Radares privados, el gran negocio de los ayuntamientos.

Tanto en el Reino Unido como en Francia ya se permite que los particulares participen en las labores de control del tráfico rodado y denuncien infracciones.

Hace sólo unos días que una empresa francesa publicaba en redes sociales que desde primeros de el presente enero hay 400 nuevos radares móviles patrullando por Francia, y como es costumbre copiamos lo mejor de nuestro pais vecino.

Lo inusual de el caso , es que la mayor parte ni van a bordo de coches patrulla , ni los manipulan policías, «están en manos de conductores privados».

Conductores privados

En Francia cientos de conductores trabajan de esta forma desde hace ya años con un resultado excepcional, según nuestro pais vecino , pues desde el punto de vista de la policía, es más sencillo que pasen desapercibidos, lo que les permite detectar infracciones con facilidad.
El departamento de tráfico francés ha contratado a cuatro empresas que son las encargadas de seleccionar a los conductores adecuados para esta labor, pues lógicamente no sirve cualquiera.

Buenos conductores

En este caso se debe tratar de buenos conductores que tengan un mínimo de 10 puntos del carnet de conducir sobre un máximo de 12, que es lo permitido en el país.
Este tipo de conductores debe estar todo el día patrullando las carreteras, o al menos el máximo de horas posible, pues no cobran por sanción, lo que sería ilegal, sino por kilómetro recorrido en esta labor de patrullaje. En este caso los conductores llegan a facturar en torno a los 1.500 euros mensuales por un trabajo que no es demasiado estresante.
En España el mecanismo no es exactamente así, ni estarían dentro de la legalidad , pero lo cierto es que tal y como se demostró con lo ocurrido en el pueblo de Cazalegas, Toledo O en Fuente el Saz de Jarama ,Madrid , donde los ayuntamientos contrataron los servicios de empresas privadas para sancionar a los vecinos y conductores que transitaban por los mencionados pueblos.

DGT no es responsable de las sanciones emitidas por empresas particulares

En este caso no es la DGT quien externaliza este servicio, sino que son los ayuntamientos los que lo hacen, recordemos que los consistorios tienen transferido el control del tráfico en sus calles así como la capacidad sancionadora.
Lo que los ayuntamientos hacen, es contratar los servicios de empresas privadas que se dedican a controlar el tráfico mediante cámaras y radares instalados en los vehículos de los mismos .
Posteriormente los ayuntamientos firman las sanciones impuestas por estas empresas privadas para darles soporte jurídico, las empresas, además cuentan con un departamento jurídico encargado de cobrar las multas por vía ejecutiva.

Al 50 % de comisión

En este caso suelen ir a un 50 % de comisión, con lo que todo son beneficios para las alcaldías. El problema , es que el radar móvil se controla por un particular (empresa privada) desde el interior de un vehículo de la misma , algo que está específicamente prohibido, (pues si hay un radar móvil de estas características debe manejarlo un agente de la autoridad)
(Esto supone un defecto de forma que  invalida todas las sanciones puestas por los ayuntamientos durante el horario en que estuvo en funcionamiento)
Si ese mismo equipo hubiera sido autónomo una cámara fija con radar («fuera manejado por un agente debidamente formado»)  y contara con los controles pertinentes del centro español de metrología, las multas si serían perfectamente legales.
Mientras no sea así, toca recurrir a los ayuntamientos las multas interpuestas por estas empresas privadas.