Redacción por :José Luis Borrero González.
Martín Turrado Vidal, en su artículo publicado en H50, me desacredita y dice que no es verdad que el Estado tome las competencias en materia de seguridad en 1844, según él siempre las había encomendado al ministerio de la Gobernación o de Interior y a los jefes Políticos o, a su equivalente, los gobernadores civiles.
El problema no es solo que esta afirmación sea históricamente incorrecta, sino que omite deliberadamente una cadena normativa perfectamente documentada que desmonta por completo su relato.
Empecemos por donde corresponde: Real Decreto de 23 de julio de 1835, que retira cualquier función policial centralizada y atribuye expresamente las competencias de seguridad pública a los alcaldes y a los jefes políticos. No es una interpretación: es texto legal. A partir de ese momento, no existe una policía estatal, ni general, ni nacional, ni encubierta bajo otro nombre. Existe administración municipal del orden público.
La demolición jurídica continúa pocos meses después. El 26 de septiembre de 1835 se reedita el reglamento provisional para la administración ordinaria de justicia. ¿a quién reconoce como autoridad de orden y seguridad? Exclusivamente a los alcaldes. ¿Aparece la Policía? No.
¿Por qué no aparece? Porque ya no tenía las competencias.
Real decreto de 4 de octubre de 1835, deja muy claro que suprime por “inutilidad” a la Policía General del Reino, es decir, aquella que se creó el 13 de enero de 1824.
El señor Turrado Vidal tampoco parece conocer – o prefiere ignorar- un hecho político esencial: el 26 de febrero de 1836 se celebran elecciones generales y los liberales vencen con el 78% de los votos. ¿De verdad pretende que creamos que aquellos que habían sido perseguidos, encarcelados, y desterrados por la Policía General del Reino iban a mantener viva esa misma institución represiva una vez en el poder? Eso no es historia: es propaganda.
El Real Decreto de 26 de agosto de 1836 establece un nuevo reglamento de policía a cargo de los alcaldes y, de manera reveladora, la reina gobernadora ordena que la palabra “policía” pase a entenderse como ramo de protección y seguridad municipal, precisamente para evitar la “odiosidad” asociada al término. Este detalle es demoledor: el propio poder reconoce el rechazo social que había generado la Policía General del Reino.
Y aún hay más, orden del ministerio de la Gobernación de 18 de diciembre de 1836 que reafirma que la seguridad pública corresponde a alcaldes y jefes políticos.
Finalmente, el Real Decreto de 2 de septiembre de 1837 refrenda de forma explicita que la Policía creada en 1824 quedó totalmente desmantelada como consecuencia de la orden de Gobernación de diciembre de 1836.
La conclusión es inequívoca: entre 1835 y bien entrado el siglo XX, no existe continuidad policial estatal alguna: no existe cuerpo, no existe reglamento, no existe personal, no existe despliegue, y no existe dirección general. Existe un vacío que el señor Turrado Vidal pretende rellenar con relatos, no con Derecho.
Esto no es un error menor ni una discrepancia académica. Es mala fe historiográfica. Es ocultación normativa. Y es, sobre todo, responsabilidad moral por haber contribuido a legitimar el despilfarro de dinero público en una conmemoración basada en una falsedad demostrable
Un historiador puede equivocarse. Pero quien ignora decretos fundamentales, borra elecciones, silencia supresiones legales y fuerza continuidades inexistentes no yerra: manipula.
Y esa manipulación tiene nombre: el falso bicentenario de la Policía Nacional.
Y llegados a este punto, la pregunta ya no es histórica, sino intelectual y ética: ¿cómo es posible que alguien que se presenta públicamente como historiador, ignore -o finja ignorar- una cadena completa de reales decretos que establecen con absoluta claridad que a partir de 1835 no existe Policía alguna en España?
No estamos hablando de normas oscuras, ni de disposiciones marginales, ni de fuentes perdidas en archivos inencontrables. Hablamos de reales decretos fundamentales, publicados, reiterados, y coherentes entre sí, que trasladan las competencias de seguridad a los alcaldes, desmantelan la estructura policial creada en 1824 y evitan expresamente volver a utilizar el término “policía” durante más de siete décadas por su carga represiva y su rechazo social.
Que un historiador desconozca estos decretos sería grave. Que los conozca y los omita deliberadamente es aún peor. Y que, con pleno conocimiento de causa, construya sobre ese silencio una ficción de continuidad institucional es inaceptable desde cualquier estándar académico mínimamente serio.
La Historia no se escribe borrando normas incómodas, ni saltando cronologías, ni sustituyendo el Derecho por opiniones. Quien no es capaz de explicar por qué entre 1835 y finales del siglo XIX no existe policía estatal alguna, no está interpretando la Historia: la está manipulando.
Y esa manipulación no es inocua. Ha servido para justificar un falso bicentenario, para engañar a la ciudadanía, y para legitimar el gasto de dinero público en una conmemoración que se derrumba por los propios textos legales de la época.
Eso no es ignorancia erudita. Es irresponsabilidad histórica. Y sus consecuencias ya la estamos pagando todos.
José Luis Borrero González.