Cataluña a los guardias civiles», ha avisado.

Las organizaciones representativas recuerdan que el Gobierno ya pactó en diciembre destinar 1.600 millones de euros para aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. También han alertado sobre la pretensión del ex presidente Carles Puigdemont de contar con servicio de escolta en Bélica, país al que huyó para eludir la acción de la Justicia tras el referéndum del 1-O.

El miércoles por la noche, tras la votación en el Senado con abstención de Junts, varios sindicatos reaccionaron de inmediato para alertar de que suponía «un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones», según Jupol.

La CEP también lamentó que el Gobierno haya abierto «la puerta al desguace competencial del Estado» al ceder inmigración a la Generalitat de Cataluña tras el acuerdo del PSOE con Junts a cambio de una abstención en los tres decretos.

En un comunicado, el sindicato recordó que la Constitución «reserva en exclusiva al Ejecutivo central» esta competencia, al considerar que «se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional».

Según CEP, la cesión al Gobierno catalán «no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades» sino a la «aplicación de un criterio de conveniencia política -plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio- cuyo fin último es paliar una debilidad parlamentaria».

«Desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así», ha reivindicado.

Por su partel Jupol -sindicato de la Policía Nacional- también ha censurado la decisión. Para su secretario general, Aarón Rivero, el acuerdo supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña, «sin atender a criterios técnicos u operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas».

«Es un auténtico despropósito, un esperpento»; abunda Ibon Domínguez, portavoz del mismo sindicato en declaraciones a este periódico. «Tenemos que conocer la letra pequeña, pero se trata sin duda de un trato de favor hacia una comunidad autónoma concreta», apunta antes de señalar también la «inseguridad jurídica» que crea al colisionar con la Constitución y su artículo 149, que recoge que en inmigración las competencias son exclusivas del Estado.

Redacción
Con información de: El Mundo