La juez no cree al denunciante y envía las actuaciones a la Delegación del Gobierno por si el denunciante hubiera incurrido en una infracción
La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum unilateral del 1 de octubre ha provocado numerosas denuncias contra agentes que participaron en el operativo en diferentes municipios de Catalunya. Hasta diez agentes de la Policía Nacional han sido imputados. Sin embargo son ya dos las sentencias en que los agentes han sido absueltos, la primera sentencia sobre estos hechos, del juzgado de instrucción número uno de Lérida, rechaza cualquier extralimitación policial y absuelve a dos de los policías de los delitos leves de lesiones y de daños.
En la última sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el juez reconoce que los Policías Nacionales que intervinieron en la Escuela Oficial de Idiomas y en el Instituto Torrevicens de Lérida actuaron en un “momento de gran tensión social, donde varios ciudadanos, como bien relata el propio denunciante, se disponían a evitar la entrada del cuerpo policial al interior” de los locales donde se debía llevar a cabo una votación que, remarca, había sido prohibida, y que en el marco de la operación utilizaron la “defensa reglamentaria”.
El pasado 26 de junio el juzgado de Instrucción 1 de Lérida ya absolvió a un primer agente de la Policía Nacional acusado de golpear en la mandíbula a un joven durante una carga policial el 1 de octubre de 2017 en el colegio electoral de la Escuela Oficial de Idiomas de Lérida, según ha informado a Europa Press la Fiscalía de Lérida.
La juez no dió credibilidad a la denuncia y estimó una petición de la Fiscalía, que advierte que el hombre podría haber incurrido en una infracción del artículo 36.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que persigue «los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito«.
La juez remitió entonces copia de las actuaciones a la Delegación del Gobierno de Lleida por si hubiera infracción del artículo 36.4 de la ley de seguridad ciudadana, que contempla multas de entre 601 y 30.000 euros.
El juicio, que se celebró el 26 de junio y en el que el agente declaró por videoconferencia desde Sevilla, fue el primero en Lérida por las cargas policiales contra votantes del referéndum del 1-O.
Por otra parte el Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida ha comunicado este mismo martes la segunda sentencia relacionada con la actuación policial del 1 de octubre, en la que absuelve nuevamente a un agente de Policía Nacional al que una mujer denunció por pegarle un golpe en la cara en el colegio electoral del barrio de La Mariola.
En esta sentencia, del 8 de agosto y a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza considera probado que el agente, tras recibir un golpe en la cabeza porque alguien le tiró una mochila, «utilizando la defensa policial reglamentaria y creyendo que era agredido, creó un cordón de seguridad a su alrededor moviendo la defensa varias veces; en el transcurso de dicha acción, el agente golpeó con la defensa» a la denunciante en la zona del maxilar izquierdo.
Según la sentencia, la mujer sufrió hematomas e inflamación en la parte izquierda de la mandíbula, que requirieron asistencia facultativa y tardaron en sanar dos días.