Redacción por José Luis Borrero González.
- “La autoridad no nace del sello del editor, sino de la verdad de los documentos; y un solo ciudadano honesto puede derribar las mentiras de los doctos”.
El artículo de Martín Turrado Vidal titulado “Cuando alguien vuelve de nuevo, sin nada nuevo que aportar”, publicado en la revista H50, el 22 de diciembre de 2024, no es una refutación historiográfica ni un debate académico. Es, sencillamente, un alegato de descalificación personal construido desde la autoridad que él mismo se concede y desde una premisa profundamente anticientífica: que la verdad histórica depende de quién pública, dónde publica y con qué padrinos institucionales.
Conviene responder con serenidad, con documentos y con derecho. Justo aquello que su artículo alude.
- EL ARGUMENTO DE AUTORIDAD NO ES CIENCIA
Martín Turrado Vidal abre su texto reivindicando haber publicado doce libros en editoriales como Dykinson, insinuando que ello le otorga una credibilidad de la que carecen quienes han optado por la autoedición. Este planteamiento no es solo es intelectualmente pobre, sino radicalmente contrario a cualquier metodología científica seria.
La historia, como el derecho. No se valida por el sello editorial, sino por:
- Las fuentes primarias
- La coherencia del razonamiento,
- Y la verificabilidad documental de las afirmaciones.
Si la credibilidad dependiera de la editorial, habría que concluir que:
- Ningún investigador independiente puede aportar conocimiento.
- Ningún archivo consultado sin padrino institucional tiene valor.
- Y ningún error puede cometer un autor “bien editado”.
Eso no es historiografía. Eso es clericalismo académico.
II.EL RESPALDO INSTITUCIONAL NO DETERMINA LA VERDAD.
Martín Turrado Vidal pregunta cuántos de mis libros han sido respaldados por el ministerio de Cultura o por la Real Academia de la Historia, como si esa ausencia invalidara sus contenidos.
Conviene recordarle a Martín Turrado dos hechos elementales:
- La Real Academia de la Historia no evalúa ni avala libros por iniciativa de los autores. Sus propios estatutos lo impiden. Exigir ese “respaldo” es, sencillamente, ignorancia normativa o mala fe.
- El respaldo institucional nunca ha sido garantía de verdad histórica. La historia española está llena de ejemplos -especialmente en el siglo XIX y XX- donde la historiografía oficial fue rectificada décadas después.
- SOBRE LOS ARCHIVOS, AFIRMAR NO ES DEMOSTRAR.
Otra de las acusaciones recurrentes refiriéndose a mi persona es que “no he pisado ningún archivo” y que soy “un novelista que se inventa las cosas”.
La afirmación es grave. La prueba, inexistente.
Porque todas mis tesis están sustentadas en normas publicadas entre ellas en:
- Reales Cédulas, reales decretos, gacetas de Madrid, boletines oficiales de provincias y prensa histórica contemporánea a los hechos.
Eso no es literatura Martín Turrado Vidal, es documentación oficial del Estado.
Y aquí conviene hacer una pregunta incómoda:
- ¿Desde cuándo leer y citar normas publicadas en la Gaceta deja de ser trabajo de archivo?
- EL REAL DECRETO DE 14 DE AGOSTO DE 1827: UNA LECTURA INTERESADA.
Turrado Vidal sostiene, con una interpretación tan creativa como aislada, que el Real Decreto de 14 de agosto de 1827 demostraría que la Policía General del Reino no se dedicaba a delitos políticos.
Esta afirmación contradice frontalmente a:
- La circular de 4 de octubre de 1824 de Mariano Rufino González (índices inversos).
- La reducción expresa de competencias a delitos políticos.
- La literatura historiográfica clásica y contemporánea.
- Los testimonios de Caro Baroja, Martínez Ruiz o Diego Hinojal Aguado (UNED, 2024).
Una lectura selectiva de un decreto no puede borrar el contexto político de un régimen absolutista sin Cortes, sin prensa y sin control parlamentario.
- LA SUPRESIÓN DE 1835: EL SILENCIO COMO ESTRATEGIA.
Turrado Vidal afirma que la Policía General del Reino no fue suprimida en 1835.
Sin embargo, el Real Decreto de 4 de octubre de 1835 existe, está publicado y es inequívoco: supresión por inutilidad.
Aquí no hay interpretación posible. Solo hay dos opciones:
- Desconocimiento del texto.
- O negación consciente de un hecho jurídico.
Ambas son incompatibles con la seriedad académica que el autor se atribuye.
- EL PROBLEMA DE FONDO: EL REAL DECRETO 665/2022.
Todo este debate tiene un origen claro que Martín Turrado Vidal evita afrontar: el Real Decreto 665/2022, de 1 de agosto, afirma que la Policía Nacional se funda en un “antecedente histórico” creado el 13 de enero de 1824.
La pregunta es demoledora y sigue sin respuesta:
¿Desde cuándo un antecedente histórico -suprimido, extinto y sin continuidad- funda una institución moderna y permite sumar dos siglos de antigüedad?
Eso no existe en el derecho público comparado. Ni en España. Ni en Europa. Ni en ningún Estado de Derecho serio.
- CUANDO FALTAN ARGUMENTOS, SOBRAN DESCALIFICACIONES.
El artículo de Martín Turrado Vidal no rebate documentos. No refuta decretos. No discute fechas.
Se limita a:
- Desacreditar al autor. Invocar editoriales. Insinuar y afirmar ignorancia y proteger un relato oficial que no resiste el contraste jurídico.
Eso no es debate académico. Eso es defensa ideológica de una construcción falsa.
- CONCLUSIÓN: LA CREDIBILIDAD NO SE OTORGA, SE DEMUESTRA.
Mi credibilidad Martín Turrado Vidal, no proviene de sellos, ni de academias ni de subvenciones. Proviene de algo mucho más incómodo para quienes viven del relato, como es su caso, procede:
- De los documentos, normas, fechas, y la coherencia jurídica.
Por eso molestan mis libros, en especial a usted Martín Turrado Vidal. Por eso nadie se atreve a un debate en la Policía Nacional. Por eso usted se dedica a atacar al mensajero sin argumentos.
Porque cuando la mentira se institucionaliza, la honestidad se convierte en una amenaza.
La mentira no puede triunfar indefinidamente, por mucho que la ampare un Gobierno corrupto ni por mucho que se la vista con la forma solemne por un real decreto. El poder no puede alterar los hechos; puede silenciar el debate, pero no borrar los documentos; puede gastar dinero público en propaganda, pero no transformar una falsedad histórica en verdad jurídica.
Un real decreto fundado sobre un presupuesto falso no crea realidad: la deforma. Y cuando el Derecho se utiliza para consagrar la mentira -y no para proteger la verdad- deja de ser Derecho y se convierte en instrumento de manipulación. Ninguna institución puede reclamar continuidad histórica donde hubo supresión por inutilidad; ningún antecedente histórico puede fundar lo que está muerto; ninguna autoridad puede sumarse años que no existen.
La historia, como el Derecho, es terca. Siempre acaba pasando factura. Y cuando lo haga, quedará claro que no fueron los documentos los que mintieron, sino quienes, con pleno conocimiento, decidieron ignorarlos. Porque los gobiernos pasan, los decretos se derogan, pero la verdad documentada permanece. Y frente a ella, toda mentira – por poderosa que sea- termina cayendo.
José Luis Borrero González.